Por Emiliano Reyes Espejo
Tras 25 años de su puesta en marcha, urge que el Estado dominicano realice una exhaustiva revisión del contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona que fue firmado con el Consorcio Azucarero Central (CAC).
El acuerdo fue suscrito por sólo 20 años y ya van 25. Todo aconteció el día 13 de diciembre de 1999 en el marco de la funesta iniciativa de privatización de los ingenios azucareros.
La transacción, salvo prueba en contrario, no ha llenado la expectativa socio-económica que se creó en la región cuando se dispuso entregar en arrendamiento este emporio azucarero estatal al sector privado. Y según informes, ya el contrato fue extendido hasta 2050.
¿Ha valido la pena el contrato?
Al pasar de los años, a ninguna autoridad nacional ni regional se le ha ocurrido preguntarse ¿valió la pena esta transacción? Por el momento, no se palpan logros que se puedan evaluar como de gran impacto en el bienestar de los habitantes esta depauperada zona del Sur del país.
Como se puede observar, 25 años después (y el contrato se suscribió inicialmente por 20 años), la vida de los habitantes y los trabajadores agrícolas de los bateyes del otrora poderoso ingenio Barahona sigue tan miserable como cuando fue arrendado. Entonces ¿para qué diantre fue el arrendamiento?
Y a propósito de arriendo del ingenio Barahona, tenemos que sus zonas cañeras, sus bateyes y su área industrial ¿fueron regalados o arrendados al Consorcio Azucarero Central (CAC)? ¿Quiénes son los propietarios del CAC que se engulle al ingenio Barahona? Se trata de un emporio privado integrado por inversionistas extranjeros coaligados a dominicanos. La pregunta viene a colación porque, pasado el tiempo, no se conoce, nadie sabe cuáles son los beneficios que el Estado recibe del arrendamiento de esta empresa azucarera.
El contrato fue firmado por el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ingeniero químico Félix Alcántara, en representación del Estado dominicano.
“Este documento –se establece-es un contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona firmado entre el Estado Dominicano, el Consejo Estatal del Azúcar, y el Consorcio Azucarero Central como la sociedad arrendataria seleccionada a través de un proceso de licitación. El contrato detalla los términos y condiciones del arrendamiento de los activos e instalaciones del Ingenio Barahona a la sociedad arrendataria por un período de 20 años”.
Beneficios que recibe el Estado
Pero ¿está el CEA dando seguimiento al cumplimiento de las cláusulas de este contrato? Y si es así, en estos 25 años ¿cuáles han sido los beneficios que ha recibido el Estado? ¿Cuáles asistencias recibe la zona de influencia del ingenio a partir de su explotación por el sector privado? ¿Tienen los obreros del área industrial y los trabajadores agrícolas que laboran para el CAC mejores condiciones de vida que cuando lograron arrendar esta suculenta “mina cañera”?
No se conocen datos de modificaciones posteriores o las nuevas condiciones de este acuerdo, y “no existe –asimismo- una nueva administración distinta a esta operadora privada histórica en la actualidad”. En tal sentido, informes recientes plantean que “el ingenio Barahona sigue operando bajo la administración del Consorcio Azucarero Central (CAC), empresa que mantiene un contrato de arrendamiento con el Estado dominicano a través del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)”.
En esa tesitura, se destaca un impacto laboral de este arrendamiento de “más de 3,200 empleos directos y una nómina anual cercana a los US$17.3 millones de dólares”. Habría que hacer entonces otras preguntas ¿Cuál es la calidad de esos empleos? ¿Pueden los trabajadores cañeros comprarse una vivienda digna, un carrito o vivir cómodamente con sus actuales ingresos?
Igualmente se ha informado que el ingenio registró una cosecha de 748 mil toneladas de caña y producción de 81,124 toneladas de azúcar crema en la zafra más reciente. ¿Se vendió esa azúcar en el exterior o en el mercado local? ¿Cuáles fueron los beneficios? ¿Qué porcentaje correspondió al Estado dominicano? O es como se señala en uno de los artículos del contrato, en el sentido de que el gobierno recibiría una suma superior al millón de dólares cada mes.
¿Arrendatario o propietario?
De hecho, el CAC no actúa como un arrendatario, se desempeña más bien como un abusivo “propietario” que traza e impone las reglas del juego en la zona. Su accionar raya en el abuso contra pequeños productores agrícolas que han sobrevivido por décadas en las periferias de las grandes extensiones cañeras del ingenio.
El hecho más reciente ocurrió en la laboriosa comunidad de El Jobo de Uvilla, municipio de Tamayo. Allí tractores del CAC destruyeron decenas de tareas sembradas de plátano y otros rubros, en plena producción, con el alegato de que esas tierras les pertenecen. Los productores afectados con la insana acción afirman que tienen décadas cultivando esos terrenos, incluso mucho antes de que el ingenio fuera arrendado al CAC. Lo peor de todo es que para esos operativos el CAC cuenta con respaldo militar propiciado por gente del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Las imágenes de estos hechos son aterradoras, alarmantes, preocupantes. Este emporio azucarero del Estado ahora en manos de extranjeros con un contrato que ha finiquitado, no da la menor muestra de compasión por estos cultivadores de la tierra del Sur Profundo, y despreciado.
Otros hechos similares han ocurrido en otras comunidades de Tamayo, en algunos casos el gobierno ha intervenido, pero para beneficiar al latifundio cañero, el cual se dedica ahora, además del cultivo de caña, a la producción de rubros agrícolas en franca competencia con pequeños productores.
La preocupación
Preocupa, además, el monopolio de las aguas que ejerce el CAC en toda esa parte del país. Se rumorea en la zona igualmente que será el emporio azucarero el gran beneficiario de las aguas del proyecto de la presa de Monte Grande. Llama la atención que pese a tener el monopolio de las mejores tierras de la región, el CAC se ha dedicado a proponer el arrendamiento de terrenos en la zona, con plazos de hasta 30 años y pagos mensuales a los dueños.
Si ya el tiempo del arrendamiento del ingenio Barahona se agotó ¿por qué el CAC está arrendando tierra en la zona por hasta 30 años?
Cuantiosos beneficios
No obstante los cuantiosos beneficios que se presume obtienen el ingenio en sus operaciones, no se visualiza que esta empresa azucarera se haya inclinado por la innovación tecnológica, no solo en sus operaciones, sino que tampoco promueve la conversión tecnológica y científica en la región. Tampoco esta empresa incide en cambios para mejorar la calidad de las viviendas en los bateyes que son de sus responsabilidades.
De cara a esas realidades, tenemos a un conglomerado de representantes legislativos (senadores y diputados) y autoridades municipales, las cuales supuestamente representan a estos pueblos abandonados y empobrecidos, pero son ajenos a las operaciones del arrendatario ¿o ya propietario CAC? Se hacen “los chivos locos”, pese a que se trata de riquezas que están ubicadas en sus demarcaciones.
Al respecto, nos permitimos sugerir:
-Que el Estado a través del Congreso de la República o del CEA disponga una revisión del contrato firmado entre el ingenio Barahona y el CAC en 1999, con miras a lograr mayores aportes del mismo para el desarrollo de la región.
-Determinar si el contrato faculta al emporio azucarero a fomentar la producción de rubros agrícolas (plátano, guineo, frutales y otros).
-Promover asambleas de productores en la región para reclamar al CAC el pleno cumplimiento del contrato de arrendamiento. Redefinir si este negocio que hizo el Estado con el Consorcio Azucarero procura beneficiar a los inversionistas o contribuir a impulsar el desarrollo y mejor calidad de vida de los habitantes de los pueblos del Sur.
*El autor es periodista.
