Lito Santana
Ya resulta un cliché, una repetición automática y tradicional, afirmar que en República Dominicana “hemos perdido la capacidad de asombro”.
Y esto flota con determinada frecuencia, cuando se registran hechos como el incendio ocurrido en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, en el municipio Santo Domingo Norte.
Todavía no se cuantifican con exactitud los muertos, ni los daños materiales, pero según van las cifras es para espantarse.
Se dice que van más de 14 muertos y más de 400 presos o privados de libertad, que han sido trasladados del lugar hacia otros recintos, para poder amortiguar los daños y no prolongar la agonía de estos ciudadanos.
Aun así, todo sigue “normalito”, a pesar de la magnitud de la tragedia, a excepción de uno u otros traslados del personal a cargo y la formación de algunas comisiones “para investigar los hechos”.
Ni siquiera las graves y reiteradas denuncias del ex director de Prisiones, el ex asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, Roberto Santana, han causado algún nivel de alarma, por lo menos visible.
Ante lo revelado por el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se han sumado a la desgracia otras situaciones, que si no son tan graves como perder la vida, por lo menos debían servir para remenear los cimientos de la Procuraduría General de la República, responsable final del manejo de los centros carcelarios.
“En una celda no hay incendios que se puedan convertir en fuego bajo control, salvo que no lo provoquen. Entonces, se dijo que era un cortocircuito; no, le cerraron con candado para que la gente no saliera y la policía debía estar ahí cuando eso ocurrió. Entonces, ¿dónde estaban ellos?” se cuestiona Santana, al participar en un programa de radio.
En esa entrevista el exfuncionario aseguró que más de 800 agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR) que moviliza a los tribunales a imputados de alto riesgo, principalmente vinculados en actos de corrupción, renunciaron al Cuerpo de Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario Dominicano.
“Cuando algunos del personal no se prestan a las mafias y a las torturas que imperan en la Procuraduría General de la República, entonces, lo que hacen las autoridades es que botan a esos agentes”, dijo en tono enfático Santana.
Con afirmaciones como estas, en cualquier país del mundo con algún nivel de respeto a la vida humana, lo menos que podría producirse es un maremoto entre los jefes responsables de estos asuntos, pero como en la República Dominicana hemos perdido la capacidad de asombro, ahorita esto quedará en el olvido.
Es a lo que nos hemos acostumbrado.
