Por Osvaldo Santana
Uno de los elementos singulares del actual proceso electoral, la resistencia del gobierno a entregar los fondos a los partidos para la campaña, se combinó con una fuerte corriente de opinión en los medios convencionales y en las redes sociales que avalaba ese parecer, de tal forma que la oposición debió recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciarlo, acción que igual fue repudiada por otros que entendieron que nunca jamás debieron llegar hasta una instancia a la cual no le cabe más descrédito.
Simplemente, estábamos ante otro indicador de comportamiento del poder asistido por un componente social favorable, en una ola en la cual una fuerte corriente mayoritaria sanciona y aprueba. Una confabulación con el poder o un repudio extendido a la oposición.
Sin embargo, de por medio estaba en juego una de las instituciones del sistema político prevista en la ley 20-23, con una historia no solo en el territorio nacional, sino prácticamente en todos los países amparados en la cultura política occidental, y particularmente, en América Latina, donde el financiamiento público de las elecciones y los partidos ha sido considerado un paso hacia adelante en la búsqueda de mecanismos para liberarlos del influjo del poder económico o del crimen organizado.
La ley 20-23 orgánica del régimen electoral instituye en el artículo 224 lo siguiente: Asignación de partida económica del Estado a los partidos. Se consignará en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales. Asimismo, el artículo 223 establece el procedimiento para las contribuciones personales o de entidades privadas para las campañas de los partidos.
En Estados Unidos, por ejemplo, si bien se prevé la financiación pública de las campañas presidenciales, el régimen predominante es el de las contribuciones privadas, de personas individuales, empresas o corporaciones, incluso, como un componente esencial del ejercicio de la libre expresión.
Hay que decir, que aún en esa nación, la financiación de las campañas ha recorrido un largo periplo, tanto, que legítimamente es el medio a través del cual los poderosos, o los simples, ejercen su capacidad para influir en las elecciones a través de los Comités de Acción Política, organismos creados para recaudar dinero entre grupos de intereses o personas individuales por razones ideológicas. El presidente Barack Obama renunció a la financiación pública al lograr concertar un robusto movimiento social y político que logró sustentar su campaña y actividades conexas.
Según fuentes consultadas, “en la mayoría de los países de América Latina y Europa emplean una combinación de modelos de financiamiento público y privado… De hecho, a partir de 2004, aproximadamente el 94% de las naciones latinoamericanas habían implementado sistemas de financiamiento mixto…” Pero no es un fenómeno de ayer, es todo un proceso surgido desde el primer cuarto del siglo pasado.
Pero ahora, justo ahora, en la República Dominicana, se ha demonizado un sistema que es un eje fundamental del sistema político, la financiación de la campaña de los partidos.
Según fuentes consultadas, la entrega de recursos a los partidos por parte del Estado “obedece a dos objetivos fundamentales: 1) apoyarles en su operatividad institucional y 2) ayudarles a que sus campañas electorales sean más efectivas”. El sistema surgió en Alemania Occidental (1959), Finlandia (1969) y Noruega (1973), luego se extendería a “todas naciones democráticas de Occidente, menos a Suiza, Malta y Nueva Zelanda”.
¿Por qué esa tendencia avanzó rápidamente? Los expertos concluyeron así: “la financiación gubernamental tiene la capacidad de abordar tres cuestiones clave: en primer lugar, minimizar o restringir la influencia de los donantes privados sobre los partidos políticos y los candidatos, asegurando así su independencia de los intereses privados; en segundo lugar, al proporcionar fondos públicos, se espera que reduzca la dependencia de fondos ilícitos, frenando así la corrupción política dentro de los partidos; y, finalmente, mejorar el seguimiento y control de las actividades financieras, dado que son financiadas por el Estado”, según Fernando Casal Bértoa, de la Universidad de Nottingham y otros especialistas.
También habría que considerar lo que significa detentar el poder en países de precarias instituciones, que suele convertirse en una ventaja frente a la oposición.
La cuestión adquiere otras dimensiones en países como República Dominicana, donde un empresario puede apostar o invertir por debajo la mesa al potencial ganador o a los dos punteros cuando la diferencia es cerrada. La apuesta termina con una ganancia extraordinaria: normalmente carga con la asignación de los contratos de las principales obras del nuevo gobierno.
¿Qué ha cambiado?
Hace cuatro años, en República Dominicana se defendió ardientemente la necesidad de la financiación pública de las elecciones. Y mediante la ley 33-18 también se regimentaron los límites de recaudación y gastos de los partidos.
En las pasadas elecciones de 2020, nadie tomó un altoparlante para repudiar el gasto público para los partidos. De hecho, se produjo un voluminoso monto compensatorio en virtud de las fallidas elecciones municipales de febrero.
El gobierno dispuso el 3 de marzo de 2020 la entrega a la Junta Central Electoral (JCE) de un monto extraordinario de RD$1,590 millones para el montaje de las elecciones municipales del 15 de ese mes, y anunció la disponibilidad de fondos para las elecciones presidenciales, incluso si era necesaria una segunda vuelta.
Según una publicación de Diario Libre de diciembre de 2020, los partidos políticos manejaron ese año recursos del Estado ascendentes a RD$4,013 millones, “la más alta contribución económica entregada desde 1998, cuando por ley se dispuso otorgar aportes anuales del presupuesto de la nación”.
Según esa publicación, “conforme al reglamento de la JCE sobre la contribución económica del Estado a los partidos, el 30 de enero del presente año, la asignación fue de RD$3,013,903,594.00.
“A través de la Dirección General de Presupuesto se programaron ejecuciones en cuatro partidas iguales y sucesivas, durante los meses enero-abril.
“Debido a la posposición de las elecciones presidenciales del 17 de mayo y que se celebraron el 5 de julio, el 26 de junio a las organizaciones se les otorgó una partida extraordinaria por RD$l,000,000,000.00 para un monto total de RD$4,013,903,594.00.
“De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 33-18, de Partidos Políticos, se repartieron un 80% entre las organizaciones que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios y que son consideradas mayoritarias. Además, un 12% entre los que hayan alcanzado entre un 1% y menos del 5%, así como un 8% a los partidos que sacaron entre el 0.01 % y 1 %.
“En consecuencia, el 80% equivalente a RD$3,211,122,875.20 fueron repartidos en partes iguales para los entonces mayoritarios partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD).
“Cada organización recibió este año RD$802,780,718.80”.
Antes de 2020
Siempre, según Diario Libre, “en 2019, cuando se celebraron las primarias de los partidos PLD y PRM, sumado a que fue un año preelectoral, los aportes fueron por una cifra de RD$1,506,933,594.00.
“Para el año 2018, los partidos manejaron una contribución económica por RD$1,260,400,000.00 y en el 2017 los recursos fueron por RD$805,043,462.00.
“En el 2016, año en que se celebraron elecciones generales, se repartieron RD$1,610,086,923.00 y en el 2015 fueron un monto de RD$805,043,460.00, también en el 2014 y 2013 se otorgó una partida similar.
“En el 2012, año en que se celebraron elecciones, la contribución económica del Estado fue de RD$1,403,210,000.00, en cambio en el 2011 era RD$590,960,548.00. En el 2010, los aportes entregados por el Estado fueron RD$1,085,488,234.00.
“En los años anteriores las partidas fueron más reducidas; en 1998 se entregaron RD$171,683,880.00.”
El discurso actual
Ahora se ha llegado a los extremos, con un inquietante aval mediático solidario con lo que suele provenir del poder. Un funcionario de un diario importante escribió el 18 de abril de este año lo siguiente:
“…Con la ventaja que evidentemente tiene el partido gobernante se hace imposible levantar una ola que dé oportunidad a la oposición de ganar la presidencia y de, incluso, provocar una segunda vuelta.
“Entonces, ¿para qué tanta pelea para recibir el dinero público para una campaña que está perdida? Buena pregunta esa. Esos recursos serán usados para financiar las estructuras perennes de los partidos, para compensar el estilo de vida de los candidatos fallidos y para preparar lo que quede de la organización para el próximo periodo.
“Los genios en las finanzas deben estar sacando cuentas a todo vapor, para determinar cuánto debe repartirse en cada rubro, sin que se vea que tiraron la campaña actual totalmente a pérdida. Así que los partidos de oposición andan en un ejercicio financiero intenso para aprovechar cada centavito de los contribuyentes de la forma más rentable para sus intereses actuales y futuros.
“En fin, que todos esos miles de millones dados a los partidos de las arcas públicas no serán gastados en su mayoría en la campaña, más bien irán a financiar sus operaciones cotidianas. Por ello, no extrañe que esta sea una de las campañas con menor inversión política, lo cual, irónicamente, no será bueno, porque la razón no es de convicción, sino de una conveniencia innegable”.
Tal parecer demerita el sistema vigente de financiamiento de los partidos e implica un elemento de valoración grave: toda la oposición es visceralmente perversa, corrupta y despreciable, y siendo así, habría que irradiarla del espectro nacional.
Sugiere una oposición despojada de principios ni paradigmas, que debe ser sustituida. Su permanencia prevé una democracia en inminente peligro…
En todo esto prevalece un gran olvido: el papel de los medios es esencialmente crítico frente a los poderes.
Y otra cosa, para múltiples fines, ahora la financiación de las campañas de los partidos desde el Estado es simplemente mala, porque al final, los opositores terminarán embolsillándose los dineros.
