Por Melton Pineda
Desde los tiempos en que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) era un motor esencial de la economía dominicana, el Registro del Estado Civil ha sido un terreno fértil para el desorden, el clientelismo político y la falsificación de documentos. Pese al paso de las décadas, ese caos institucional no ha sido corregido de manera efectiva.
La industria cañera, antaño considerado la espina dorsal de la economía nacional, trajo consigo una avalancha de trabajadores haitianos, muchos de los cuales fueron registrados irregularmente como dominicanos. Detrás de estos registros había propósitos claramente políticos y electorales.
Durante la época en que el reformista Fernando Álvarez Bogaert dirigía el CEA, bajo los “Doce Años” del doctor Joaquín Balaguer, las oficialías del Estado Civil operaban como centros de negocios paralelos. La inscripción de ciudadanos haitianos se convirtió en una práctica común, justificada por los beneficios que esto traía al reformismo.
En ese contexto, las oficialías se usaron como herramientas para manipular el padrón electoral. Los oficiales civiles, lejos de cumplir con su rol institucional, eran piezas del engranaje político. La inscripción de haitianos con nombres dominicanos formaba parte de una estrategia calculada para asegurar votos.
Los contratos entre el gobierno dominicano y la dictadura de Jean Claude Duvalier, que facilitaban el ingreso de braceros haitianos para la zafra, estaban acompañados de un proceso de registro civil plagado de irregularidades. Se les daba una identidad dominicana sin cumplir los requisitos legales.
Ese Registro del Estado Civil, que debería ofrecer datos fiables sobre la población, ha estado contaminado desde su base. Las cifras están infladas, los datos manipulados y los libros llenos de falsedades. En consecuencia, las estadísticas poblacionales en la República Dominicana carecen de credibilidad.
La situación no se limitaba a la frontera. Las oficialías en todo el país eran utilizadas para emitir actas de nacimiento, cédulas y otros documentos oficiales de manera fraudulenta. Todo esto con fines electorales, económicos o ambos.
Cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) asumió el poder en 1978, muchos esperaban un cambio. Sin embargo, durante sus primeros ocho años de gobierno, las prácticas ilegales continuaron. Las oficialías siguieron operando bajo la sombra de la manipulación.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que más adelante también ejerció el poder por largos períodos, tampoco corrigió esta deformación institucional. El sistema se mantuvo tal cual, e incluso se perfeccionaron algunos métodos para legalizar lo irregular.
Ni siquiera el retorno del PRD en el año 2000 trajo consigo una reforma sustancial. El Registro Civil siguió siendo una fuente de enriquecimiento ilícito para muchos oficiales. La expedición de actas de nacimiento falsas se convirtió en una industria informal.
La llegada de Roberto Rosario Márquez a la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE) supuso un intento de adecentamiento. Las oficialías pasaron a ser dependencias directas del organismo electoral, lo cual representó un avance institucional.
Sin embargo, ese paso no ha sido suficiente. Hasta la fecha, ningún presidente de la JCE ha impulsado un estudio actuarial serio que permita identificar y depurar los millones de registros que hoy siguen cargados de errores, omisiones o fraudes.
Los libros de actas del Registro Civil, muchos de los cuales están deteriorados y mal archivados, conservan inscripciones falsas realizadas por oficiales bajo presión política o económica. Son documentos oficiales que aún hoy sustentan identidades falsas.
Estos libros no solo contienen irregularidades del pasado, sino que continúan siendo utilizados sin haber pasado por un proceso de auditoría ni depuración. Esto convierte al Registro Civil en una bomba de tiempo para el Estado dominicano.
La reciente resolución de la JCE que unifica extractos y certificaciones inextensas es un avance técnico, pero no aborda el problema estructural de fondo. La solución no puede limitarse a estandarizar documentos si no se revisa la veracidad de los datos que contienen.
Una depuración real del Registro Civil requiere voluntad política, recursos técnicos y, sobre todo, independencia institucional. No se puede limpiar una estructura podrida sin cortar de raíz las prácticas que la han corrompido durante décadas.
El foco más grave sigue estando en las oficialías ubicadas en la zona fronteriza, donde históricamente gobernadores, senadores y diputados han ejercido presión para registrar ilegalmente a ciudadanos haitianos como dominicanos.
Estos funcionarios locales, verdaderos “caciques”, han operado durante años con impunidad, aprovechándose de la debilidad del sistema y de la falta de fiscalización. Lo han hecho a cambio de votos, favores o dinero.
Estamos en un momento clave, donde el tema migratorio y el control fronterizo dominan el debate nacional. Pero no se puede hablar de regularización o soberanía sin antes limpiar la casa. El Registro Civil debe ser transparente, veraz y confiable.
Si realmente se quiere enfrentar la problemática migratoria y tener un sistema electoral confiable, hay que comenzar por el Registro Civil. Porque si seguimos registrando falsedades, estaremos construyendo sobre cimientos de arena.
Es momento de actuar con determinación. Si vamos a hacer las cosas bien, hagámoslas bien desde el principio. Porque si las seguimos haciendo mal, pero disfrazadas de legalidad, solo perpetuaremos un fraude institucional que socava la democracia y el Estado de derecho.
