Por Gregorio Montero
A veces cuesta entender la implicación conceptual de la expresión sistema, y mucho más, la lógica que entraña su dinámica de funcionamiento; el entendimiento se torna más difícil cuando estamos frente a sistemas complejos. Ya hemos expresado en otras ocasiones que un sistema hace referencia a una convergencia de elementos disímiles, pero que hacen parte integral de un todo que debe operar de manera armónica e interrelacionada, atendiendo siempre a un objetivo común; la interrelación en un sistema debe producirse en un marco de interdependencia que, de no ocurrir, podría provocar la anulación de la capacidad de acción de algunos o todos sus componentes, que implica, en consecuencia, la disfuncionalidad e ineficacia del sistema.
Cuando se trata de analizar este concepto aplicado al sector público, es decir, cuando hablamos de sistema público, es claro que la complejidad aumenta por la diversidad de manifestaciones y subjetividades que hay que considerar; el sistema público, como mandato, representa el diseño programático que se asume como necesario para que el fin último del Estado, el bienestar social, sea concretado, como aspiración legítima de cada ciudadano y ciudadana. En este diseño interviene, obligatoriamente, la racionalidad científica que aportan ramas como la política, la administración, el derecho, la economía, la sociología, la psicología, la informática, y otras que ayudan a organizar y a darle contenido y herramientas a la gestión del sector público.
Un sistema público es el resultado de una profunda reflexión y del análisis debidamente ponderado que conduce al establecimiento de normas, políticas, instituciones, personas, subsistemas, procesos, recursos económicos, objetivos, métricas y responsabilidades, que pautan la búsqueda del desarrollo nacional. Como se puede ver, así se identifican los componentes de un sistema público, que se caracteriza, en esencia, por los principios de unidad y de coordinación, que son claves para entender correctamente el muchas veces mal entendido enfoque sistémico del Estado y de la Administración Pública; cada uno de los componentes del sistema debe estar alineado en el proceso de prestación de los servicios públicos en todo el territorio.
En nuestro caso, emulando la condición de Estado de Derecho, se han combinado la Carta Magna y la ley adjetiva para configurar el diseño del sistema público dominicano que, más allá de las imperfecciones que puede tener, la Constitución ha hecho un esbozo general que identifica los organismos superiores del Estado, les establece su marco general de competencias, les delimita sus ámbitos de actuación y responsabilidades y les impone las formas de relacionamiento entre ellos. En cuanto a las leyes, existe un ordenamiento jurídico profuso, aunque todavía insuficiente, que regula la organización y el funcionamiento del resto de las instituciones públicas que ejecutan políticas y prestan servicios, dentro de las que se encuentra también empresas estatales.
No hay duda en que el sistema público nuestro cuenta con una base normativa robusta, desde el punto de vista formal, aunque con un bajo cumplimiento en la práctica; en ella se establecen y se desarrollan legalmente los componentes principales, también, a través de decretos y reglamentos; se especifican los distintos subsistemas que sirven para estructurar y darle forma a la actividad general del sector público, especialmente a la administrativa, que es cada vez más el principal componente de la compleja maquinaria que hace andar al Estado.
El sistema público hoy debe ser un reflejo de la sociedad y de sus aspiraciones, en tanto, es fundamental que sus componentes contribuyan al afianzamiento de la democracia y al logro del desarrollo sostenible. Sus múltiples variables deben sumarse en un entorno sinérgico que garantice que los órganos superiores de dirección estatal, como los ejecutores de políticas, conduzcan sin desvío al buen gobierno.
Para el catedrático e investigador mexicano, y especialista en Administración Pública, Omar Guerrero Orozco (1948-2023), el sistema público tiene su origen y justificación en la sociedad misma, en consecuencia, tiene la obligación de asegurar su continuidad y bienestar. Sin embrago, el economista y profesor cubano Orlando Carnota Lauzan (1934-2022), señaló con gran acierto que los sistemas públicos suelen arrastrar ineficiencias, despilfarros y malas decisiones que en ocasiones se asumen como naturales o heredados, pero en todos casos responden a paradigmas obsoletos. Esto obliga a que los sistemas públicos sean repensados, viéndolos desde la perspectiva del valor público y de la presencia ciudadana, es decir, desde la óptica de la legitimidad.
Los componentes del sistema público dominicano no solo tratan de la aprobación de leyes, sino que con ellas se pone de manifiesto un conjunto de principios y herramientas que apuntan a disciplinar la gestión administrativa, imponiendo un espíritu unitario y de eficiencia a la actuación estatal. De ahí que existen unas reglas que son comunes y de obligatorio cumplimiento para: el diseño eficaz de los entes y órganos públicos, la planificación estratégica del desarrollo y de las instituciones, el establecimiento de estructuras organizativas racionales, la dotación y gestión científica del personal público, la ética y la integridad de los servidores públicos, la asignación y manejo transparente del presupuesto y el uso de herramientas tecnológicas.
A esto se suman, siendo parte del sistema público dominicano, los mecanismos y procesos de control de que dispone la administración estatal para que todos los elementos del sistema sean respetados y debidamente gestionados, como el control administrativo y financiero, ex ante y ex post, que contempla los procesos de auditorías, también los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, el control jurisdiccional de los organismos y sus autoridades, por vía de los cuales el componente de justicia con sus tribunales se asegura de otorgar razón y derechos. Además, el control ciudadano es un componente vital del sistema público, así como también lo son los mecanismos de evaluación de la eficiencia y los resultados de las instituciones.
Todo lo dicho nos lleva a concluir que en nuestro país el sistema público está debidamente diseñado o presentado, al menos en el plano jurídico, pero el desafío impostergable es asumir una práctica administrativa consecuente con los postulados normativos y los elementos del sistema, ya que estos han demostrado que constituyen la forma más eficiente para organizar el sector público y hacer que este vuelva a su misión inquebrantable, que solo es posible sobre la base de los conocimientos, los propósitos comunes y la moralidad pública. Así pues, el enfoque de sistema de lo público nos obliga a asumir cada elemento integrante como un vaso de comunicación y concatenación de cada actividad que se desarrolla en el Estado.
El sistema público se apalanca en principios trascendentales como interés colectivo, igualdad, solidaridad, juridicidad, eficiencia y trasparencia, y desde ellos debe garantizar el reconocimiento de los derechos fundamentales por medio de la disponibilidad y prestación de los servicios públicos críticos (salud, educación, seguridad ciudadana, medio ambiente, seguridad y protección social). Es solo en este contexto que puede producirse la aplicación efectiva del mandato de las normas y puede lograrse el desarrollo económico y social, como preludio del desarrollo sostenible. Esto es muy serio, las fallas de diseño y de operación del sistema público afectan no solo el funcionamiento del Estado, sino que atentan contra su propia esencia y razón de existir.
El sistema público dominicano, o la organización articulada del sector público, tal como está planteado, debe alumbrar con precisión la ruta que tienen que seguir las instituciones y sus autoridades para hacer que el Estado marche sin mayores contratiempos hacia su destino irreductible: la eficiencia, que habrá de garantizar el bienestar ciudadano, y con ello su propia (el Estado) legitimidad y sobrevivencia.
