Por Alfonso Tejeda
La demanda ambientalista por la preservación de los recursos naturales, áreas protegidas y un mejor manejo de esos pasivos ha reportado un activismo cada vez más creciente y de mayor diversidad en cuanto a involucrar a sectores en esa que ya es una lucha cotidiana en la agenda social, por lo que llama la atención la deforestación del entorno en el Santuario Santo Cerro, de La Vega.
Y llama la atención porque los ambientalistas veganos, reconocidos por su actitud frente al fenómeno, parece que se han dejado sorprender con la destrucción de amplias áreas de bosques en una zona de peregrinaje continuo, de una incesante movilidad que se entronca por la carretera Juan Bosch, vía que conecta a La Vega con Moca y otras comunidades circundantes tan activas como Cutupú, Río Seco, Carrera de las Palmas, entre otras, por donde circula un alto volumen vehicular y de personas.
Además del activo tránsito y de la presencia de un dinámico movimiento ambientalista, están las autoridades municipales de La Vega, encabezadas por una alcaldesa comprometida con la defensa de los recursos naturales, entre sus tantas responsabilidades al frente del cabildo, disposición que la ha validado como una eficiente, eficaz y correcta administradora municipal, certificada por el reconocimiento popular, que la estima como una lideresa.
Por todo eso es que me causa sorpresa que los que algunos estiman un “ecocidio”, se haya detectado por las consecuencias provocadas por las torrenciales lluvias suscitadas tras las últimas vaguadas que afectaron gran parte de esa zona, cuando las desbordadas y coloridas aguas marrones cargadas con troncos, ramas y otros desperdicios advirtieron que algo anormal tenían esas correntias tan intempestivas.
El pasado domingo, comunitarios, ambientalistas y representantes de organizaciones, entre esas del Santuario Santo Cerro, en el mismo centro del área deforestada, salieron en marcha a denunciar esa hecatombe, reclamando frenar y pidiendo cuenta a las autoridades del ministerio de Medio Ambiente por la legalidad de esas acciones -que se desconoce si la autorizaron- decisión de la que se ha desligado el ayuntamiento de La Vega, instancia que también debe decidir en el caso.
La sorpresa ante el hecho, a más de impactar por los niveles de intervención y los posibles daños en esa zona, llama la atención por el descuido de la vigilancia de los ambientalistas veganos en momentos que, en varios puntos del país, particular sus vecinos de Santiago y otras poblaciones, desarrollaban una campaña de denuncias por amenazas contra la cordillera Septentrional, y en San de la Maguana también se confrontaba a una minera que pretendía explotar yacimientos de oro prácticamente debajo del curso del río San Juan.
Esa vigilancia que descuidaron los ambientalistas de La Vega y que posibilitó el desguace de árboles en el santuario Santo Cerro, fue la que, acompañada de una cerrada disposición, pusieron en práctica los sanjuaneros en Romero, los santiaguenses en la cordillera Septentrional, los jóvenes del campamento en los Haitises cuando quisieron instalar una fábrica de cemento y quienes protegieron a loma Miranda, en Bonao, movimientos todos exitosos en sus propósitos de salvaguardar los recursos naturales que defendieron en esas jornadas.
