Por Santo Salvador Cuevas
Pretender imponer en mayo una réplica de las vivencias electorales acontecidas en febrero, es el mayor atentado al derecho, la tranquilidad y a la convivencia pacífica a que aspira la sociedad dominicana.
La oposición no estalló con movilizaciones y protestas al amanecer del 18 de febrero, en un acto cívico y de tolerancia, después de que la nación entera, fuera testigo de las violaciones a la ley por parte del oficialismo, en múltiples facetas, y desde todos los ministerios del gobierno.
Mercados persas bajo carpas instaladas frente a todos los centros de votación a nivel nacional; retrotraer a la semana electoral el reparto de los bonos navideños; usar el Plan Social de la Presidencia, para inundar todos los barrios con reparto de fundas con alimentos, electrodomésticos y la compra masiva de millares de cédula a un costo que iba desde 200, 500, 1,000, 2,000 y hasta 7,000 mil pesos.
Asimismo, la degradación fue abarcadora y sin escrúpulos, hasta usar a la Policía Electoral para manipular y regular quién entra o no al recinto de votación; de igual manera usaron a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) para meter miedo, perseguir la oposición y garantizar seguridad a la dirigencia del PRM.
Ese comportamiento del oficialismo, en ningún país del mundo se hubiese aceptado.
No exhortar al pueblo a ocupar las calles y llamar a la ingobernabilidad, ha sido la mayor muestra de tolerancia exhibida por los partidos de oposición, en aras de mantener la paz social.
Hasta los observadores internacionales, en sus informes confirmaron el uso abusivo de compra de cédulas frente a todos los recintos.
La oposición se ha unificado casi en su totalidad, no necesariamente para una alianza total en el certamen electoral, pero sí para reclamar a la Junta Central Electoral (JCE), que cumpla con la ley.
El llamado incluye la sustitución del jefe de la Policía Militar Electoral, por su labor servil durante las elecciones de febrero; la sustitución de Ramón Urbáez, coordinador de Juntas Electorales y que la misma la JCE garantice a los ciudadanos el plástico de su cédula hasta el día ante de las elecciones.
Además, los partidos de oposición solicitan la presencia de veedores, para garantizar el derecho al voto de la gente y la legitimidad de los resultados electorales.
De igual modo, la oposición exige la entrega a tiempo de los fondos que el Estado debe proveer a los partidos.
Hay que consensuar, despejar dudas y todos entender que este país pertenece a todos y antes que nada está el respeto a la ley y la Constitución de la República.
Tanta degradación en unas elecciones no se vio ni en los 12 años de Joaquín Balaguer, y esto no debe repetirse.
Le toca a la JCE enmendar su comportamiento indiferente en febrero, y ser garante de que el 19 de mayo prevalezca el derecho y el respeto por todos, los de arriba y los de abajo, al debido proceso.
