Por Héctor Linares
El “limbo” en que ha quedado el proyecto minero Romero después de que el presidente Luis Abinader suspendiera toda actividad relacionada con esa iniciativa minera, ha puesto en el análisis y debate el tema de la seguridad jurídica como elemento de atracción de inversión extranjera.
Aunque la decisión del presidente de la Republica no es una suspensión definitiva al proyecto minero a cargo de la firma canadiense Gold Quest, por la presión social que se generó en la provincia San Juan, en rechazo a la explotación de un yacimiento de oro, plata y cobre con un potencial estimado en 1.0 millón de onzas de esos minerales se cree que eso se “quedó ahí” y que el Gobierno para salir del paso propondrá un nuevo marco legal para la minería.
Tan pronto el presidente anunció, en una alocución al país, la suspensión de toda actividad relacionada con el proyecto Romero, el ministro de Energía y Minas, Yoel Santos, también economista y empresario del sector turístico, informó que el Gobierno sometería en los próximos días un proyecto para una nueva ley minera, en sustitución de la actual pieza legislativa que tiene más de 55 años de aprobada. Y las acciones de la empresa propietaria que espera permiso de explotación, cayeron en la bolsa de valores donde cotizan.
Aunque la modernización y actualización del esquema legal de la minería era un tema muy reclamado por amplios sectores, incluida la Cámara Minera y Petrolera de la Republica Dominicana, la decisión todavía no se completa, con una propuesta formal.
Ahora, con el enredo legal que se ha creado con la suspensión de las actividades en Romero, la mejor salida parece ser el sometimiento del proyecto de ley con los nuevos parámetros para el desarrollo la actividad minera en el país, aunque no necesariamente “remedia” la lesión que pudiera habérsele dado al llamado “clima de inversión”, característica que han enarbolado los gobiernos dominicanos como un activo intangible productor de estabilidad. Se comenta de posible afectación en el clima de inversión por el aspecto de la seguridad jurídica, debido a que la empresa gestora lleva alrededor de dos décadas en el país, con el proyecto Romero como su apuesta principal.
La situación también podría afectar el futuro inmediato de la minería, una de las actividades económicas de mayor uso intensivo de capital, de mayor incertidumbre en los proyectos y de más ponderación en la generación de divisas, cuando pasa a la fase de producción.
Las exportaciones mineras, que esencialmente por el oro producido por la Barrick Gold, son el mayor contribuyente individual a la balanza comercial dominicana.
Con los precios internacionales fluctuando entre US$4,000 y US$5,000 la onza troy, en varias zonas y regiones de la RD se ha despertado una especie de “fiebre de oro” que ahora con la suspensión de Romero baja la temperatura, pero sube la observación hacia el clima de inversión en el país y “enfría” posibles actitudes de cooperación de algunos países emisores de la inversión en minería.
Históricamente Canada ha sido el país desde donde han procedido los inversionistas en proyectos mineros en territorio dominicano, explotando desde oro, plata y ferroníquel mayormente. Además del dominio en la minería, también desde ese país de América del Norte ha llegado inversión en el sistema financiero, al punto de que a finales de los 80, cuando la banca extranjera era mayoritaria en el mercado dominicano, la ponderación de los bancos canadienses era importante. Operaban el entonces llamado Nova Scotia (ahora Scotiabank) y The Royal Bank of Canada, este último en un momento el mayor banco privado que operaba en el mercado dominicano. El Royal vendió sus activos en el país al Banco del Comercio, el cual quebró y sus activos los adquirió el Baninter, que a su vez quebró en el 2003, encabezando la mayor crisis bancarias de la historia financiera dominicana. Otros dos bancos privados quebraron también.
Con la salida del Royal Bank y los altibajos operativos de Falconbridge, el liderazgo de la inversión extranjera directa (IED) de origen canadiense comenzó a perder ponderación.
Perspectivas mineras
Como actividad importante y necesaria, aunque no obligatoriamente imprescindible, el futuro inmediato de la minería ha quedado en el tintero, a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo sobre el proyecto Romero, en cuyo desarrollo la empresa propietaria ha dicho que ha invertido US$50.0 millones.
La minería es una actividad muy sensible por su impacto en el medio ambiente y por ser extractora de bienes o recursos no renovables. Para la economía dominicana es una de las actividades líderes en atracción de IED, renglón que en el primer trimestre del año en curso generó ingresos ascendentes a US$ 1,536.7 millones, una tercera parte de los cuales correspondió a nuevos aportes de capital fresco sustentados en “fundamentos internos sólidos: paz social sostenida, estabilidad jurídica, incentivos fiscales, infraestructuras modernas y apoyo gubernamental a la IED”, según la visión del Banco Central, dada a conocer en el comunicado en el cual informó de la evolución de los ingresos por capitales externos a RD.
Las actividades económicas que mayor flujo de IED atrajeron en el primer trimestre del año en curso, con un crecimiento general de 6.4 %, fueron Turismo (22.5 %) y Energía (22.2%), mientras la Minería, sustentada en mayor producción y precios favorables aportó 17.8 % de los ingresos de divisas logrados por el país.
Las exportaciones totales del primer trimestre alcanzaron a US$4,194.5 millones, incluyendo US$738.1 millones aportados por el oro.
Y ahora qué
La pregunta que se hacen economistas, empresarios y opinadores en sentido general es qué viene después del limbo existencial en el que parece haber quedado el proyecto Romero, sin una fecha fija para definir el estatus definitivo de la iniciativa, en la cual el Estado participaría, según los propietarios del proyecto, con un 56 % de los ingresos que se generarían con la explotación.
La situación parece haber entrado en una evaluación en la que pesa más el pasivo político-social de “darle pa lante” al proyecto, que la deuda ambiental que generaría.
Para el economista Hugo Guiliani Curi, un veterano burócrata, que hace unas cuatro década estuvo involucrado en negociaciones mineras en representación del Estado dominicano, la situación creada por la suspensión de las actividades en el proyecto Romero amerita que se cree en el país un estatuto legal que permita “mayor certeza” a los inversionistas.
Por los grandes recursos que ha generado la minería sin que haya en el país obras de infraestructura importantes financiadas con esos dineros, “llegó el momento de hacer una nueva ley minera”, dijo en un programa de televisión GuilIani Cury, quien fuera en la década de los 80 secretario de Finanzas y gobernador del Banco Central, y más recientemente embajador en varios países.
