Por Felipe Lora Longo
El pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Resulta curioso, y profundamente revelador, que muchos de los mismos poderes políticos y económicos que se enriquecen destruyendo bosques, contaminando ríos, explotando trabajadores y convirtiendo la naturaleza en mercancía, se presenten como defensores del planeta.
Campañas publicitarias de alto presupuesto, discursos solemnes en tribuna, jornadas fotogénicas de siembra de árboles y nuevas promesas de sostenibilidad. Se habla de minería responsable, que las grandes corporaciones reducen su huella ecológica y que basta con que los ciudadanos cambiemos algunos hábitos de consumo para salvar el planeta.
Pero la crisis ambiental no nació de las decisiones individuales de los pueblos. Nació de un modelo económico basado en la extracción sin límites, la acumulación de riqueza y la subordinación de toda vida a la ganancia.
Los números no mienten
Mientras los gobiernos firman acuerdos climáticos, las diez corporaciones más grandes del mundo generan más emisiones de carbono que 180 países combinados. Shell, BP, Chevron y sus pares han sabido desde los años setenta que sus operaciones calentarían el planeta, y eligieron financiar la desinformación en lugar de cambiar el modelo. ExxonMobil gastó décadas sembrando dudas científicas sobre el cambio climático mientras sus propios laboratorios confirmaban internamente lo contrario.
En el Sur Global, la historia se repite con otra cara: en la Amazonía brasileña, los pueblos indígenas defienden con su cuerpo y su vida territorios que empresas agroindustriales y mineras arrasan con motosierra y retroexcavadora, muchas veces con el amparo o la complicidad del Estado. En el Congo, niños y niñas extraen cobalto en condiciones de esclavitud moderna para alimentar las baterías de los teléfonos que usamos para compartir publicaciones sobre sostenibilidad. En Chile y Perú, comunidades andinas ven cómo las mineras agotan y envenenan el agua que sus familias han usado por generaciones, mientras los dividendos vuelan hacia fondos de inversión en Nueva York y Londres.
Y en la República Dominicana
No hace falta ir lejos para encontrar este patrón.
Aquí, en nuestra tierra, corporaciones extranjeras y algunos oligarcas locales han encontrado en el Estado un socio complaciente para saquear lo que es de todos. Las montañas del Cibao y la Cordillera Central, pulmones del país, fuentes de agua de millones de dominicanos, son dinamitadas y removidas para extraer oro, plata y níquel que se va afuera, dejando cráteres, polvo tóxico y comunidades rotas. Barrick Gold en Pueblo Viejo no es un caso aislado: es el modelo.
Los ríos Camú, Yaque del Norte, Ozama y Haina cargan hoy metales pesados, agroquímicos y desechos industriales que enferman a las comunidades ribereñas. Los peces desaparecen. El agua que antes bebían los campesinos ya no es apta para el consumo. Nadie va preso. Nadie paga la remediación real.
Familias enteras son desplazadas de sus tierras —algunas con generaciones de historia— para dar paso a proyectos turísticos de lujo, zonas francas o instalaciones mineras. Se les ofrece una compensación miserable o ninguna. Los hatos ganaderos desaparecen. Los conucos se pierden. La cadena alimentaria local se rompe. Y los que desplazan, celebran su "inversión en el desarrollo nacional".
Mientras tanto, los mismos funcionarios que autorizan estas concesiones aparecen en las pantallas hablando de medioambiente, sostenibilidad y amor por la patria.
Defender el medio ambiente es una lucha de clases
La crisis ambiental no golpea a todos por igual. El calor extremo mata a los trabajadores del campo, no a los que trabajan desde oficinas climatizadas. Las inundaciones arrasan los barrios pobres construidos en las márgenes de los ríos, no los residenciales exclusivos en las lomas. El agua contaminada enferma a los que no pueden comprar filtros ni agua embotellada.
Por eso, defender el medio ambiente no es una causa de clase media con buenas intenciones. Es una lucha quienes trabajan, de los campesinos y campesinas, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de las comunidades pesqueras, de los barrios urbanos populares. Es una lucha por el agua, los bosques, la tierra, las semillas, el aire, el derecho de vivir.
Y es también una lucha contra quienes, desde el poder, convierten la naturaleza en mercancía y las comunidades en daños colaterales.
No es una ocasión para el gozo
Más que celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con rituales simbólicos, deberíamos aprovechar la ocasión para lo que más incómoda al poder: la memoria, la denuncia y la organización.
Recordar a la primera gran mártir ambiental, Florinda Soriano Muñoz (Mamá Tingó). A Sixto Ramírez, conocido como "El Maco" asesinado después de participar en protestas para proteger el río. Al dirigente ecologista Francisco Ortiz Báez, asesinado por denunciar y oponerse a la extracción de materiales en la ladera del río Tireo, de Constanza. A los cientos de defensores ambientales que mueren cada año en América Latina, la región más peligrosa del mundo para quienes protegen la tierra, mientras las empresas que los persiguen reciben premios de responsabilidad corporativa.
Y recordar también que en la República Dominicana hay comunidades que resisten, que no se venden, que bloquean minas con sus cuerpos, que van a los tribunales, que marchan. Esas voces merecen nuestro apoyo, no nuestra indiferencia.
La tierra no pertenece a quienes la destruyen. Pertenece a los que la trabajan, a los que la cuidan, a quienes vendrán después. Cada río envenenado es un crimen. Cada montaña volada es una herida que no cicatriza. Cada familia desplazada es una injusticia que no prescribe. Mientras el poder finge llorar por el planeta que saquea, nosotros no celebramos — denunciamos, recordamos y nos preparamos. Porque defender la vida no es un gesto simbólico. Es una batalla que ya comenzó.
