Por Gregorio Montero
Los cambios que se producen en las instituciones estatales son motivados, generalmente, por necesidades concretas que experimentan quienes las dirigen o la ciudadanía; se conoce también que en ocasiones estos son el resultado de exigencias internacionales; en este siglo XXI, al que denominamos el siglo de los ciudadanos y de las ciudadanas, que es consecuencia del incontestable reposicionamiento de estos frente al Estado y la Administración Pública, la mayor presión que desencadena los cambios proviene de la sociedad. No hay duda en que las transformaciones que son impulsadas desde el seno de la propia comunidad resultan ser más profundos, legítimos y tienen mayor posibilidad de continuidad y consolidación.
Los cambios institucionales pueden construirse de manera radical o paulatinamente; la primera hace referencia a transformaciones profundas y totales que se producen de forma relativamente rápida, con el uso de la violencia si es necesario, es en síntesis el resultado de las revoluciones; los cambios institucionales paulatinos son el resultado de trasformaciones rigurosamente planificadas, cuyos resultados son debidamente calculados en el tiempo y en el escenario de cambio, se hacen a través de los denominados procesos de reforma; esta es la vía que está exigiendo la sociedad actual para adecuar las instituciones públicas a sus necesidades, en cuanto a la prestación de los servicios públicos y al respeto de los derechos fundamentales.
En consecuencia, la reforma es un proceso científico y técnico dirigido a mejorar la institucionalidad pública por medio de objetivos, metas y acciones programadas, controladas y medibles, cuyos resultados se obtienen, principalmente, a mediano y largo plazo; los procesos de reforma con el tiempo pueden traer importantes transformaciones. Es importante entender que las reformas pueden ser de tipo político, jurídico, social, económico, institucional, administrativa, etc.; pueden aparecer de manera combinada, pero en todos los casos responden a principios y criterios que tienen que ser debidamente comprendidos y atendidos, tales como interés general, legalidad, igualdad, legitimidad, gradualidad, participación, transparencia, efectividad, y otros.
Es cierto que en ocasiones la reforma ha sido objeto de críticas sumamente ácidas, pero en verdad estas no han debido ser sobre la reforma como categoría científica, sino sobre ciertos procesos de que de forma lamentable se han apartado de los principios citados. La reforma bien administrada es en esta época una contribución indiscutible para el éxito de los procesos de transformación institucional. Así ha quedado demostrado desde 1980, según evidencias fehacientes en países de nuestra región, como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay, entre otros; cuando las reformas se enfocan en el bienestar de la ciudadanía, que es el deber ser, los resultados que se obtienen mejoran la condición de vida de las personas y aumenta la confianza.
Como quiera que se analice la cuestión, las reformas en la Administración Pública están dirigidas a generar capacidades estatales para resolver problemas sociales, esa es la razón que las mueve; el economista y reformador estatal brasileño Luiz Carlo Bresser-Pereira (1990) afirmó que la reforma del Estado debe enfocarse en la democracia y en la eficiencia de las instituciones, colocando como uno de sus núcleos estratégicos la profesionalización de los funcionarios. Para el tratadista argentino Oscar Ozlak (1993) la reforma administrativa consiste en esfuerzos deliberados dirigidos a mejorar uno o más aspectos de la gestión pública, como son racionalidad normativa, estructuras organizativas, recursos humanos, conducta del personal, y otros.
En nuestro país están en marcha varios de los tipos de reforma señalados, con los que se procura mejorar la organización y el funcionamiento del Estado, algunas de ellas son mandatadas por la Constitución Política; es por esto que se han diseñado y se implementan estrategias de reformas específicas: políticas, normativas, fiscales, institucionales, administrativas, etc. Una de estas reformas tiene que ver con la Policía Nacional, la que genera mucha atención por sus serias implicaciones, dado el rol que juega esta institución en lo atinente a los derechos fundamentales, el orden público y la seguridad ciudadana; además por la nefasta historia que ha acompañado al cuerpo policial en matera de abusos, represión, crímenes y corrupción en general.
En estos días, con mucha razón, está latente una indignación colectiva generada por nuevas y deleznables expresiones de abusos policiales, especialmente ejecuciones y asesinatos a sangre fría. Los videos muestran las lamentables evidencias que ningún sensato quisiera ver, sus comitentes deben recibir el castigo justo; esto ha llevado a que ciertos sectores pongan en cuestionamiento la reforma policial y sus resultados.
Es preciso entender que la reforma policial, como cualquiera otra, se fundamenta en diversos ejes, específicamente se sustenta en un eje normativo, uno institucional, uno de recursos humanos, uno de gestión o administrativo y en un eje educativo; se hace necesario que en la implementación de cada uno de estos ejes se avance de manera concomitante, pues de lo contrario se torna difícil que la ciudanía perciba los logros que se van alcanzando. Por ejemplo, aunque no es la solución definitiva, cursa en el Congreso de la República un proyecto de reforma legal que condiciona muchos de los demás cambios que se requieren en el órgano policial, especialmente lo relacionado con la gestión y la conducta de los policías, la transparencia y el sistema educativo policial.
Pero hay que recordar que los efectos de la reforma, especialmente los de mayor trascendencia, no se producen de forma automática, requieren tiempo, especialmente en una institución con una tradición de imagen negativa generada por muchos de sus integrantes con su comportamiento desviado y por una relación abusiva con la ciudadanía. Cambiar la cultura institucional en la fuerza del orden, que es hechura del trujillismo, y que además ha sido aprovechada históricamente por determinados sectores de poder para garantizar intereses espurios. Todos estos males que afectan la reputación institucional, hay que entenderlo con claridad, se han arraigado durante más de 90 años de su existencia.
Por eso, el eje de la reforma educativa policial que se viene ejecutando a través del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), y su Junta Directiva, que implica un cambio importante en los programas de estudio, programas actuales reformados y nuevos programas que respondan al Estado Social, Democrático, de Derecho y de Justicia; replanteamiento de las metodologías educativas, para hacerlas más modernas y cónsonas con los procesos de enseñanza-aprendizaje que deben servir de base a la educación policial hoy, no se puede seguir formando policías trogloditas. Existe el convencimiento de que los programas de formación y capacitación deben atender el respeto de los derechos humanos, la mediación en la solución de conflictos, la integridad y la ética policial, la inteligencia emocional, así como el uso de las tecnologías policiales.
Ahora bien, si analizamos lo que implica un nuevo modelo de educación policial, que es el que está en marcha y es clave para presentar resultados, tomando en cuenta las fases de reclutamiento, selección, capacitación continua, etc., se requiere de un nivel de madurez considerable, en el que el tiempo cuenta; de ahí dependen los resultados, particularmente los que tienen que ver con un cambio de comportamiento para una interacción diferente con los ciudadanos, incluso, estos procesos se ven desafiados por la continuidad de que pueden ser objeto cuando se producen los cambios políticos o de las autoridades. Las reformas no tienen efectos mágicos como pretenden algunos.
Los hechos repugnantes de violencia policial, como los que se han registrado hace poco, son precisamente los que justifican la reforma integral del organismo, en especial, en lo educativo, lo que incluye no solo a los policías de nuevo ingreso, sino a los que ya están y tienen función de mando.
Siempre hacemos un llamado de atención a no analizar y abordar la reforma como un hecho culminante. Este es un error muy frecuente de políticos y, con menos frecuencia, de técnicos; la reforma, la policial no es ajena, es un proceso desencadenante de acciones ascendentes que van presentando resultados escalonados, en fases, a mediano y largo plazo, como ya dijimos. Otro error es confundir reforma con modernización, la reforma va dirigida al fondo de los cambios que se buscan, a las normas, a las estructuras, a la gestión de las personas, la modernización atiende la forma, las vías para poner en práctica los cambios, es la que hace que se materialice la reforma.
Es cierto que las deudas históricas pendientes con la sociedad dominicana desde el Estado y la Administración Pública son exasperantes, la gente quiere y tiene el derecho de ver los resultados, los quiere ver en el ámbito policial, por lo que hay que acelerar y profundizar las transformaciones institucionales, pero también hay que entender que el camino escogido es el de la reforma, pero es solo eso, reforma, lamentablemente, no es magia.
