Por Evelyn Irizarri Santos
NUEVA YORK, Estados Unidos. – Este lunes, el Gobierno de Donald Trump inició el proceso para reintroducir la norma que impediría a los inmigrantes acceder a la “green card”, que les permitiría a estos gozar de algunos beneficios públicos.
Esta medida ya había sido introducida por Trump en su primer mandato, pero fue bloqueada por diferentes tribunales.
Pero ahora, recibir cualquiera de las ayudas gubernamentales, se traduce como un impedimento absoluto para obtener la residencia permanente.
Se trata de la denominada norma de “carga pública”, un mecanismo que le permite a los funcionarios de inmigración negar la “green card” a aquellos solicitantes que se entienda o presuma que se sostendrá básicamente de la asistencia social, en especial de los cupones de alimentos y el Medicaid.
Largo camino
La intención de la administración Trump de impedir que aquellas personas que hayan vivido en territorio norteamericano sin estatus migratorio regular y que durante ese tiempo hayan obtenido cupones de alimentos, Medicaid y otras ayudas gubernamentales, puedan regularizar su situación.
El gobierno de Trump introdujo la norma a la cual se denominó "Norma de carga pública", en el año 2019, es decir, casi al final de su primer mandato.
Sin embargo, los esfuerzos del mandatario fueron contenidos por los tribunales federales. Una batalla que dominó la recta final de su primera presidencia en materia migratoria, hasta que fue dejada sin efecto por la administración Biden, tan pronto como este asumió como presidente de los Estados Unidos.
Luego de su regreso a la oficina oval, en más de una ocasión Trump ha hecho referencia a esta norma, por eso, no fue una sorpresa que se anunciara su restitución y se instruyera a los oficiales de inmigración para que se tome en cuenta si una persona ha recibido estas ayudas para determinar su elegibilidad para una green card.
En septiembre
La norma en cuestión estaría entrando en vigor a partir del mes de septiembre, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que anunció que la normativa actualizada será implementada a partir del 18 de septiembre del presente año.
Pero desde ya, crece el temor entre aquellos que ya han depositado su aplicación para la residencia permanente y ha puesto en pausa a aquellas personas que pensaban introducir su aplicación. Una situación que siembra desesperanza e incertidumbre entre los inmigrantes.
Y es que si dejan pasar más tiempo sin regularizar su estatus corren el riesgo de ser deportados, pero el mismo riesgo corren, si al presentar su solicitud, esta les es negada por haber recibido cupones de alimentos y un oficial de migración ordena su deportación.
Norma vigente
La regla de carga pública está vigente, pero se sigue aplicando la regulación de 2022, una sustancialmente distinta a la que entrará en vigor el 18 de septiembre.
En esta versión, los parámetros son utilizados de forma distinta y muchas veces sirven para determinar niveles de pobreza para establecer las necesidades de las personas.
Pero la que entrará en vigor es una nueva versión emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En esta regla final, según un comunicado del DHS, se aplicará una interpretación "mucho más amplia sobre lo que se considera dependencia del gobierno".
La reeditada normativa amplía la discrecionalidad de los oficiales de inmigración para evaluar si un solicitante podría llegar a depender de la asistencia pública en el futuro. Además, establece que todos los detalles de cada proceso, son del manejo exclusivo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Una pesadilla
Tan pronto como la administración Trump anunciara, al comienzo del último año de su primer mandato, la introducción de la Norma de Carga Pública y se informó de todas las implicaciones que esta tendría para los solicitantes de residencia permanente, miles de inmigrantes indocumentados en proceso de regularizar su estatus migratorio y aquellos que aún no iniciaban dicho proceso, renunciaron a sus beneficiarios de SNAP. Miles no regresaron a renovar sus solicitudes y otros decidieron no aplicar para obtenerlos, aun cuando reunían los requisitos establecidos en la ley de Seguridad Social y de que su situación los colocaba dentro de los índices de pobreza.
La situación llegó incluso a preocupar a los activistas proinmigrantes, a la comunidad escolar y de salud, que veían con preocupación cómo familias completas renunciaban a una asistencia crucial para proporcionar salud y alimentación a sus hijos menores.
Administración Biden
Pocas horas después de instalarse en la oficina oval, en enero de 2020, Joe Biden eliminó la norma y exhortó a los ciudadanos a reintroducir sus solicitudes para recibir cupones de alimentos y reinscribirse en el servicio de salud.
El entonces presidente, les dijo a las personas que calificaban para estos programas que aplicaran, ya que cada Estado de la unión contaba con recursos para ser utilizados en favor de los más necesitados.
Fue en marzo del 2020 cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una regla que eliminaba formalmente la “carga pública”, establecida por la administración de Donald Trump, cuya finalidad era negar la residencia legal permanente a inmigrantes que recurrieran a la asistencia pública.
En ese entonces, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo a través de un comunicado, que “el DHS cerró el libro sobre la regla de carga pública”.
Pero, esta administración, al parecer ha reabierto el libro que Biden había dado por cerrado y comenzará a escribir nuevas historias a partir del 18 de septiembre de este año.
