Máximo Calzado Reyes
Cuando un funcionario desvía un millón de pesos del presupuesto público, ¿a quién le está robando realmente? La respuesta inmediata parece sencilla: al Estado. Pero esa explicación es incompleta. El Estado no es una bóveda llena de dinero sin dueño. Detrás de cada peso público existe un ciudadano que pagó impuestos y una necesidad colectiva que debía ser atendida.
Por eso, cuando se roba dinero público, posiblemente se le roba al niño que esperaba una escuela digna; al paciente que necesitaba medicamentos; a la comunidad que lleva años esperando agua potable; al joven que reclama oportunidades; o al ciudadano que exige calles seguras.
La corrupción pública no debe analizarse únicamente como apropiación ilícita de recursos. Es también una forma de desviación del poder. El funcionario recibe competencias, presupuesto y autoridad para satisfacer el interés general. Cuando utiliza esas facultades para enriquecerse, favorecer relacionados o construir redes de privilegios, transforma el servicio público en negocio privado.
La Constitución dominicana ofrece una respuesta importante. Su artículo 146 proscribe la corrupción en los órganos del Estado. Pero combatirla exige mucho más que declararla constitucionalmente intolerable. Requiere prevención, transparencia, fiscalización, investigación, sanciones efectivas y, sobre todo, instituciones capaces de actuar independientemente de quién sea el investigado.
Podemos aprobar nuevos delitos, aumentar las penas y multiplicar los mecanismos de control. Pero ¿de qué sirve una legislación penal rigurosa si la impunidad continúa siendo más poderosa que la sanción? La fortaleza de un Estado de derecho no se mide por la cantidad de años de prisión escritos en sus leyes, sino por su capacidad para conseguir que las reglas sean aplicadas a todos.
También debemos mirar hacia la contratación pública. Una carretera sobrevaluada no representa únicamente un posible perjuicio económico. La diferencia entre el precio razonable y el precio artificialmente incrementado pudo financiar escuelas, hospitales, medicamentos, viviendas, seguridad o programas sociales.
Por eso la corrupción tiene un costo de oportunidad que rara vez aparece en los titulares. Cada peso desviado representa algo que el Estado dejó de hacer, pero existe un daño todavía más profundo. La corrupción destruye lentamente la confianza institucional. Cuando una sociedad comienza a creer que algunos funcionarios pueden enriquecerse utilizando el Estado y permanecer impunes, mientras al ciudadano común se le exige rigurosamente cumplir la ley, aparece una peligrosa fractura entre ciudadanía e instituciones.
Una democracia necesita elecciones, separación de poderes y derechos fundamentales. Pero también necesita integridad pública. Votar cada cuatro años pierde parte de su significado si después renunciamos a preguntar cómo se administran los recursos de todos.
La democracia no termina cuando cerramos las urnas, continúa cuando vigilamos el presupuesto, exigimos transparencia, cuestionamos contrataciones irregulares, reclamamos rendición de cuentas y demandamos consecuencias cuando alguien utiliza recursos públicos para beneficio particular.
Tampoco debemos cometer el error de reducir la corrupción al funcionario que recibe dinero ilegalmente. Existen empresarios que ofrecen sobornos, intermediarios que facilitan operaciones, estructuras societarias utilizadas para ocultar beneficiarios y personas que convierten sus relaciones políticas en ventajas económicas. La corrupción funciona como un ecosistema donde participan actores públicos y privados.
La corrupción tampoco debe convertirse exclusivamente en un arma del debate partidario. Cuando solo vemos corrupción en el gobierno adversario y guardamos silencio ante quienes pertenecen a nuestro espacio político, dejamos de defender principios y comenzamos a defender intereses. El patrimonio público no tiene color partidario, pertenece a todos.
En conclusión, la pregunta más importante quizá no sea cuánto dinero pierde anualmente el Estado por corrupción. Hay otra mucho más difícil de calcular: ¿cuántas oportunidades, derechos y vidas dignas pierde una sociedad cuando los recursos destinados al bien común terminan financiando privilegios privados?
Porque la corrupción no solamente vacía las arcas públicas. Vacía hospitales, deteriora escuelas, encarece obras, profundiza desigualdades y debilita instituciones. Pero, sobre todo, puede producir algo todavía más peligroso: convencer al ciudadano de que exigir honestidad ya no vale la pena.
Y cuando una sociedad pierde esa esperanza, el daño provocado por la corrupción deja de ser solamente económico. Se convierte en una amenaza para la propia democracia. Esa es la dimensión humana de la corrupción que muchas veces desaparece detrás de expedientes, auditorías, contratos y cifras millonarias.
