Por Haivanjoe Ng Coriñas
En varios eventos, el ministro de Hacienda y el director de Presupuesto se han referido al tema de la reforma fiscal, apoyados en que el gobierno para poder atender los programas y planes públicos necesita más recursos.
Recientemente el presidente de la Republica indicó que de ganar las elecciones les pediría apoyo a los demás candidatos presidenciales para llegar a un acuerdo en el que la reforma fiscal no se vea como algo específico, sino de ver las cosas de manera integral, eliminando los déficits eléctricos y procurando más recursos para la salud.
Todo esto se dice luego de transcurrir casi tres años de anunciarse una reforma fiscal que murió en el intento y que ahora se disfraza por el tema de la campana electoral. Se quiere el concurso del liderazgo nacional para las reformas, pero se le compra a parte de sus dirigentes para tratar de ganar las elecciones.
Al leer las referidas declaraciones, ahora podemos entender con más claridad por qué en el Presupuesto de 2024 se consignó una partida tan significativa a favor de la publicidad, cuando las críticas fueron intensas durante el 2023, primer año en que se contempló y ejecutó el gasto público en publicidad más alto de la historia económica dominicana, con un monto que se elevó a RD$ 8,786 millones. Al parecer, lo hicieron para crear las condiciones subjetivas que necesitaban de cara a las elecciones municipales, en donde presentaron un país en bonanza.
En el presupuesto del año en curso, la partida para publicidad asciende a RD$ 8,163 millones y nueva vez el gasto en publicidad se incrementa, al punto que, en los tres primeros meses del 2024 se ha gastado RD$ 2,100 millones, mucho más de lo que se gastó en los tres primeros meses de los tres años anteriores juntos.
El actual gobierno, en el 2021 anunció que haría una reforma fiscal. Para entonces, el saldo de la deuda del sector público no financiero a principio de ese año era de US$ 44,622 millones y la presión de los intereses de la indicada deuda respecto a los ingresos corrientes era de un 15.4 %. El tiempo transcurrió y el gobierno no hizo la referida reforma y hoy el saldo de la deuda es mayor, colocándose en US$ 54,426 millones y la presión de los intereses de la deuda sobre los ingresos corrientes es de un 18.67%, indicativo del alza que han experimentado las referidas métricas, que hacen reducir el espacio presupuestario.
Con la reforma fiscal que el actual gobierno pretende realizar de ganar las elecciones presidenciales del 2024, aspira a recaudar alrededor de RD$ 222,326 millones, el equivalente a un 3.0 % del producto interno bruto (PIB), lo que significa que esos recursos que recibiría el fisco por la vía de los impuestos, serán extraídos de los bolsillos de la población y de las cuentas de los agentes económicos, lo que implica mayores niveles de sacrificio, especialmente para la gente que hace magia para estirar el peso, ante una inflación acumulada en los alimentos de los últimos 3 años y medio de un 34.98 %, al tiempo que los que pagan impuestos desaprueban que sus tributos sean utilizados en el gasto público con una función clientelar.
Los funcionarios públicos, al mostrarse partidario de una reforma en procura de más ingresos fiscales, dejan claro que han actuado desviado a lo que procuran los pactos establecidos, incluso por la ley de estrategia nacional de desarrollo y más, hasta por la Constitución, cuando señala en el artículo 251 al Consejo Económico y Social, como el espacio para la concertación social. Dice que “es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley”.
Bajo la sofisticada expresión de argumentación con narrativa o relato, las actuales autoridades ya tienen hasta lo que le dirían a los que hacen opinión pública y a la población en general, “La gente quiere más seguridad ciudadana, la gente quiere más defensa en la frontera, la gente quiere más salud, los médicos; los bioanalistas andan buscando mayores pensiones, y necesitamos, indudablemente, más recursos, tenemos que construir un espacio fiscal, en donde el gobierno tenga más recursos”, dijo recientemente el director de Presupuesto.
¿Pero, qué pasa cuando un gobierno recibe más recursos por la vía de los impuestos?, que los quita a los consumidores y empresarios. Cuando corresponde a los primeros, la reforma impositiva es regresiva, porque castiga a los trabajadores formales e informales, a los desempleados, incluso, al que pide en las calles, porque al final algo compra y por ahí paga impuestos indirectos, y es progresiva, cuando los impuestos son directos, aplicados a los sectores de más altos ingresos, sean empresarios o simples asalariados. Dicho en otras palabras, es quitarle el dinero a la gente para que el gobierno lo gaste, y por lo dicho, será para gastos corrientes.
Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo el gobierno ha gastando el dinero público -los RD$ 4.2 billones erogados del presupuesto nacional en 3 años y medio ¿gastando más a favor de los pobres? ¿invirtiendo más en obras de infraestructura para aumentar la capacidad productiva del país, incrementado por esa vía la competitividad de la economía y simultáneamente elevando el patrimonio nacional? En los cuentos que hace el gobierno, la respuesta es sí; ¿pero acaso la respuesta tiene sustento en evidencia empírica, que lo respalde con lo registrado en la contabilidad pública? Veamos.
Si la calidad del gasto público social la medimos por lo que el gobierno destina a las personas más pobres, resulta que el gasto social en promedio ha sido de un 45.0 % en la actual gestión, cuando en la época prepandémica fue de un 47.0 %, destacando que, por la influencia del COVID-19, con la postura fiscal aun expansiva (año 2021), el gasto social debió ser mucho mayor, pero no lo fue, a pesar de los programas de ayudas que se implementaron. Respecto al gasto de capital, otra manera de medir la calidad del gasto público ha acontecido que en vez de crecer ha disminuido, al registrar un 13.0 % con relación al gasto total en esta gestión, y en el 2018, de un 15.3 %, y 6 años más atrás, en el 2012, fue de un 29.7 %.
Estos datos son reveladores de que ni los pobres ni el país se han beneficiado del gasto público billonario. Por el contrario, ha retrocedido. Siendo así, el cuento que pretenden decirles a los ciudadanos para que apoyen o queden neutralizados ante la posibilidad de una reforma fiscal a partir de agosto de 2024, como la informada por el ministro de Hacienda, que implique la posibilidad de protestas sociales, ahí el espacio para que el gasto en publicidad haga el papel de sedante.
La reforma fiscal con nuevos y mayores impuestos a los ciudadanos no ha sido anunciada porque afecta electoralmente al partido de gobierno y a su candidato presidencial, pero como los crímenes no son perfectos, al ministro de Hacienda y al director de Presupuesto los traicionó el subconsciente y no pudieron ocultar la intención de la reforma.
Entonces, tratándose de una información relevante para los más de 8 millones de electores que están hábiles para votar el 19 de mayo del 2024, resulta interesante para ellos saber que están frente a la posibilidad de legitimar -como si fuera un plebiscito- la reforma fiscal con impuestos, o rechazarla utilizando el poder del voto en las urnas.
