Por Lauterio Vargas
La gestión del presidente Leonel Fernández 2008-2012 y el anillo palaciego, no solo se concentró en dirigir los destinos del país, sino que, al cabo de un año, sus más cercanos colaboradores dedicaban parte su tiempo en buscar la forma de habilitarlo para presentarlo como candidato para las elecciones del 2012, pero constitucionalmente estaba impedido por la famosa muletilla de reelección por un período consecutivo y “nunca jamás”.
El presidente Leonel Fernández siempre fue respetuoso de la Carta Magna y de la institucionalidad que representa, por eso no se aventuró abiertamente a impulsar un proyecto de reforma constitucional para buscar un tercer mandato consecutivo.
Confiando en que todo permanecería estático y subestimando a sus adversarios internos, el mandatario, quien compartía sus funciones presidenciales con la presidencial del PLD, logró hacer los amarres necesarios para dejar en el poder a un peledeísta y tratar de volver a la primera magistratura de la nación en las elecciones del año 2016.
Con ese objetivo, el 14 de mayo del año 2009 el país fue sorprendido con la firma del llamado “pacto de las corbatas azules” entre el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD.
La esencia de ese acuerdo era, obviamente, el apoyo del PRD para modificar la Constitución y que fuera eliminada la muletilla del “nunca jamás” que maldecía y pesaba como una cruz sobre el presidente Leonel Fernández. Sin el apoyo del PRD, los peledeistas no podrían modificar la Constitución ya que no tenían los votos suficientes en las cámaras legislativas.
Como resultados del “pacto de las corbatas azules”, llamado así por la coincidencia en el color de la corbata del presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas, la Carta Magna fue sometida a cambios profundos.
Tras el acuerdo interpartidario, el presidente Leonel Fernadez designó a una comisión de juristas como equipo consultivo, integrado por especialistas en derecho constitucional, para redactar el anteproyecto de la reforma constitucional de 2010.
Entre otras actividades, la comisión impulsó un proceso de participación ciudadana conocido como la Consulta Popular para la Reforma que fueron realizadas en las principales ciudades del país donde se recopilaron propuestas y expectativas de diversos sectores de la sociedad.
El 26 de enero del 2010 fue proclamada la Constitución reformada con elementos realmente novedosos, pero con el artículo 124 concebido para permitir un retorno, no solo de Leonel Fernández, sino de cualquier expresidente que quisiera aspirar a asumir nuevamente la dirección del Estado.
En el caso de Leonel Fernández, tendría que esperar un intervalo de cuatro años para volver a aspirar a la Presidencia de la República e intentar ser candidato por el PLD.
El artículo 124 de la Constitución de la República quedó de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo se ejerce por el o la presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”.
De esa forma, el presidente Leonel Fernández logró que se eliminara la reelección en períodos consecutivos, pero también el “nunca jamás” que lo señalaba a él como una maldición.
Nuevamente en la Constitución se estableció la alternabilidad en el gobierno y la posibilidad de que un exmandatario pudiese volver al poder luego de un intervalo de cuatro años.
Al mismo tiempo los leonelistas intentaron asegurarse de que el próximo presidente que asumiría el 16 de agosto del año 2012, solo pudiese permanecer en el poder por cuatro años.
Quizás fue un gesto de ingenuidad política y falta de instintos maquiavélicos, al subestimar a sus oponentes dentro y fuera del PLD. No pensaron en que el enemigo fuerte estaba viviendo con ellos, dentro de su propia casa.
Mientras que Miguel Vargas, para ese entonces presidente y dueño absoluto del PRD, no tomó en cuenta que, al firmar el acuerdo con Leonel Fernández para modificar la Constitución, también estaba habilitando al expresidente Hipólito Mejía, quien quería otra oportunidad de dirigir el Estado para “quitarse el mono de encima” que lo maldecía y borrar la mala imagen con la que salió del poder en el 2004.
Leonel Fernández tampoco contó con la astucia de Danilo Medina, quien observó todo el proceso desde lo alto del edificio Kodak, en la avenida Abraham Lincoln, propiedad del empresario Gonzalo Castillo, en donde tenía su oficina privada. Desde allí, la corriente danilista, acariciaba sus planes para retornar a la lucha por el poder y sabía que la nueva Constitución le despejó el camino.
Además de eliminar el nunca jamás para la reelección presidencial, se introdujeron garantías para el estado social y democrático de derecho, la Constitución del 2010 también define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria.
También estableció una ampliación de derechos fundamentales, entre esos, incorpora derechos de tercera generación, derechos colectivos y difusos, además de consagrar de forma expresa la dignidad humana como valor supremo.
De igual forma se consignaron garantías constitucionales con la introducción de mecanismos jurídicos como la tutela judicial efectiva, el hábeas corpus, el hábeas data y la acción de amparo.
