Por Nelson Cuevas Medina
La implementación de la nueva cédula de identidad y electoral en la República Dominicana se presenta como un avance significativo en la modernización del sistema de identificación nacional. Su estructura tecnológica, basada en materiales como el policarbonato, el grabado láser, la incorporación de chip, código QR y validación biométrica, a decir de la Junta Central Electoral (JCE) y de los líderes de los partidos políticos, la coloca en consonancia con estándares internacionales ya definidos en otras naciones.
En apariencia, luego de la entrega del documento y su amplia difusión, se trata de un instrumento robusto que fortalece la seguridad documental, mejora la durabilidad y abre paso a la consolidación de una identidad digital más eficiente.
No obstante, esta iniciativa, aunque plausible en su concepción técnica, se enfrenta a una realidad social y jurídica mucho más compleja, marcada por décadas de desorden en el registro civil dominicano. No todo es color de rosas. Los errores históricos del Estado arrastran consecuencias que hoy impactarán a miles de ciudadanos, colocando a la nueva cédula dominicana en una verdadera encrucijada, a menos que se garantice que el derecho a la identidad no se convierta en un privilegio, sino en una garantía efectiva para todos.
Durante años, la emisión de la cédula de identidad se realizó sin los debidos controles, en muchos casos sin la verificación rigurosa de actas de nacimiento o con datos suministrados de manera irregular. Esta práctica, lejos de ser excepcional, se convirtió en una constante que hoy se traduce en miles de ciudadanos con identidades legales, pero inconsistentes.
Esa distorsión histórica genera una cadena de consecuencias que impactan directamente en el presente. Ya se evidencian casos de ciudadanos cuyos nombres y apellidos no coinciden entre su cédula y su acta de nacimiento, así como hermanos que, siendo hijos de los mismos padres, figuran con apellidos distintos, lo que puede generar conflictos, incluso en procesos judiciales. A ello se suman personas que han construido toda su vida jurídica, académica y social sobre una identidad que ahora el propio Estado les exige corregir.
En este punto emerge una de las situaciones más críticas y sensibles. Hay ciudadanos que, al iniciar el proceso de renovación, descubren que les falta uno de los apellidos que han utilizado durante toda su vida, ya sea por ausencia de reconocimiento paterno en su momento o por errores en el registro original.
En otros casos, el sistema identifica como válidos los datos contenidos en el acta de nacimiento, los cuales no coinciden con la cédula que han portado por años. Esta confrontación entre la identidad vivida y la identidad registrada coloca a la persona frente a una disyuntiva profundamente lesiva, en la que no solo puede perder un apellido, o incluso el orden de estos, sino también parte de su historia personal, familiar y social.
El proceso de renovación de la cédula coloca a estos ciudadanos en una situación de alta vulnerabilidad jurídica. Para regularizar su estatus deberán acudir a los tribunales en busca de rectificaciones, reconocimientos o determinaciones de filiación, lo que implica no solo tiempo, sino también costos económicos que muchos no estarán en condiciones de asumir.
La obtención de documentos probatorios, el pago de honorarios legales y la complejidad de los procesos se agravan aún más en aquellos casos donde los progenitores han fallecido, dificultando la reconstrucción de la verdad jurídica. Aunque la corrección no es imposible, también generará un estado de frustración que, en muchos casos, podría obligar a algunas personas a renunciar a derechos fundamentales adquiridos.
Si estas personas no logran resolver su situación dentro de los plazos establecidos por la JCE, las consecuencias podrían ser profundamente lesivas. Se verían obligadas a asumir los datos consignados en sus actas de nacimiento, lo que implicaría una ruptura con la identidad que han utilizado durante toda su vida.
Esta situación podría afectar la validez de títulos académicos, generar conflictos en declaraciones de hijos, alterar vínculos matrimoniales y crear incertidumbre en torno a derechos patrimoniales vinculados a bienes muebles e inmuebles. En términos reales, se estaría produciendo una forma de desarraigo jurídico que compromete la seguridad de la persona en el tráfico civil.
A esta problemática estructural se suma un elemento cultural que no puede ser ignorado. Existe en la sociedad dominicana una tendencia reiterada a postergar trámites administrativos, incluso aquellos que resultan beneficiosos para el propio ciudadano. La experiencia con la renovación de placas de vehículos, pasaportes, licencias de conducir, permisos de tenencia y porte de armas, carnets de colegios profesionales o incluso seguros médicos privados no renovados por dejadez, entre otros, así lo demuestra.
Pretender que este proceso de regularización se desarrolle de manera ordenada sin tomar en cuenta esta conducta social de muchos dominicanos equivale a desconocer una realidad evidente, lo que podría traducirse en congestión, retrasos y una exclusión aún mayor de sectores vulnerables.
En este escenario, la JCE está llamada a desempeñar un rol más activo que trascienda la simple emisión del documento. Su responsabilidad implica garantizar el acceso efectivo al derecho a la identidad, lo que exige el desarrollo de campañas de orientación amplias, el desplazamiento hacia comunidades apartadas mediante operativos de captación y orientación, y la implementación de mecanismos de apoyo que permitan a los ciudadanos enfrentar sus situaciones legales sin quedar desprotegidos.
La modernización no puede ser entendida como un proceso meramente técnico, sino como una política pública con un profundo sentido de inclusión.
Por su parte, los partidos políticos no pueden limitarse a ver este proceso como una oportunidad de movilización electoral. Si bien es previsible que activen sus estructuras para garantizar que su militancia obtenga el nuevo documento, su responsabilidad debe ir mucho más allá de la lógica proselitista. En cada comunidad donde tengan presencia, están llamados a disponer de abogados que brinden asistencia legal directa y gratuita a las personas con situaciones irregulares, facilitando la canalización de los procesos judiciales necesarios para la corrección de sus datos. Este acompañamiento no solo fortalecería su vínculo con la ciudadanía, sino que contribuiría de manera concreta a evitar que miles de dominicanos queden atrapados en un limbo jurídico.
De igual manera, los partidos deberían articular esfuerzos logísticos que permitan el acceso de sus bases y de la población en general a los centros de cedulación, promoviendo una participación organizada y consciente. La política, en este contexto, tiene la oportunidad de reivindicar su función social, alejándose de prácticas clientelares para asumir un rol activo en la garantía de derechos fundamentales.
No puede obviarse el impacto que tendrá este proceso en la depuración del padrón electoral. La exclusión de personas que no cumplen con los requisitos legales, especialmente aquellas en condición migratoria irregular, contribuirá a una mayor precisión en la determinación de la población adulta habilitada para ejercer el voto.
La nueva cédula representa, sin duda, una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y avanzar hacia un sistema de identidad más seguro y eficiente. Sin embargo, lo que está en juego no es solo un cambio documental, sino la continuidad de la personalidad jurídica del individuo y el principio de seguridad jurídica que debe garantizar el Estado. Si este proceso no se gestiona con criterios de equidad, acompañamiento jurídico y responsabilidad política, el resultado podría ser profundamente contradictorio: un país con un documento más moderno, pero con ciudadanos más vulnerables.
La verdadera modernización no radica únicamente en la tecnología incorporada al documento, sino en la capacidad del Estado, de los actores políticos y del poder judicial de garantizar que ningún dominicano quede excluido de su derecho a existir jurídicamente. Ese es el desafío de fondo, y también la prueba más exigente para nuestras instituciones.
