Por Alfonso Tejeda
Enfrentar la ya inaguantable irresponsabilidad de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) es una responsabilidad que tienen que asumir la sociedad toda, las organizaciones políticas que interactúan en el seno del gremio, y el ministerio de Educación, aplicando este último medidas drásticas que derroten el chantaje de la paralización de la docencia, con la que se enseñorean los maestros y maestras del sector público para negarse a asumir su compromiso profesional.
La petición, bajo amenaza de la suspensión de clases, de la ADP para que los docentes sean evaluados con un porcentaje preferencial de 60, diez puntos menos que la nota que debe obtener un alumno para ser promovido de curso, revela que maestros y maestras carecen de la capacidad para transmitir los conocimientos que necesitan los y las estudiantes para adquirir las destrezas elementales del proceso de aprendizaje, el que debe garantizar el Estado como derecho a una educación de calidad que los/ as prepare para enfrentar los desafíos de este ahora.
Esa petición del gremio, que es ocioso calificarla, porque lo menos que hace es confirmar la mediocridad académica de sus autores, tiene que mover la acción de quienes todavía creen – por las razones que sean-, que la ADP sirve para algo en el proceso educativo dominicano, esos que se agrupan para postular a profesores/as con el propósito único de tener en la organización “una cuota de poder”, sin advertir siquiera la responsabilidad que como partidos tienen con la Educación dominicana, más en estos momentos en que se encuentra en “la lona”.
La sociedad toda -que es ponderable reconocer que una parte está consciente de la paupérrima calidad educativa, de la conducta adepeísta y de los esfuerzos del ministerio de Educación en el proceso-, tiene que asumir una disposición más activa para, primero, contener el deterioro de la enseñanza en el sistema, aislar el obstáculo que significa la ADP en los propósitos de mejorar la educación, y fortalecer el acompañamiento al ministerio para cumplir con su responsabilidad.
En esta etapa, a partir de la llegada de Ángel Hernández, el ministerio viene dando muestras de que conoce los problemas de la educación, de que es consciente de su responsabilidad para enfrentarlos, que cuenta con los recursos y de que está dispuesto a hacerlo, acompañado por la sociedad, tarea en la que – sin éxito – ha querido involucrar a la ADP, pero ya tiene que asumir la impostergable disposición de decisiones correspondientes a la solución demandada.
Es inaplazable que las autoridades asuman medidas administrativas – legales por los procedimientos y legítimas por el contexto- que lleven a los maestros y maestras a cumplir con efectividad su responsabilidad de horario, el compromiso de enseñar a los/as estudiantes, y rendir cuentas ante una sociedad que los/as privilegia con las mejores y más satisfactorias condiciones salariales – ¡las laborales son potestad del gremio!-, sin que justifiquen ese trato que reciben.
Las organizaciones políticas involucradas en el devenir de la ADP, las que hasta ahora han asumido una actitud de indiferencia cómplice con las actuaciones del gremio, deben entender, y asumir, su cuota de responsabilidad en una conducta, que por demás va en contra de los que presumen defender: al pueblo, a la mayoría, y deben reconocer que la Educación es cardinal entre los derechos humanos, y que sus protegidos/as – maestros y maestros-la vulneran en una dimensión más dramática que las acciones protagonizadas por el Estado en el ejercicio del Poder.