Por Santo Salvador Cuevas
No lo creía, muy pocos veíamos sentido a una incursión militar de los Estados Unidos de América en Venezuela.
Hasta que en la madrugada del sábado 3 de enero, del 2026, la realidad de los hechos dio la sorpresa al mundo con la incursión de fuerzas élites de la armada de EE.UU que, no solo penetraron a territorio venezolano, sino que asesinaron a más de 80 personas civiles, y soldados, sobre todo cubanos encargados de la seguridad del mandatario; secuestraron al presidente de la República legalmente constituido, Nicolás Maduro Moro; y la primera dama Cilia Flores, a los que se llevaron a la fuerza hacia territorio de Estados Unidos.
Con esta acción violenta y sin límites, no solo se da una señal equivocada al planeta, sino, y se toma nota de ello, abre de inmediato un debate global que va a estremecer a todos los organismos que en el mundo son soportes del derecho internacional, tales como la Organización de Naciones Unidas y su Carta Democrática, la Organización de Estados Americanos, la Conversión de Viena, el Tratado de Roma, entre otros.
Nicolás Maduro es el presidente constitucional de un país soberano llamado Venezuela y, de hecho, protegido por la inmunidad, pactada en la Conversión de Viena.
Asimismo, la Carta de Democrática de la ONU, en sus principales articulados establece la No Injerencia de otro país en los asuntos internos de ninguna Nación.
Más aún, entre los pilares esenciales que rigen el derecho internacional, se destaca el respeto a la Soberanía Nacional y a la autodeterminación de los pueblos.
Además, el presidente Donald Trump, no comunicó, ni pidió permiso al Congreso, sino que actuó de manera ligera y motivado por sus impulsos y la creencia de que es el amo del mundo.
La presión global en rechazo a esta acción, y en demanda de la puesta en libertad del presidente Maduro y su esposa, esa presión social y política va creciendo en todos los países del mundo, sobre todo en Venezuela y en los Estados Unidos de América.
No creo que los poderes fáticos de EE. UU. carguen así por así, con los líos que su paso va sembrando en todo el planeta el presidente Donald Trump.
Debo puntualizar los aspectos siguientes:
Se aproxima una batalla legal y una presión nacional en el Congreso y las Altas Cortes de los Estados Unidos a nivel internacional.
Le toca al Congreso, al juez que lleva el caso de Nicolas Maduro y su esposa, la decisión de parar las tropelías de Trump.
Se actúa sobre la decisión de Trump o se deja un mal precedente que se llevará de paro el derecho a inmunidad que tienen los gobernantes y diplomáticos de los Estados Unidos de América.
Los abogados y el juez que tratan el caso de Maduro en la Corte cometerán tamaño error si le dan a esto un manejo político, y no se aferran al derecho internacional que ha sido pisoteado por el presidente Donald Trump.
Así mismo, con detenimiento vimos y repetimos las declaraciones del presidente Trump, en donde daba respuesta a la prensa sobre la agresión y operativo en Venezuela,
Le preguntaron sobre la presidencia y el rol de Corina Machado.
Primero Trump no dijo nada; volvieron a preguntar: "Dónde está Corina Machado", y el presidente dijo: "No sé"; le preguntaron de nuevo sobre Corina Machado, y de manera cruda y clara, Trump dijo:
"Ella no será presidente de Venezuela, no tiene respeto ni apoyo en Venezuela".
Eso pasó desapercibido, pero esa Corina Machado en las elecciones del 2024, ante las limitaciones del candidato Edmundo González, fue presentada como la líder de la oposición; ahora resulta (palabra del presidente Trump) que "Corina Machado no tiene apoyo en Venezuela".
Lo que dijo Trump, en otras palabras, es que en las elecciones del 2024 no hubo tal fraude en Venezuela.
Por último, si el Congreso y la Corte no aprecian la diplomacia y el derecho internacional, se le estaría poniendo un final a la ONU; o, si se busca detener la arrogancia de Trump, de actuar con las fuerzas armadas sin consultar el Congreso, entonces somos de opinión de que el juez de la Corte rechazará las acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro y procederá en derecho ordenando su puesta en libertad.
