Por Gregorio Montero
Se conocen en el mundo múltiples formas en que se expresa la corrupción tradicional en el Estado que han ocupado la atención de nobles gobernantes que, imbuidos de la convicción de que esta daña las bases institucionales y condena a los pueblos a vivir en el atraso, han dedicado ingentes esfuerzos a combatirla, a veces con éxito, otras veces no. Históricamente se han destacado y estudiado hechos indebidos asociados a la malversación de los bienes públicos, al peculado, al soborno o cohecho, al nepotismo, al tráfico de influencias, a la extorsión, a la manipulación de las contrataciones públicas, en fin, toda una gama de manifestaciones que desdicen de los pilares de la buena administración y atentan contra los intereses de la ciudadanía.
Estas inescrupulosas formas de desviar los fines de la Administración Pública son ampliamente estudiadas como falencias éticas y morales que deben ser enfrentadas sin cansancio, pues ellas son causantes principales del descontento y la desconfianza en los gobernantes que pone de manifiesto la ciudadanía de distintas maneras. De hecho, la preocupación es tal que las normas administrativas y penales, principalmente, han recogido ampliamente los diversos ilícitos que, como consecuencias de actuaciones corruptas, se configuran; de la misma forma, se consignan las sanciones que sirven para castigar a los corruptos, aunque en este aspecto en muchos países no se ha avanzado lo suficiente, ya que suele cubrir con éxito el manto de la impunidad.
Los hechos de corrupción señalados responden a un escenario administrativo análogo, visto desde hoy, se podría decir rudimentario, y, cuando todavía son mínimos los avances que se pueden exhibir en materia de combate efectivo contra este tipo de hechos, cuando tampoco podemos afirmar que nos hemos posicionado bien frente al problema, entonces viene la era digital que ya estamos viviendo y lo trastoca todo y nos sumerge en un escenario en el que todo se transforma rápidamente, incluso las modalidades de perversión en el ejercicio de los cargos públicos. La transformación digital hace que muten también los métodos de corrupción administrativa, presentando modalidades innovadoras más difíciles de identificar, atacar y corregir.
La tecnología, ya lo hemos dicho antes, no es la panacea como suelen venderla algunos, la tecnología es un medio necesario para facilitar la gestión pública y hacerla más eficiente, transparente, eso es cierto, pero requiere sustanciación y adaptación. Pretender atribuirle efectos milagrosos, está demostrado, hace más mal que bien. Las soluciones y herramientas tecnológicas incorrectamente programadas no contribuyen a resolver problemas en el sector público, por el contrario, los profundizan; es lo que ha ocurrido con la corrupción administrativa en ambientes tecnológicos; en consecuencia, se hace necesario tomar en su implementación los recaudos y correctivos necesarios para blindar moralmente las instituciones y evitar que nuevas y sofisticadas formas sean utilizadas para anidar conductas desviadas.
Son muchos los autores y organismos que en distintas épocas y desde miradas diversas han ayudado a entender el complicado fenómeno de la corrupción en su versión tradicional; no falta el enfoque social, ético-moral, jurídico, politológico, económico, administrativo, etc.; la verdad es que la gran cantidad de estudios no se condice con los resultados obtenidos en la lucha que se libra contra ella. Fuerzas muy poderosas se interponen, a pesar de los esfuerzos jurídicos, institucionales y procedimentales que se hacen permanentemente. Como ha afirmado el politólogo y profesor estadounidense Stephen D. Morris (2009), la corrupción implica el uso del poder estatal para beneficiarse a si mismo o a terceros, sacrificando el bienestar público, en lo que incide la cultura política y la tolerancia ciudadana.
Ahora, con los inusitados avances tecnológicos, el uso indebido del poder se ve facilitado y los perjuicios a las instituciones y a la población se incrementan, ya que en la era digital surgen y se multiplican nuevas formas de corrupción en el Estado. El gran desafío está en poder lograr que en el Estado digital se encuentre la vía para combatir con éxito la corrupción, no que se entronicen, ahora con más facilidad, las formas antiguas, y se instalen, con la ayuda de herramientas informáticas, las formas modernas.
La tecnología, dependiendo del uso que le dé, puede ser una vía extraordinaria para la transparencia y la protección de los recursos del pueblo, pero también puede significar una manera más efectiva para distraer y despojar a las instituciones de los bienes que administran. Pretendidas soluciones tecnológicas, se ha comprobado, en contraposición a la intención original, pueden servir y ser usadas para potenciar, amplificar, generar y abrir nuevas fuentes a la corrupción administrativa, así como para apañarla y encubrirla, asegurando de esta forma nuevos espacios para la impunidad, y con ello frenar el desarrollo y acrecentar la decepción y la frustración de la ciudadanía.
En consonancia con lo dicho, ya se estudian formas de corrupción administrativa que son propias de la era digital, lo que lleva a identificar ilícitos específicos de corrupción en el denominado Estado digital; entender bien su configuración fenomenológica no es un esfuerzo menor, es vital para poder estudiarlos correctamente y poder enfrentarlos con éxito. Solo por hablar de un caso complejo, un ataque cibernético externo a las instituciones públicas no constituye por si solo un tipo de corrupción administrativa, pero qué ocurre si dicho ataque fue realizado en confabulación con algún funcionario, quien facilitó de alguna manera el acceso al atacante; en esta situación no hay duda en que las cosas cambian y se puede identificar una conducta administrativa punible.
También debe colocarse la atención en hechos como la manipulación mal intencionada de bases de datos por parte de servidores públicos, así como la venta de información pública a la que, por las funciones que ejercen o por el uso de vías indebidas, tienen acceso; también se citan aprobar y aplicar normas digitales con el propósito de beneficiar a individuos específicos que tienen interés en algún proceso administrativo. De la misma manera, constituye un acto tecnológico de corrupción administrativa manipular contratos tecnológicos para favorecer a personas, siendo esta un área de extremo riesgo por los grandes volúmenes de transacciones que se manejan alrededor de las contrataciones en tecnologías; se agrega, además, la alteración de pagos.
No es difícil comprender que la automatización y digitalización de la actividad administrativa del Estado no significa necesariamente que desaparecen o se minimizan los riesgos de corrupción, por el contrario, puede ocurrir que sus manifestaciones muten y se trasladen a otros escenarios; todo dependerá de cuan capaces seamos para establecer los mecanismos de gobernanza, los controles y los parámetros de trazabilidad que permitan, desde una perspectiva ética, proteger los accesos, los datos, los algoritmos, las plataformas, los protocolos de ciberseguridad, etc., que exige el Estado digital, y, como resultado, se traslada hacia ellos la corrupción. La corrupción en el Estado digital se soporta en las mismas tecnologías que se utilizan, amenazando, principalmente, las plataformas, las contrataciones de tecnologías y los pagos electrónicos.
Es un error recurrente pretender avanzar en la transformación digital, que hoy alcanza incluso el nivel de la inteligencia artificial, al margen de la transformación institucional, que implica las normas, las personas, los procesos y la cultura; es ahí donde reside la verdadera inteligencia estatal, de donde dependen las estrategias y las acertadas decisiones gubernamentales. No debemos ignorar el hecho de que si las instituciones, por más tecnologías que incorporen, no actúan de forma inteligente, los medios digitales se convierten en un instrumento al servicio de la captura del Estado, haciendo con ello más viable la aprobación de normas y la generación de condiciones para favorecer intereses particulares.
El profesor mexicano Julio Cesar Bonilla (2025), afirma que el uso de plataformas digitales en un contexto de democracia y de gobierno abierto representa un pilar para el combate a la opacidad institucional; de la misma forma, otros autores destacan las bondades de las herramientas digitales, incluyendo la inteligencia artificial, para optimizar la integridad y la ética en la gestión pública. Mientras, por su parte, el ensayista español Francisco Montero (2018), nos habla en relación a cómo en la “ciudad cibernética”, en ese mundo a veces endiosado, llevada a la Administración Pública, en lugar de ser un faro de luz, en materia de corrupción puede constituirse en un nefasto laboratorio de manipulación masiva de datos y de abuso de poder.
En la era digital, en el Estado digital, la tecnología debe ser puesta al servicio de la detección temprana de la corrupción administrativa, pues ante la perversión digital y los ilícitos cibernéticos que le acompañan, corresponde prevención firme y decidida, asumiendo la ética y la integridad desde su enfoque de transversalidad.
