Por Omar Santana
El nivel de conocimiento que tienen algunos regidores del Gran Santo Domingo sobre la dimensión pública de sus funciones queda, como mínimo, en entredicho cuando las salas capitulares que integran no divulgan de manera sistemática las decisiones que adoptan u obligan a que la solicitud se realice a través del portal de Acceso a la Información Pública.
Un ciudadano debería poder acudir al ayuntamiento —de manera presencial o virtual—, consultar el archivo de la Sala Capitular y conocer cuáles son los proyectos aprobados y cuáles están en discusión, además de conocer la agenda municipal reciente.
Mantener bajo llave las ordenanzas y resoluciones es una decisión ilegal cuyo único objeto es esconder lo que allí ocurre y no con buenos fines. No se puede presumir la inocencia ante una acción contraria a la ley.
Sin acceso a esas decisiones, el ciudadano común no tiene forma sencilla de saber si el regidor que eligió está defendiendo los intereses del municipio o aprobando proyectos perjudiciales para su comunidad al favorecer intereses particulares.
Todo queda reducido a la intimidad de una sala donde deliberan mujeres y hombres escogidos precisamente para representar públicamente a sus munícipes.
Estamos hablando, en particular, de las alcaldías de Boca Chica, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos, visitadas por periodistas de Diario Libre y donde ninguna de ellas ofreció información fidedigna sobre sus reuniones (sesiones), que, según la ley, deben realizarse cada 30 días. (Tomado de Diario Libre)
