El canciller Roberto Álvarez afirmó categóricamente que “ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio Público (MP) participaron en la investigación llevada a cabo por Estados Unidos”, que resultó en la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX en la República Dominicana.
Este avión, propiedad de personas vinculadas a Nicolás Maduro, fue inmovilizado en el país en respuesta a una solicitud de cooperación jurídica internacional.
Según Álvarez, en mayo de este año, “el Ministerio Público recibió una solicitud formal de Estados Unidos para inmovilizar la aeronave como parte de una investigación criminal relacionada con actividades de fraude, contrabando y lavado de activos. La aeronave se encontraba en la República Dominicana para fines de mantenimiento debido a la alta calidad de los servicios disponibles en el país. Posteriormente, el 22 de mayo, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial de un tribunal competente que autorizó la inmovilización del avión”.
Camión arrolla decenas al borde de la carretera en Azua
Al menos seis personas fallecidas y varias gravemente heridas, fue el saldo de un accidente la madrugada del domingo en la comunidad de Bastida, Las Yayas, Azua.
Ocurrió en la carretera San Juan-Cruce de El Quince, frente a un colmado donde había una alta concurrencia de gente festejando. Un camión Daihatsu arremetió contra el gentío.
Varias de las personas heridas permanecen en centros hospitalarios de la región sur.
Semáforos secuestrados por empresa privada
El Intrant trata de restablecer el servicio de semáforos del Distrito Nacional, luego de que colapsara desde el pasado jueves 29 de agosto por la noche. El gobierno anunció el lunes 2 de septiembre la suspensión del contrato con la compañía Transcore Latam SRL, que ofrecía el servicio y tomó el control del sistema, al tiempo que adelantó que solicitará una investigación al Ministerio Público.
Según el director del INTRANT, el problema con los semáforos comenzó desde la noche martes 27 de agosto, cuando la empresa contratista inició el reemplazo de dispositivos y reguladores sin previa autorización.
Ante la crisis y el riesgo que representó para la seguridad nacional, el Intrant decidió tomar el control de la red semafórica por primera vez y adoptar otras medidas, entre, ellas pedir una investigación al Ministerio Público.
El robo de luz es histórico en República Dominicana, dice Celso Marranzini
Cerca de 800 mil usuarios están conectados ilegalmente a la red eléctrica, reveló este lunes 2 de septiembre Celso José Marranzini Pérez, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED).
“Tenemos en la actualidad cerca de 800 mil usuarios, porque no son clientes definitivamente y eso es histórico. Nosotros como sector eléctrico venimos con un número histórico de usuarios que no pagan el consumo de electricidad y no pagan al consumo de electricidad porque es una deficiencia las empresas distribuidoras que no facturan”, expresó en la semanal con la prensa del presidente Luis Abinader.
El presidente del CUED enfatizó que este problema histórico no solo representa un desafío operativo, sino que también un impacto económico considerable.
“Conexiones ilegales que definitivamente crean averías en los circuitos de conexiones legales y eso por supuesto trae mucho de ese disgusto que a veces encontramos con que el circuito de 24 horas está saliendo de servicio como resultado de esas conexiones ilegales.
Infamia o paternidad irresponsable
Una mujer busca que el excandidato a la presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez reconozca su niño de 13 años.
Por tal razón, el equipo legal de Abel Martínez inició hace algunas semanas el proceso para determinar la veracidad de la paternidad de un menor de edad que reside en Estados Unidos.
El abogado Rafael Ceballos informó que “durante la campaña surgió la noticia de la posible existencia de un hijo de Abel Martínez. Ante esta situación, Martínez asumió la responsabilidad económica correspondiente, incluyendo mensualidades y apoyo a la madre, y le comunicó que, una vez terminada la campaña, iniciaría los procesos legales necesarios para aclarar la situación y cumplir no solo con lo que establece la ley, sino también para establecer la convivencia entre ambos por el bienestar del menor”.
“Tras concluir la campaña, Abel Martínez acudió al organismo rector de Niños, Niñas y Adolescentes, para solicitar que se iniciara el proceso de verificación de la paternidad, con la intención de determinar si era el padre del niño y, de ser así, asumir todas las responsabilidades legales correspondientes”, dijo el abogado.
