Un pueblo que convierte a sus verdugos en celebridades no solo degrada su presente, sino que compromete moralmente el futuro de sus generaciones.
POR RAFAEL MENDEZ
La dignidad de una nación también se mide por la manera en que administra su memoria, porque no todo recuerdo merece ser celebrado ni todo olvido debe confundirse con justicia. Hay figuras, hechos y conductas que deben permanecer en la historia no como modelos de éxito, sino como advertencias morales, para que la sociedad no termine glorificando aquello que debería condenar.
En ese sentido, la llamada Damnatio Memoriae, o condena de la memoria, nació en la antigua Roma como una sanción extrema contra quienes eran considerados traidores, enemigos del Estado o figuras indignas de permanecer en la memoria pública, por lo que sus nombres, imágenes y símbolos eran borrados como forma de castigo político y advertencia colectiva.
Aunque aquella práctica respondía a la lógica imperial de su tiempo, el concepto conserva una enseñanza válida para las sociedades actuales, debido a que plantea una pregunta ética de enorme importancia: ¿qué debe hacer una comunidad cuando determinadas figuras, lejos de generar rechazo, comienzan a ser presentadas como ejemplos de poder, astucia, riqueza o ascenso social?
En la República Dominicana, esa reflexión adquiere sentido frente al intento de normalizar la figura del narcotraficante como personaje exitoso, influyente o digno de admiración, especialmente cuando sectores vulnerables de la juventud reciben mensajes que asocian dinero fácil, ostentación, violencia y desafío a la ley con una supuesta forma de triunfo social.
Quirino, la apología del crimen y el vacío legal
El caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo resulta emblemático, no solo por su historia vinculada al narcotráfico, sino por la forma desafiante en que llegó a proclamarse públicamente “padre de todos los capos”, expresión que hiere la dignidad nacional, golpea la memoria colectiva y convierte el delito en una especie de medalla exhibida ante la sociedad.
La gravedad de esa jactancia no reside únicamente en la frase, sino en lo que revela como síntoma cultural, porque cuando un condenado por narcotráfico puede presentarse ante la opinión pública con tono de orgullo, sin consecuencias proporcionales en el plano social, mediático o jurídico, queda al descubierto una zona peligrosa de tolerancia frente a la apología del crimen.
La Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas constituye el principal instrumento jurídico dominicano para enfrentar la producción, distribución, tráfico, posesión y demás delitos vinculados a sustancias prohibidas, pero su arquitectura responde sobre todo a la persecución penal del hecho material, no necesariamente a la promoción simbólica, mediática o cultural del narcotráfico como modelo de poder.
Por eso, más que invocar la censura o abrir la puerta a persecuciones contra la libertad de expresión, lo que corresponde es discutir una actualización legislativa seria, equilibrada y garantista, que sancione la apología del crimen organizado, del narcotráfico y de toda forma de violencia que pretenda convertir al delincuente en referente social o figura aspiracional.
La condena de la memoria, entendida en su dimensión ética, no debe servir para borrar la historia ni para ocultar verdades incómodas, sino para impedir que el crimen sea elevado a categoría de ejemplo. Un pueblo que convierte a sus verdugos en celebridades no solo degrada su presente, sino que compromete moralmente el futuro de sus generaciones.
