Por Gregorio Montero
En nuestro país se ha constituido en una especie de cliché invitar a la gente a reflexionar en el periodo de Semana Santa. Asumimos que, probablemente, bajo la motivación, por un lado, de lo que dicho periodo representa o significa desde el punto de vista religioso, y, por otro lado, porque se trata de un largo asueto, en torno al cual se pueden propiciar las condiciones para que la reflexión ocurra sin mayores obstáculos.
En verdad, ante la cantidad de problemas que afectan a nuestro país, no nos parece sensato esperar que pase un año para pensar seriamente en las formas en que debemos resolver nuestras dificultades personales y familiares, y contribuir a la solución de los problemas sociales; estas reflexiones deberíamos hacerlas diariamente.
Pero vamos nosotros a aprovechar el llamado para continuar reflexionando, esta vez sobre una cuestión que nos resulta de gran interés; lo haremos sobre la importancia que tiene internalizar y exhibir, en todos los espacios en que nos corresponda accionar e influir, un comportamiento que contribuya y garantice la gobernabilidad del Estado y de la sociedad en nuestra República Dominicana.
Hace falta que cada uno, cada dominicano, no solo los gobernantes, asuma y cumpla con su responsabilidad. Es así que las naciones se hacen grandes, es así que los problemas y dificultades se empequeñecen, cuando de frente está la voluntad y la decisión firme de un conglomerado social de empujar y avanzar en una misma dirección.
Conscientes de que las aristas que envuelven el concepto de gobernabilidad son harto complejas, intentaremos abordarla sin recurrir a aspavientos teóricos y tecnicismos innecesarios, en procura de lograr la mayor comprensión posible por todos los lectores interesados, pues de lo que se trata, en definitiva, es de que todos entendamos y ejerzamos nuestro rol en la construcción de una sociedad que funcione en el marco de la razón, y del respeto de las normas y las instituciones.
La gobernabilidad expresa la concurrencia de condiciones que hacen posible que las políticas públicas y las acciones del gobierno se ejecuten sin que se presenten dificultades mayores, tal cual han sido planificadas y programadas.
Queda bien claro que la gobernabilidad depende, por un lado, de la capacidad del gobierno para diseñar políticas adecuadas y ponerlas en marcha, y, por otro lado, del apoyo de la ciudadanía, que legitima la actuación de las autoridades públicas, generándose con ello un clima social propicio.
Es preciso tener en cuenta que las demandas sociales, formuladas por las vías legales e institucionales correspondientes, contribuyen grandemente a la gobernabilidad, solo que cuando el poder político se ejerce de forma autoritaria no se alcanza a ver la parte positiva, que, además, crea aprovechables oportunidades para los gobernantes.
La gobernabilidad, en tanto categoría social, política y de gestión pública, está condicionada por la estabilidad institucional y política de la sociedad.
La gobernabilidad, que, tal como la conocemos hoy, según sus teóricos, surgió en los años 70s, como consecuencia de crisis políticas y sociales que tuvieron lugar en Europa, Estados Unidos y otras regiones, las que pusieron en tela de juicio el Estado de Bienestar. Está condicionada también por la toma de decisiones acertadas y consistentes por parte del gobierno, por la aplicación efectiva de las normas que rigen la sociedad, por la participación de la ciudadanía en la discusión de los problemas públicos y por el respeto de las normas y el cumplimiento del deber, lo que hace parte, por su lado, de la asunción de su rol en el nuevo contrato social.
Influye además en la gobernabilidad, la gestión efectiva de los servicios públicos y la entrega de resultados que impacten en el desarrollo sostenible, en sintonía con las expectativas de la gente.
Independientemente de las tendencias ideológicas y doctrinarias, que sin duda influyen en su configuración conceptual, la gobernabilidad persigue la legitimación de las autoridades públicas a partir del reconocimiento social, por lo que la mayor responsabilidad para garantizarla no recae únicamente sobre el gobierno.
A partir de los años 90s, el concepto sufrió algunos reenfoques, como consecuencia del impacto del denominado Consenso de Washington y la incidencia y la fuerte irrupción en el escenario de organismos de cooperación internacional, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA), y otros.
Todo esto hace que la gobernabilidad hoy sea determinada por la influencia no solo de factores sociales, políticos, jurídicos e institucionales, sino también económicos.
La realidad de muchos de los países de nuestra región está marcada porque se viven con frecuencia escenarios de crisis de gobernabilidad, los que amenazan la estabilidad institucional y la paz social, cuyos indicadores principales son falla en la gestión administrativa, falta de legitimidad de las autoridades y retiro del apoyo político de la ciudadanía.
La ingobernabilidad se expresa cuando se rompe el punto que equilibra la relación Estado-sociedad, y cuando esto ocurre cuesta bastante recomponer las cosas. En el contexto de la gobernabilidad es posible que gobernantes y gobernados constituyan una fórmula de peso y contrapeso, garantizando con ello que las instituciones funcionen de forma acertada.
Dicho todo esto, es necesario entender que la gobernabilidad es un estadio social, político, e institucional superior, bastante anhelado, en el que todos los actores cumplen su papel y asumen su responsabilidad: los funcionarios públicos ejercen de forma correcta sus funciones y rinden cuentas. Los políticos actúan conforme a la esencia y nobleza de la Política, los empresarios privados aportan al desarrollo nacional, los profesionales practican de forma ética su profesión, los activistas sociales operan con sentido de corresponsabilidad, los choferes de guaguas y carros públicos, y los que operan moto conchos, respetan las leyes de tránsito y las normas de decencia, los religiosos practican lo que profesan, los estudiantes se dedican a estudiar, y así sucesivamente; es decir, cada quien, hace bien lo que le corresponde aportar desde su espacio. Esto es lo que, en síntesis, expresa el significado preciso de la gobernabilidad.
Eso sí, que no haya lugar para la duda, cada idea o palabra externada en este escrito hace referencia a la única gobernabilidad aceptable, posible y sostenible en este siglo XXI, la gobernabilidad democrática, jamás, pese a las añoranzas y supuestas nostalgias de algunos, reiteramos, jamás, puede darse cabida a la “gobernabilidad” que resulta de la dictadura y del autoritarismo.
Como se puede ver, y es lo que en el fondo interesa, la gobernabilidad, la democrática, implica la colaboración, la coordinación y el respeto de todos los integrantes de una sociedad, que se ponen de acuerdo para lograr el bien común, a partir de una visión de nación y de país.
Respecto de estas condiciones que hacen posible la gobernabilidad, además de reflexionar seriamente, deberíamos ocuparnos y accionar todos y todas.
