Por Osvaldo Santana
El gobierno debió apurar el paso. Envió al Congreso Nacional e hizo que las cámaras sesionaran el lunes 15 de junio para tratar de agilizar el curso del plan de reforma fiscal conocido como “Proyecto de ley de medidas procrecimiento económico, de simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional”.
Es fácil concluir que el gobierno de Luis Abinader aprovechó el desencadenamiento de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para presentar una propuesta de ajuste fiscal que no había podido cuajar en el pasado, cuando fracasó el primer intento mientras el ministerio de Hacienda liderado por Jochi Vicente, y después, durante los primeros días de la gestión de Magín Díaz, quien había servido al gobierno de Danilo Medina en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y se mercadeó como un técnico seco para su ascenso al cargo actual para presentar una nueva versión de reforma.
La guerra contra Irán fue el momento oportuno para “abrir las consultas” sobre la necesidad de recaudar recursos para la Administración, pero, pese a que el conflicto explotó el pasado 28 de febrero, más de tres meses después, fue tiempo suficiente para hacer las debidas diligencias y colar la reforma como un plan anticrisis, pero el gobierno tardó demasiado para elaborar la propuesta recién presentada al Congreso y aplaudida por la mayoría de los sectores, excepto el expresidente Leonel Fernlández que la vio como un ajuste fiscal disfrazado y así lo advirtió desde Madrid.
Ahora, la idea es que el Congreso apruebe el denominado “plan anticrisis” lo más pronto posible, porque si pasa demasiado tiempo con los precios del petróleo desplomándose tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, podría dificultar su presentación a la población, que ya ha sufrido los embates de los altos precios de los combustibles y de los alimentos, con una inflación acumulada que a mayo rondaba el 5.35%.
El mismo lunes 15 de junio, el día después del anuncio del fin de la guerra, los precios del petróleo empezaron a desplomarse en los mercados. El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 5,6% y se ubicó en 80,16 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte bajó un 4,1% hasta 83,77dólares por barril.La galopante subida del petróleo con la guerra fue el gran motivo y la coyuntura propicia que facilitó la presentación de la pieza al Congreso.
Ambiente favorable
De todas formas, el día después del fin de la guerra, continuaba siendo favorable para el gobierno. La nación estuvo atenta a dos importantes casos que se ventilan en la justicia. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional evacuaba la sentencia contra el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, y Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur), por lavado de activos durante su participación en el llamado caso Coral 5 G.
También ese día la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada para conocer los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, Juan Alexis Medina Sánchez y los demás implicados condenados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Antipulpo.
Tras el desplome
Tras el desplome de los precios del petróleo, las bolsas mundiales registraron el mismo lunes fuertes ganancias, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran el acuerdo para poner fin a la guerra que enfrentó a ambos países durante los últimos tres meses y que provocó fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales. La noticia implicó la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de crudo.
Durante una sesión extraordinaria realizada este lunes, la Cámara de Diputados completó la conformación de la comisión bicameral que había comenzado a integrar el Senado para estudiar el Proyecto de ley de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.
La resolución de los diputados ocurrió apenas tres días después de que el Senado conformara su parte de la comisión bicameral, en un proceso que imprime celeridad al proyecto de ley con el que el Gobierno busca recaudar hasta 50,000 millones de pesos para las compensaciones por los gastos extraordinarios o subsidios a los combustibles y a los fertilizantes durante la guerra.
El anuncio del final de las hostilidades en el golfo Pérsico alivia la presión en el sistema económico internacional, y obviamente también a la economía dominicana. Y si bien la guerra condujo a los gastos extraordinarios, ya esa causa generadora de los mismos desaparece. Por eso, la pregunta a Magín Díaz de que si el gobierno continuaría con su plan anticrisis.El ministro dijo que sí: “Sí, seguimos en marcha. Obviamente, bienvenido ese anuncio de acuerdo que aparentemente se va a formalizar el viernes. Y, obviamente, cualquier reducción del precio del petróleo nos ayuda, no solo del petróleo, sino de otros precios que han aumentado”.
Señaló que a consecuencia de la guerra, el gobierno gastó más de 20 mil millones de pesos para el subsidio de los combustibles, y RD$2,000 millones en los fertilizantes y otros gastos adicionales para los programas de protección social que debe recuperar.
Si bien los gastos extraordinarios acrecentaron el déficit fiscal, habría que preguntarse si ya finalizada la guerra, los motivos justificantes de la necesidad de mayores recursos, debían tener el mismo alcance contenido en la reforma edulcorada presentada al Congreso Nacional.
