Por Evelyn Irizarri Santos
NUEVA YORK, Estados Unidos. – La administración Trump dio marcha atrás en su decisión de obligar a los solicitantes de residencia permanente o "Green Card" a que se trasladaran a sus países de origen para realizar el trámite.
De acuerdo con la información, esta medida se aplicaría a casos específicos.
Con esta decisión, se deja sin efecto a la medida anunciada el 22 de mayo, según informó el New York Times.
El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de los asuntos de inmigración, señaló el viernes al diario neoyorquino que esta nueva política finalmente no se aplicaría a todos los solicitantes, sino "caso por caso".
Discrecionalidad
El Departamento de Seguridad Nacional explicó que de lo que se trata es de una especie de recordatorio a los agentes para que utilicen su poder discrecional para exigir o no a los solicitantes que salgan de Estados Unidos para realizar su solicitud.
En un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que esta nueva medida reitera la política y la ley establecidas desde hace mucho tiempo.
Agrega que "esta política no tendrá un impacto significativo en los solicitantes altamente cualificados y los profesionales talentosos que han cumplido la ley".
Esto no quiere decir que se elimina por completo el riesgo de que a algunos solicitantes se les pida salir del país. El cambio en esta medida evita la regla que obligaba a todos los residentes temporales, como estudiantes, turistas o trabajadores a retornar a su país de origen para poder dar continuidad a su solicitud.
Un alivio ¿temporal?
El anuncio del pasado viernes 28 de mayo, que reemplazó al realizado el día 22 de mayo por el Departamento de Seguridad Nacional, representa un alivio para aquellas personas que se encuentran en proceso de solicitud de regularización de su estatus migratorio.
Los más optimistas creen que esta nueva medida representa un alivio permanente, no así para aquellos que entienden que la discrecionalidad otorgada a los oficiales de migración para determinar quienes pueden seguir el proceso en territorio norteamericano y quienes deben irse a sus respectivos países a esperar el transcurso de sus solicitudes.
Y es que al otorgar a los oficiales de migración, el poder de decidir sobre la elegibilidad de los solicitantes, la posibilidad de verse afectados sigue latente y es por eso que tienen sus reservas frente a esta nueva disposición.
Defensa de inmigrantes
Los grupos de defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su desconfianza en esta decisión y creen que los oficiales podrían usar de forma abusiva su poder discrecional.
Para algunos solicitantes, al incluir la salvedad de que se aplicaría la disposición en casos específicos y al otorgar el poder discrecional a los oficiales de migración, se actuó de mala fe, además de considerar esta resolución como una forma de empujar a los indocumentados a desistir de sus intenciones de regularizar su estatus migratorio.
