El Gobierno dominicano ha sido golpeado con el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se enfoca esta vez a lo largo de sus 48 páginas en el trato de los dominicanos hacia los haitianos, principalmente en la cuestión migratoria.
Todo esto a pesar de que tan solo horas antes el presidente Luis Abinader aseguraba que no había recibido presion de los Estados Unidos:
“Sobre el tema haitiano no hemos recibido ninguna presión, tampoco la aceptamos ninguna presión. Agradecemos la preocupación del senador Marcos Rubio, pero el presidente Joe Biden y la Casa Blanca en ningún momento han hecho presión directamente por lo menos a la República Dominicana. Ellos siempre han sido respetuosos”
Las declaraciones de Abinader ocurrieron después de un fin de semana en el cual el senador republicano estadounidense Marco Rubio denunció intenciones de los demócratas para forzar a los dominicanos a recibir unos tres millones de haitianos en el país. Las declaraciones de Rubio recibieron las respuestas de la misión diplomática estadounidense en el país, del representante demócrata dominicano en EE.UU. Adriano Espaillat y del exembajador James Brewster.
Y sin embargo, todo esto, después del informe, deja un mal sabor al Gobierno que está elaborando una respuesta formal, pero en lo que sale el documento advirtió a través del vocero Homero Figueroa "manifestar nuestro asombro ante el tono agresivo e infundado del informe, que no reflejan la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos".
Este es sin duda el documento más duro emitido por la administración de Joe Biden contra la República Dominicana en unas relaciones que Abinader había celebrado hasta entonces como relaciones de "amigos", "sus aliados", y "sus socios", en noviembre pasado.
A continuación el resumen ejecutivo del Informe del Departamento de Estado:
Durante el año hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, incluida la expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal, y los abusos de derechos humanos asociados. El cierre de la frontera con Haití por parte del gobierno en septiembre y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitante de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos apátridas, colocaron a poblaciones que ya eran vulnerables en mayor riesgo.
Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos; grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y los feminicidios; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil.
El gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
