La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como jurisdicción privilegiada, condenó este martes a la diputada Rosa Amalia Pilarte López a cinco años de prisión por hallarla culpable del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
La legisladora de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), también fue condenada al pago de 200 salarios mínimos y a las costas judiciales. La devolución de los bienes y deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ubicado en Santiago.
El tribunal está compuesto por los jueces Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto.
La acusación sostenía que Pilarte, con pleno conocimiento, había adquirido diversos productos bancarios para inyectar cantidades millonarias de dinero en el sistema financiero nacional, todo ello como parte de un elaborado esquema de lavado de activos ligado al tráfico de drogas. Además, se le imputaba haber adquirido propiedades a nombre de terceros a precios irrisorios, como parte de su estrategia para ocultar la verdadera propiedad de los bienes.
Los delitos imputados, según la Procuraduría General de la República, violaban múltiples disposiciones legales relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como normativas sobre el manejo de bienes de origen ilícito.
Durante el proceso judicial, la Sala Penal valoró exhaustivamente las pruebas presentadas, incluyendo informes financieros y análisis de transacciones bancarias. Los indicios recabados no solo apuntaban a la disparidad entre los ingresos de Pilarte y los montos manejados, sino que también sugerían similitudes entre su comportamiento financiero y el modus operandi de organizaciones criminales especializadas en lavado de activos.
Finalmente, la Suprema Corte concluyó que los indicios presentados por la Fiscalía eran suficientes para establecer un vínculo entre los activos manejados por Pilarte y actividades criminales previas, fundamentando así la condena por lavado de activos.
