Santiago Torrijos Pulido
Legal Expertise Liaison en Fridman, Fels & Soto (USA)
LL.M. de Georgetown Law
Costa Rica no parte de cero en su lucha contra el crimen organizado. Tiene leyes contra la delincuencia organizada, legislación contra la legitimación de capitales, mecanismos de decomiso y una persecución patrimonial bastante especializada.
Pero ha llegado el momento de dar el siguiente paso.
Las organizaciones criminales modernas no separan sus actividades según el organigrama del Estado. Una misma estructura puede traficar drogas, lavar dinero mediante empresas aparentemente legítimas, evadir impuestos, adquirir propiedades, obtener permisos administrativos y utilizar testaferros. Para el criminal, todo forma parte de una sola operación. Para el Estado, en cambio, pueden terminar siendo numerosos expedientes distintos.
La idea para Costa Rica es clara: la creación de una Ley de Desmantelamiento Criminal para los casos de delincuencia organizada de mayor complejidad.
La idea no sería crear otra comisión ni otra mesa interinstitucional. De esas fórmulas ya conocemos el problema: dependen de reuniones, oficios, solicitudes y de que distintas instituciones logren coordinarse. La propuesta sería convertir esa coordinación en una obligación procesal establecida por ley.
Cuando se abra un macrocaso de determinada magnitud, se generaría un núcleo común de hechos y evidencia que permitiría activar simultáneamente los distintos frentes jurídicos. El Ministerio Público investigaría la responsabilidad penal; la Dirección General de Tributación o la Policía de Control Fiscal, las consecuencias tributarias; las autoridades regulatorias y administrativas, las infracciones dentro de sus competencias; y paralelamente se perseguirían los bienes y capitales vinculados con la actividad ilícita.
Cada institución conservaría su independencia, pero todas trabajarían sobre la misma arquitectura del caso, con mecanismos obligatorios para compartir prueba legalmente obtenida, identificar personas y sociedades vinculadas y evitar duplicaciones innecesarias.
Eso permitiría algo que hoy resulta particularmente importante: que el Estado no tarde años en descubrir, por etapas, lo que la organización criminal siempre supo que era una sola cosa. Que el ente criminal no logre “ganar algunas batallas” por la descoordinación institucional.
La meta, inédita e interesante, es conseguir que todas las consecuencias jurídicas golpeen a la organización al mismo tiempo y generen la derrota asegurada del crimen.
