Por Máximo Calzado Reyes
La abstención electoral no anula automáticamente la legalidad de un gobierno, y si las elecciones fueron libres, competitivas y celebradas conforme a la Constitución y las leyes, sus resultados mantienen validez jurídica. Sin embargo, legalidad y legitimidad no son exactamente lo mismo.
Cuando una proporción elevada del electorado no participa, el gobierno puede resultar elegido por una minoría del padrón. Obtiene los votos suficientes para ganar, pero su mandato social nace debilitado. Esto reduce su capacidad para afirmar que sus decisiones expresan ampliamente la voluntad popular, especialmente cuando impulsa reformas sensibles o medidas que exigen sacrificios colectivos.
La abstención también distorsiona la representación, no todos los sectores dejan de votar en la misma proporción. Los grupos con mayores niveles de organización, recursos, disciplina partidaria o vínculos clientelares suelen conservar una capacidad superior de movilización. En cambio, jóvenes, ciudadanos desencantados y comunidades excluidas, pueden quedar subrepresentados.
Cuando menos personas votan, cada estructura organizada adquiere mayor peso relativo. Las políticas públicas pueden terminar respondiendo más a quienes garantizan votos que a quienes permanecen ausentes. Entonces el poder escucha con mayor atención a las minorías movilizadas y aprende a ignorar a la mayoría silenciosa.
Pero sería un error atribuir toda la responsabilidad al ciudadano. La abstención también puede ser consecuencia de partidos cerrados, candidaturas poco representativas, corrupción, incumplimiento de promesas y falta de confianza en las instituciones.
Quien no vota muchas veces no es indiferente: está cansado, decepcionado o convencido de que las opciones disponibles no lo representan.
Ese malestar debe ser escuchado, ahora bien, convertir la decepción en ausencia puede producir el efecto contrario al deseado. No castiga necesariamente a la clase política; puede facilitar que las decisiones queden en manos de estructuras más pequeñas, disciplinadas y resistentes al cambio.
La democracia exige elecciones, pero también ciudadanía activa, el derecho y el ejercicio al sufragio, no es solamente un mecanismo para seleccionar gobernantes. Es una forma de ejercer soberanía, controlar el poder y afirmar que los asuntos públicos pertenecen a todos.
Por tales razones, participar no significa aprobar ciegamente las opciones existentes. También puede expresarse mediante un voto crítico, independiente y consciente. Lo decisivo es no entregar gratuitamente a otros la facultad de decidir.
Los gobiernos deben recuperar legitimidad mediante transparencia, resultados, rendición de cuentas y apertura a la participación. Los partidos deben renovar sus prácticas y ofrecer candidaturas capaces de despertar confianza. Pero el ciudadano también debe reconocer el poder de su presencia.
En conclusión, cuando la mayoría decide no ejercer sus derechos y deberes ciudadanos de participar en los procesos electorales, como pasó en las elecciones del año 2024, donde la abstención en mayo fue de un 45,63%, esto implica un aumento de aproximadamente 0.92 puntos porcentuales respecto de 2020, cuando se situó alrededor del 44.7 %; en el caso del exterior, la abstención fue de un 80%.
En este contexto, hay que destacar que la democracia continúa funcionando, pero con menos voces, menor pluralidad y un mandato más estrecho.
No votar también produce consecuencias negativas para la calidad de la democracia. Mientras el ciudadano guarda silencio, alguien vota, alguien decide, y alguien ocupa el poder. La abstención no deja vacío el espacio democrático: permite que otros lo ocupen. El resultado es una democracia formalmente válida, pero socialmente incompleta.
