Por Evelyn Irizarri Santos
NUEVA YORK, Estados Unidos. – Vivir sin un estatus migratorio regular en el país que sea, representa una situación por demás difícil, más aún cuando se tiene familia, personas que dependen de forma directa de quien carece de la documentación que avale y sustente su estadía y su derecho a trabajar y vivir de forma permanente en el territorio en el que ha decidido echar raíces.
Los Estados Unidos, una nación donde viven millones de personas de todos los rincones del mundo, cuyas fronteras, por años, traspasan cientos de personas a diario, tiene reglas muy estrictas sobre la inmigración, reglas que deben ser cumplidas para no correr el riesgo de sufrir graves consecuencias.
Cada administración, sin embargo, asume su propia política migratoria y organiza sus prioridades conforme a sus convicciones.
Aunque es una problemática de años, en este momento, la situación de los inmigrantes irregulares se ha tornado más difícil, ya que según han manifestado varios funcionarios del presente gobierno, ser inmigrante indocumentado es lo mismo que ser un criminal, y como tal es tratado.
Lo que dice el DHS
En una ocasión se criticó de forma severa a la entonces directora del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuando al dirigirse a un inmigrante indocumentado, detenido por ICE, le dijo que él y todo aquel que ingresaba por la frontera de un país sin la autorización correspondiente, era un criminal. Una apreciación muy dura, pero que comparte, en pleno, el gabinete del presidente Donald Trump. Algo que se viene evidenciando desde el primer día de este segundo mandato.
Tanto es así, que el tema migratorio se encuentra en el "top 3″ de las prioridades de esta administración.
Agenda migratoria
Si la campaña de Donald Trump estuvo marcada por el tema de lo que, el entonces candidato llamaba caos migratorio y desorden en la frontera, al llegar a la Casa Blanca fue comprensible que no escatimara esfuerzos ni recursos para tratar de terminar con la crisis migratoria que tantas preocupaciones y dolores de cabeza le generaban a Trump y sus colaboradores.
Desde el primer día en la oficina oval, el presidente Trump ofreció algunas pinceladas sobre lo que sería su política migratoria, prometiendo terminar con la política de fronteras abiertas de la que acusa a la administración Biden.
El poder del Departamento de Seguridad Nacional y su brazo ejecutor, ICE, le ha permitido actuar a sus anchas en todo el territorio norteamericano, pero muchas veces esas acciones han traspasado los límites, han sido calificadas de violentas y violatorias de los derechos humanos y del debido proceso de ley.
Acciones reprochables
Esta administración se ha enfrentado a múltiples problemas que han llegado a las cortes, precisamente por acciones y arrestos de ICE, que han sido considerados como arbitrarios y abusivos.
Entre los arrestos más controversiales de ICE se destacan varios operativos de perfil público, entre otras, las detenciones encubiertas en al menos 15 aeropuertos del país. Así como las cuestionadas redadas sorpresivas a personas con casos de asilo pendientes.
Todo esto, sin olvidar los trágicos operativos vehiculares, que este año cobraron la vida de varios ciudadanos, como ocurrió con Lorenzo Salgado Araújo en Houston y Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine. Ambos incidentes obligaron a que ICE suspendiera de forma temporal una gran parte de las paradas de vehículos en busca de personas indocumentadas.
En los aeropuertos
En los últimos meses, viajar a través de los puertos y aeropuertos del país se ha convertido en una odisea, debido a la presencia de agentes de ICE, que se suponía que estarían allí sólo para cubrir el personal de la TSA que se encontraba en huelga, pero que sin embargo, aprovechó su presencia para realizar operativos y realizar arrestos.
Una acción que grupos que trabajan a favor de los derechos de los inmigrantes han repudiado y exigido la salida de dichos agentes de las terminales aéreas.
Los viajeros, aún aquellos con sus documentos en regla, rechazan la presencia de agentes en los aeropuertos, quienes vestidos de civil interceptan a los pasajeros en los mostradores y las puertas de embarque, donde han arrestado, incluso, a esposas o esposos de ciudadanos estadounidenses. Muchas veces, estas personas detenidas se encontraban en trámites de asilo o con peticiones de residencia.
Las más controversiales
De las detenciones de ICE, las más controversiales han sido aquellas que se han realizado en lugares públicos. Muchas de estas detenciones, realizadas, en ocasiones frente a los hijos menores, han sido colgadas en las redes sociales y han generado el repudio colectivo.
Dos casos que generaron debates. Un arresto de una ecuatoriana, que fue detenida justo en el momento en que se disponía a abordar un vuelo en Denver. El otro, un venezolano, en proceso de asilo, fue arrestado mientras se disponía a realizar un trámite en una oficina del Departamento de Vehículos de Motor, (DMV).
No se pueden ignorar las violentas reacciones generadas en ciudades como Miami y Nueva York, donde el rechazo a los operativos callejeros donde los ánimos se han desbordado y la población ha reaccionado en rechazo a las disposiciones del gobierno federal que ha establecido un número determinado de deportaciones diarias.
No termina
La guerra no termina, y cada día en los 50 estados de la Unión se realizan batallas entre los agentes de ICE, los inmigrantes, sus defensores y los políticos que opinan que las medidas del gobierno federal son tan excesivas como innecesarias, pero al parecer nada pueden hacer, ni siquiera las muchas batallas ganadas en los tribunales.
Basta observar las redes de los defensores de los derechos de los inmigrantes y los noticieros para saber que los arrestos han continuado, que el accionar de los agentes de ICE no ha cambiado. Tampoco ha cambiado la actitud del gobierno ni su política migratoria. Es así como siguen lloviendo las denuncias de arrestos solo por el perfil de las personas, sin una orden y muchas otras veces, por un error, por confundir a una persona con otra.
La brutalidad a la hora de someter a un detenido tampoco ha cambiado y la negativa de responder a cuestionamientos de los medios de comunicación se ha convertido en una especie de política institucional.
Mientras continúe la actual administración, las esperanzas de un cambio, a menos que sea para endurecer las medidas, no se prevé y más desolador resultará el panorama, cuando, al menos por ahora, los posibles relevos están convencidos de que la actual es la vía correcta para resolver la situación migratoria del país.
