Por Alfonso Tejeda
Los números reportados por la Fuerza de Tarea Conjunta, la mesa interinstitucional responsable de la Seguridad Nacional, deben ser suficientes para convencer a la ciudadanía de sus temores infundados, al parecer de las autoridades: los robos han disminuido en las calles y lugares públicos, ahora hay otras maneras de robar sin poner en peligro a la víctima, y que la mayor cantidad de muerte violenta ocurre dentro de las casas, vía la violencia de género, que sí es preocupante.
El boletín estadístico del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci) revela que en los primeros seis meses de este año la tasa de homicidios -que debe ser la más alta expresión de inseguridad-, se situó en 7.0 casos por cada 100,000 habitantes,-casi dos menos que en enero-junio de 2025- imponiéndose los de conflictos interpersonales o sociales, es decir, los relacionados con riñas o rencillas personales (¡ “ hombres de pelo en el pecho”!), y, en segundo lugar, los de la delincuencia, vinculados a robos o atracos, que bajaron de 118 casos en el primer semestre de 2025, a 68 en 2026.
La percepción en este caso anda, por mucho, por rutas muy distantes y distintas de la que impone la realidad de los números, pues algunas encuestas la sitúan en hasta el 55 por ciento de la población, resultado posible por el difícil entendimiento de la estadística, la vocinglería dominante que se aprovecha de la escasez interpretativa de la mayoría poblacional, y de la incapacidad del Estado y del gobierno para hacerle frente a las causas y efectos de esa situación.
Por ejemplo, esas estadísticas registran que los más altos índices de violencia están en provincias como Bahoruco, Elías Piña, Pedernales, Montecristi, Hermanas Mirabal, que tienen tasas poblacionales muy bajas y bajas, en comparación con el Gran Santo Domingo, que en las partes Norte, Este y Oeste presentan cifras por debajo del promedio, y el Distrito Nacional es que registra números un poco más alto, a lo que contribuye la ola de feminicidios, tal como sucede en Santiago de los Caballeros, que se lleva el muy triste primer lugar en esas tragedias.
Los feminicidios tienen la también desgarradora consecuencia del impacto sónico que provocan, del que sus ecos apenas llegan, sin inmutar, a los oídos que deben afrontar el problema, situación cercana que se da también con otro indicador preocupante: la casi epidemia de muerte en los llamados “intercambios de disparos” en que miembros de la Policía Nacional abaten a jóvenes que incriminan en hechos delincuenciales, privándoles del derecho a la vida y de todos los derechos humanos que le consagra la Constitución, como el ser juzgado por un tribunal donde se pruebe su inocencia o culpabilidad.
Exageraría si comparo la intensidad de ambos ecos, pues el de la actuación policial se reproduce, lamentablemente, en altos decibeles de aprobación por un conglomerado que aplaude “el darle pa’ bajo”, consigna que ahora es alimentada por la irrumpiente clave “ponerlo en 29”, usada por el Presidente Abinader, y convertida en sentencia contra aquellos a los que la Policía pone en las miras de las pistolas y fusiles que disparan sin ningún ahorro.
Esos números policiales pueden servir para explicar lo infundado de la percepción sobre la seguridad ciudadana: de los 625 homicidios registrados este año, cerca de 200 son productos de los aplaudidos “intercambios” , de los cuales 45 han ocurridos este mes, cifra que pudiera reducirse, algo que ya sucedió cuando un policía mató a un joven en Herrera, y la reacción ciudadana hizo paralizar por más de 25 días esas ejecuciones, condenándolas y reclamando el respeto a la vida de todo ciudadano, derecho que la Constitución le reconoce, pero que la Policía desconoce sin ningún rubor.
