Por Octavio Santos
Santo Domingo. La principal brecha de los hogares dominicanos empieza bajo techo: en la zona urbana, el 60.7 % de las viviendas no es propiedad de ningún miembro del hogar, según la ENHOGAR-MICS 2025. El dato, que incluye hogares en alquiler u otras formas de tenencia no propia, contrasta con la zona rural, donde el 57.3 % de las viviendas sí pertenece a algún integrante del hogar.
La cifra cambia la lectura habitual sobre las desigualdades. La ciudad concentra más servicios, más conectividad y mayor acceso a infraestructura, pero también muestra una presión evidente sobre la tenencia de la vivienda. En otras palabras, vivir en zona urbana no siempre significa mayor seguridad residencial. Para una parte mayoritaria de los hogares urbanos, la vivienda es un espacio habitado, pero no necesariamente asegurado como patrimonio familiar.
El informe básico de resultados de la ENHOGAR-MICS 2025, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con apoyo de UNICEF y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), presenta una radiografía amplia de las condiciones de vida de los hogares dominicanos. La encuesta se levantó durante 2025, a partir de una muestra probabilística de 35,238 viviendas distribuidas en todo el país, de las cuales se obtuvo una muestra efectiva de 29,676 hogares, con una tasa de respuesta de 98.6 %.
La vivienda urbana y la vivienda rural
El dato de la vivienda urbana plantea que en el campo hay más hogares con vivienda propia, pero peores condiciones de servicios básicos. En la ciudad hay más acceso a internet, inodoro, electricidad y recolección de basura, pero una mayor proporción de familias vive en viviendas que no les pertenecen. Esa doble realidad impide una lectura simple entre “lo urbano” como avance y “lo rural” como atraso.
La ENHOGAR-MICS 2025 recuerda que el derecho a una vivienda adecuada no se limita a tener un techo. Incluye seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad y ubicación. Bajo esa mirada, el 60.7 % de hogares urbanos sin vivienda propia funciona como un indicador de vulnerabilidad: aunque el hogar esté dentro de una zona con más servicios, puede estar sometido a pagos de renta, mudanzas forzadas, presión del mercado inmobiliario o falta de estabilidad residencial.
La brecha sanitaria
La brecha sanitaria muestra el otro lado del mapa. A nivel nacional, el 91 % de los hogares tiene inodoro como servicio sanitario y el 6.7 % utiliza letrina. Pero en la zona rural la proporción de hogares con letrina sube a 16.7 %. En la región Enriquillo, el rezago es más marcado: solo el 68.2 % de los hogares tiene inodoro, mientras el 27.1 % utiliza letrina.
Cobertura eléctrica
En electricidad, la cobertura es elevada, pero la continuidad no es igual para todos. El 96.9 % de las personas reside en hogares que usan electricidad como fuente principal de iluminación. Sin embargo, el promedio nacional del servicio es de 20.3 horas al día. La región Ozama o Metropolitana, que concentra la mayor proporción de hogares del país, registra un promedio de 18.7 horas diarias de electricidad, por debajo del promedio nacional. Es una señal relevante: la principal zona urbana y económica del país no necesariamente exhibe la mejor continuidad del servicio.
La gestión de residuos
La gestión de residuos evidencia una división todavía más fuerte entre campo y ciudad. En la zona rural, el 17.1 % de los hogares elimina los desechos sólidos quemándolos. En la zona urbana, esa práctica baja a 1 %. La quema de basura implica riesgos ambientales y de salud, porque libera sustancias contaminantes que pueden afectar el aire, el suelo, las aguas superficiales, las plantas, las personas y los animales. Aquí la brecha no es solo de comodidad; es de exposición directa a contaminación.
Pero las ciudades tampoco salen limpias en materia ambiental. En la región Ozama o Metropolitana, el 57.5 % de los hogares considera que está afectado por al menos una fuente de contaminación. A nivel nacional, las fuentes más reportadas son la música alta de bares, colmados o vecinos, con 40.4 %; la acumulación de basura, con 39.7 %; y el ruido de vehículos, talleres o plantas eléctricas, con 38 %.
La brecha digital
La brecha digital mantiene una forma conocida: casi todos tienen celular, pero no todos tienen internet en casa. El 92.7 % de los hogares dominicanos cuenta con teléfono móvil y el 89.4 % tiene teléfono inteligente. Sin embargo, solo el 56.2 % dispone de acceso a internet desde la vivienda. En la zona urbana, la proporción llega a 60.2 %, mientras que en la rural baja abarca a 45.5 %. Por regiones, Cibao Norte alcanza 67.7 %, mientras Enriquillo se queda en 39.4 %.
La diferencia importa, porque el celular no sustituye completamente al internet residencial. Un teléfono inteligente permite comunicarse, consumir contenido y hacer gestiones básicas, pero estudiar, trabajar, tomar clases virtuales, llenar formularios o sostener actividades productivas exige una conectividad más estable.
En salud y transferencias sociales
En salud, el país también presenta una cobertura incompleta, especialmente en la niñez. Según la ENHOGAR-MICS 2025, el 74.5 % de la población tiene seguro médico. Pero el 40 % de los niños y niñas menores de cinco años no posee seguro médico, y entre los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años el porcentaje sin cobertura es de 31.2 %. En contraste, el 76.6 % de las mujeres de 15 a 49 años está afiliada a un seguro médico.
Las transferencias sociales funcionan como amortiguador para una parte importante de los hogares. El 45.6 % reportó haber recibido al menos una transferencia social en los 12 meses anteriores a la entrevista. El peso fue mayor en los hogares encabezados por mujeres, con 52 %, frente a 40.5 % en los hogares con jefatura masculina. Los programas más mencionados fueron Aliméntate, con 33.5 %; Bono Gas, con 29 %; y Bono Luz, con 17.3 %.
Brechas duras en la niñez
La niñez concentra varias de las brechas más duras. En registro de nacimiento, el promedio nacional parece alto: el 91.5 % de los niños y niñas menores de cinco años tiene acta de nacimiento. Pero al mirar por niveles sociales, aparece la desigualdad: en el grupo más pobre, solo el 77.2 % tiene acta, frente al 99.1 % en el grupo más rico. La diferencia no es menor, porque el acta de nacimiento es la puerta de entrada a la identidad legal y a servicios como salud y educación.
La crianza también plantea alertas. El 37.9 % de los niños y niñas de 1 a 14 años experimentó algún castigo físico durante el mes anterior a la entrevista, según datos del informe. Además, el 12.1 % de madres o cuidadores considera que los niños necesitan ser castigados físicamente para ser educados. Esta brecha no es territorial únicamente; también es cultural y generacional, porque refleja prácticas de disciplina que siguen presentes en el hogar.
En alimentación infantil, el informe apunta a que el 70.4 % de los niños y niñas de 6 a 23 meses consumió al menos una bebida azucarada el día anterior a la entrevista, mientras que al 38.5 % se le dio alimentos no saludables.
La salud materna
La salud materna muestra avances claros, pero también interrogantes. La cobertura de atención prenatal por personal calificado es alta, pero el modelo de parto mantiene un peso muy elevado de cesáreas. Según los datos reseñados en el informe, el 68.2 % de los partos fue por cesárea y en los centros privados la proporción llegó a 87.9 %.
En fecundidad adolescente y maternidad temprana, las diferencias regionales vuelven a aparecer. A nivel nacional, la tasa de fecundidad adolescente es de 46 nacidos vivos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. En Enriquillo, la tasa sube a 81, mientras que en Cibao Sur baja a 29.1. Además, el 15.9 % de las mujeres de 20 a 24 años tuvo un hijo antes de cumplir los 18 años.
Las uniones tempranas profundizan el problema. El 27.6 % de las mujeres de 20 a 24 años se casó o unió antes de cumplir los 18 años. Entre las mujeres de 18 a 49 años, Enriquillo presenta los porcentajes más altos de uniones antes de los 15 y los 18 años, con 17.2 % y 42.2 %, respectivamente. En las adolescentes de 15 a 19 años, del grupo más pobre, el 22.8 %, está actualmente casada o en unión
