Por Gregorio Montero
La sociedad clama, más bien exige, de distintas formas y por diversas vías, que las instituciones públicas se coloquen a la altura de la necesidad de actuar con base en los principios de legalidad, racionalidad, eficacia, eficiencia y transparencia; dicho de otra forma, hay un reclamo latente para que las instituciones públicas y quienes sirven en ellas agreguen valor público con sus actuaciones, valor público que está asociado hoy al bienestar social y al desarrollo humano integral, en definitiva, a la solución de problemas sociales; en esta línea de pensamiento se inscriben y se pronuncian los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana, aprobada mediante la Ley No. 1-12. Aquí toma presencia y fuerza la reforma y la modernización de la Administración Pública, en tanto categoría científica y método de trabajo.
Bastante se ha teorizado y practicado sobre la reforma del Estado, muchos esfuerzos han sido desarrollados en casi todos los países de nuestra región; algunos logros se han obtenido, pero también muchas críticas se han formulado sobre el éxito de los procesos de reforma en algunos países y contextos. Si bien es cierto que en muchos casos los resultados de la reforma no han impactado de manera convincente, por motivos diversos, no menos cierto es que la justificación de estos en la actualidad está más que probada, pues la reforma constituye una oportunidad singular para fortalecer las instituciones públicas, y colocarlas en condiciones de catalizar la legitimidad que requieren los gobiernos para la gobernabilidad democrática.
La reforma administrativa, como proceso de cambio planificado, está asociada a transformaciones graduales que procuran la mejora y actualización de las normas, estructuras organizativas, servicios públicos, sistemas y procesos institucionales; los procesos de reforma aparecen acompañados, necesariamente, de esfuerzos de modernización que aportan las herramientas que hacen posible que las acciones reformadoras fluyan y tengan expresión práctica; dichas herramientas están asociadas a la cultura organizacional, comportamiento de las personas, procesos de gestión, procedimientos, trámites, innovación, soluciones tecnológicas, y otras.
En lo que respecta a la Administración Pública, es preciso entender que las acciones de reforma y modernización deben centrarse en el interés general, con un enfoque de ciudadanía, tomando en cuenta, y guardando coherencia, con el hecho axiomático de que la ciudadanía constituye en el siglo XXI el centro de atención y la razón de ser de las políticas públicas. Ahora bien, no cabe duda en que se hace necesario repensar con sentido crítico, y replantear los procesos de reforma, incorporando esa visión ciudadano céntrica, en la que, a las personas, en tanto sujeto de cambio, y por el reposicionamiento que han alcanzado frente a la Administración, se les reconozca el papel central que les corresponde.
En el caso dominicano, está en ejecución el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, aprobado mediante el Decreto No. 149- 21, el cual representa el mayor esfuerzo que se ha hecho en los últimos 20 años por imprimirle una visión sistémica y coherencia estructural al proceso de reforma institucional. El mismo fue el resultado del análisis crítico de los esfuerzos y experiencias acumulados en los últimos treinta años, de las buenas prácticas de otros países de la región y de un proceso de interacción con actores pertinentes de la sociedad dominicana, tales como representantes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, representantes empresariales, de organismos internacionales, y otros, que, desde sus propias perspectivas contribuyeron con la mejora de la propuesta; hay que agregar que el Plan fue analizado en el marco del Diálogo por la Reforma y la Eficiencia del Estado, convocado por el Presidente de la República, Luis Abinader Corona, y coordinado por el Consejo Económico y Social (CES); en este contexto, una de las mesas de trabajo constituida fue la de Reforma y Modernización de la Administración Pública.
El objetivo central del plan de reforma que se ejecuta es aportar a la transparencia, la calidad del gasto público, la oportuna prestación de los servicios públicos y al fortalecimiento institucional, con miras a garantizar derechos y calidad de vida a la ciudadanía, y generar valor público desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Se articula sobre la base de ocho ejes que, en sentido general, están dirigidos a consolidar el ordenamiento jurídico de la Administración Pública, impulsando la aprobación de nuevas normas y propiciando la aplicación de las normas vigentes; a la reestructuración de los órganos y entes de la Administración Pública, sobre la base de los principios de unidad, economía, coordinación y eficacia; a la mejora de los subsistemas técnicos de gestión de recursos humanos, enfocada en la profesionalización, el mérito, la estabilidad y la carrera administrativa.
Además, otros ejes están encaminados a la mejora regulatoria y la simplificación de trámites, con el que se procura acercar cada vez más las instituciones públicas a la ciudadanía, garantizar seguridad jurídica y propiciar un mejor clima de inversión; a la mejora de los sistemas transversales de gestión pública, a fin de lograr interoperabilidad y calidad de los datos que se ofrecen; al desarrollo del gobierno digital y la innovación, que contribuya a la facilitación de la vida de los ciudadanos y ciudadanas en su relacionamiento con la Administración Pública; a la reforma de sectores priorizados que, por las políticas y servicios públicos que gestionan las instituciones que los conforman, impactan de forma directa en el bienestar de las personas; y por último, a la reforma, modernización y mejora de la gestión de los gobiernos locales, que implica el acompañamiento en la implementación de los distintos componentes del plan general, de forma gradual, en los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales.
Se trata sin duda de una ambiciosa estrategia de reforma y modernización de nuestra Administración Pública, pero las deudas sociales e institucionales acumuladas, y la necesidad de avanzar de forma integral y progresiva, así lo demandan. Resta ahora que los actores gubernamentales responsables se coloquen en el nivel que demandan las circunstancias y la sociedad.
La capacidad de respuesta de las instituciones públicas a los problemas sociales es el indicador por excelencia de la Administración Pública del siglo XXI.
