POR SANTO SALVADOR CUEVAS
Puesto al desnudo el plan de alzarse con más de RD$309 millones, resulta normal, aunque risible, el que el señor Bartolomé Pujals, en un empeño desesperante por salvar su imagen, haga uso de los medios de comunicación para decir al país que "no ha violado la ley de compras y contrataciones", en un acto que a una sola empresa y sin licitación se pretendió adjudicarle más de RD$309,939 millones de pesos, sin agotar siquiera, ni la transparencia, ni el debido proceso, que en el marco jurídico se debe agotar, no solo para ser adjudicado, sino también para lograr las certificaciones en cada dependencia del Estado.
Palabras bonitas las hay, pero no convencen porque cómo justificar una adjudicación millonaria a una empresa con apenas ocho días de creada.
El país debe saber también que manos desde arriba actuaron para que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), le registrara en tiempo récord y en día no laborables un RNC a una institución fantasma, de esas que se creabn al vapor para timar las arcas públicas.
Los eventos que se vienen dando y que de acuerdo con la Dirección Compras y Contrataciones de esta gestión, son alarmantes, deben tener algún régimen de consecuencias.
Ese contrato fallido en la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación es la evidencia más clara de que el Estado dominicano está siendo asaltado por una asociación de vivos, que vinieron para marcharse preñados de papeletas.
Si a eso agregamos el contrato de Aerodom, que envuelve todo un esquema para garantizar la posterior impunidad, con la colocación de figuras y fichas bien pensadas en instituciones públicas como el Tribunal Constitucional, es para reflexionar profundamente.
Es decir, el asalto está, no solamente diseñado, sino también hay toda una estructura, para que en el día de mañana, salir todos ilesos.
