La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro agentes de la Policía Nacional y medidas coercitivas menos severas a otros siete, por su presunta implicación en la muerte de cinco hombres durante un operativo en el sector La Barranquita, el pasado 10 de septiembre.
Los agentes que cumplirán prisión son el sargento Hairo Mateo Morillo, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz y el cabo Yohandy Encarnación. Los otros siete deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos, presentarse periódicamente ante las autoridades y no podrán salir del país.
La medida judicial responde a los hallazgos iniciales de las investigaciones del Ministerio Público, que califican el hecho como una “ejecución extrajudicial”, en contraposición con la versión policial que habló de un intercambio de disparos. Las pesquisas, según el expediente, indican que las víctimas —Elvis Martínez Rodríguez, Julio Gómez, Carlos Guzmán Navarro, Edward Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez— habrían recibido disparos a corta distancia, en un operativo sin evidencia de fuego cruzado.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución, afirmó que las pruebas recolectadas apuntan a un uso desproporcionado de la fuerza y a inconsistencias en los informes policiales. “Estos hechos, que produjeron cinco muertes, no deben ser normalizados. La sociedad necesita saber qué ocurrió realmente y asegurar que no se repita”, declaró.
Por su parte, el abogado de una de las familias, Esteban Pérez, consideró insuficiente la decisión judicial. “Se debió imponer prisión a todos los implicados, dada la gravedad de los hechos y las inconsistencias de la versión oficial”, dijo, adelantando que podrían apelar.
En contraste, el abogado Carlos Balcácer, defensor de los policías, sostuvo que los agentes “actuaron dentro del marco de la ley” y que las víctimas portaban armas de alto calibre, lo que, según su alegato, podría constituir legítima defensa.
La audiencia, que se extendió por más de siete horas, culminó con la imposición de una orden de alejamiento a todos los procesados, prohibiéndoles acercarse a los familiares de las víctimas.
La medida de coerción será revisada el próximo 14 de enero, mientras el Ministerio Público continúa profundizando en las investigaciones para determinar responsabilidades individuales y esclarecer el operativo que dejó cinco muertos en La Barranquita.
