Lito Santana
Cuando pasaron las elecciones del 18 de febrero, que marcaron un hito en el cierre definitivo del proceso, al conocer los ganadores y contar todos los votos nulos y observados, en apenas cinco días, el Pleno de la Junta Central Electoral, de inmediato comenzó la evaluación de ese proceso.
El objetivo era levantar las incidencias propias de un certamen como ese, escuchar las observaciones de los partidos y las agrupaciones políticas e intercambiar impresiones con los miembros de las 158 Juntas Electorales que fueron las protagonistas en las votaciones municipales.
La idea fue superar las vulnerabilidades y fortalecer los logros alcanzados.
Y así, los magistrados recorrieron toda la geografía nacional, escuchando a viva voz las experiencias para aprender de ellas.
Al parecer, lo que se ha visto en los últimos días con diversas resoluciones del Pleno de esa entidad tiene mucho que ver con los casos conocidos en estas consultas y las observaciones de las entidades políticas y la sociedad civil.
Ante la denuncia de los partidos sobre la retención de los fondos económicos asignados por ley a estas instituciones, la JCE conminó al Gobierno a la erogación de esos emolumentos a estas entidades políticas.
Ante las quejas por el proselitismo alrededor de los recintos electorales, el uso de gafetes o afiches en el pecho de miles de activistas, la instalación de carpas en la que, supuestamente se variaba la voluntad popular a cambio de dinero, vino la resolución 18-2024, reforzando los alcances de la Policía Militar Electoral para evitar estas situaciones, con operatividad dentro y fuera de los recintos.
Ante la denuncia de compra de cédula y otros crímenes electorales, se fortaleció la colaboración de la Procuraduría Adjunta para Crímenes y Delitos Electorales, con más de 150 fiscales, entrenados para estos fines y dispuso la entrega de un mapa digital mediante el cual los funcionarios electorales de las 158 Juntas Municipales, con sólo un clip sobre cualquier demarcación geográfica, dispensa de manera automática los nombres y teléfonos de los fiscalizadores, para perseguir a los compradores de estos documentos, como también a quienes los venden.
Ante el uso de dinero para torcer la voluntad del votante, manipulando las facilidades del “Voto Asistido”, en el que, según denuncias, personas con sus facultades hábiles para votar, fueron asistidas por otros ciudadanos, violando la ley, la JCE impartió cientos de talleres de reforzamiento a los funcionarios de los colegios electorales, para que impidan esa práctica y se amparen en el poder que le dan sus funciones, para eliminarla.
Ante la denuncia de que al colegio electoral entraban a votar ciudadanos con celulares para fotografiar las boletas marcadas y mostrársela a quienes, supuestamente, le pagaban por ese voto, los funcionarios de los colegios electorales han sido alertados para que presten mayor atención a este detalle y se auxilien de las herramientas de la ley para que esos ciudadanos o ciudadanas no recurran a esa práctica non sancta.
Ante la denuncia de que la abstención electoral marcó hitos históricos en la práctica democrática del país, la JCE ha desplegado la mayor cantidad de publicidad en todos los medios de comunicación, desde los grandes periódicos, los canales de televisión, los medios digitales, las vallas publicitarias, los cristales de autobuses de transporte público o privado y la conformación de brigadas con muchachos y muchachas, que han visitado hasta los lugares más remotos del mapa nacional con operativos de motivación del voto e instrucciones de cómo ejercer ese derecho.
Ante la denuncia de que el Presidente de la República y candidato a la reelección, está usando los recursos del Estado para su provecho electoral, el Pleno de la JCE decidió suspender la entrega de bonos y nuevos programas de asistencia social, la entrega de tarjetas y beneficios especiales en favor de personas bajo cualquier modalidad, el otorgamiento de pensiones por parte de dichas instituciones, el aumento de la nómina en la Administración Pública Central y las entidades públicas autónomas y descentralizadas, hasta que termine el proceso electoral.
Es evidente que la JCE ha hecho todo lo posible en el marco de la ley para garantizar que las elecciones del 19 de mayo sean libres, transparentes y participativas, como todos los dominicanos de buena fe desean.
