Por Haivanjoe Ng Cortiñas
El reciente informe elaborado por la Asesoría de la Gobernación del Banco Central de la República Dominicana sobre el impacto del conflicto geopolítico en Medio Oriente y sus implicaciones para la economía dominicana tiene el objetivo de transmitir un mensaje de tranquilidad: la economía nacional posee suficientes fundamentos para absorber el choque petrolero internacional sin comprometer significativamente la estabilidad monetaria, cambiaria y financiera del país.
El documento está técnicamente bien estructurado. Explica la diferencia entre choques temporales y permanentes, reconoce el dilema clásico entre inflación y desaceleración económica y articula una narrativa coherente alrededor de la postura actual del Banco
Central. Sin embargo, una lectura más profunda revela contradicciones importantes entre el discurso oficial y los propios indicadores monetarios y fiscales de la economía dominicana.
La pregunta clave es si la estabilidad que hoy presenta la economía dominicana responde realmente a fundamentos estructurales sólidos o si, por el contrario, descansa sobre mecanismos temporales de contención monetaria, subsidios fiscales y abundante entrada de divisas externas.
Porque detrás de la aparente estabilidad comienzan a observarse señales de una economía crecientemente administrada para evitar desequilibrios mayores.
Uno de los puntos más debatibles del informe es el concepto de “neutralidad monetaria” utilizado por Banco Central. La institución sostiene que mantener sin cambios la tasa de política monetaria y posponer hasta 2027 el retorno de aproximadamente RD$46 mil millones correspondientes a facilidades de liquidez no
constituye una medida expansiva, sino simplemente una decisión destinada a evitar tensiones financieras innecesarias.
Sin embargo, cuando se observan los agregados monetarios en términos interanuales, la realidad luce distinta.
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 el dinero en sentido amplio (M3) aumentó en más de RD$347 mil millones; la oferta monetaria ampliada (M2) creció en más de RD$206 mil millones; y el medio circulante (M1) aumentó en más de RD$86 mil millones.
Estos no son movimientos marginales. Representan una expansión importante de la liquidez sistémica en un contexto donde la inflación continúa por encima del límite superior de la meta oficial del Banco Central.
A esto se suma otro dato relevante: la cartera de préstamos al sector privado registró una expansión anualizada de 9.3 % a abril de 2026, ritmo inferior al comportamiento históricamente observado en condiciones normales, cuando el crédito privado suele expandirse entre 12 % y 14 % anual.
Esto revela un fenómeno particularmente delicado: mientras la liquidez monetaria continúa creciendo, la transmisión crediticia comienza a desacelerarse. Es decir, la economía todavía opera con abundante dinero circulando en el sistema financiero, pero simultáneamente aparecen señales de moderación económica y mayor cautela bancaria.
Ahí surge uno de los principales dilemas de política monetaria actual.
Un endurecimiento monetario más agresivo para enfrentar posibles efectos inflacionarios de segunda ronda podría desacelerar aún más el crédito y afectar la actividad económica. Pero, al mismo tiempo, una postura demasiado flexible podría aumentar las presiones inflacionarias futuras y deteriorar las expectativas económicas.
Desde el ámbito monetario, la neutralidad no puede evaluarse únicamente observando la tasa de interés de referencia. También debe analizarse el comportamiento efectivo de la liquidez, el crédito y los agregados monetarios. Bajo esa perspectiva, resulta difícil sostener que la política monetaria dominicana opere hoy bajo condiciones plenamente neutrales.
Más apropiado sería afirmar que el Banco Central está ejecutando una política de contención flexible, intentando evitar que un endurecimiento monetario mayor termine generando tensiones financieras, macroeconómicas y fiscales más profundas.
Ahí comienza a revelarse el verdadero trasfondo de la ilusión de estabilidad económica.
El informe insiste en que el choque petrolero es esencialmente transitorio y que, por tanto, no justifica respuestas monetarias severas. El argumento tiene fundamento. Bajo esquemas de metas de inflación, los bancos centrales evitan endurecimientos excesivos frente a choques de oferta temporales debido a que estos no se originan en un exceso de demanda interna.
Sin embargo, la economía dominicana posee características estructurales que vuelven mucho más complejo ese razonamiento.
Las economías pequeñas y altamente dependientes de importaciones energéticas tienden a transmitir rápidamente los aumentos del petróleo hacia toda la estructura de costos internos como el transporte, alimentos, logística, construcción, servicios, y costos operativos generales.
El verdadero riesgo no radica únicamente en el aumento inicial del petróleo, sino en los efectos de segunda ronda: la propagación generalizada del choque hacia el resto de los precios de la economía. Y ese riesgo aparece subestimado en el informe.
Hasta el momento, los precios internos han sido parcialmente contenidos mediante una política agresiva de subsidios a los combustibles. Pero dicha estrategia comienza a mostrar claros límites de sostenibilidad fiscal.
El presupuesto nacional contemplaba aproximadamente RD$12 mil millones para subsidios energéticos durante 2026. Sin embargo, la ejecución acumulada ya supera los RD$18 mil millones, implicando más de RD$6 mil millones adicionales no previstos originalmente.
Eso significa que el Gobierno ha absorbido parte importante del incremento internacional del petróleo para evitar su traslado inmediato al consumidor final y contener temporalmente las presiones inflacionarias internas. Pero justamente ahí se encuentra uno de los principales riesgos macroeconómicos hacia adelante.
Si el Estado continúa ampliando subsidios, el déficit fiscal probablemente terminará siendo superior al originalmente contemplado en el presupuesto nacional de 3.1 % del PIB, aumentando las necesidades de financiamiento y el endeudamiento público.
Pero si el Gobierno decide reducir gradualmente los subsidios y transferir una mayor proporción del incremento petrolero hacia los consumidores, entonces la economía dominicana entraría en una segunda ola inflacionaria mucho más compleja y persistente.
Esa nueva ronda de aumentos tendría efectos amplios sobre transporte, alimentos, bienes importados, servicios, logística y estructura general de costos productivos. En ese escenario aumentaría la probabilidad de mayores presiones sobre las tasas de interés bancarias, podrían intensificarse tensiones sobre el mercado cambiario y se produciría una alteración importante en los precios relativos de la economía, fenómeno particularmente delicado en economías pequeñas y abiertas como la dominicana.
Otro aspecto relevante es la apreciación cambiaria presentada como evidencia de fortaleza económica.
El informe destaca que el peso dominicano se ha apreciado de manera importante durante 2026 pese al choque petrolero internacional. Sin embargo, simultáneamente las reservas internacionales aumentaron en más de US$1,100 millones en términos interanuales. Esto sugiere una fuerte participación del Banco Central en la administración cambiaria, apoyada además por elevados flujos externos provenientes de remesas, turismo, exportaciones de oro e inversión extranjera.
Aquí emerge una distinción fundamental: estabilidad estructural no es lo mismo que estabilidad administrada.
La estabilidad estructural proviene de productividad, diversificación exportadora y fortaleza industrial. La estabilidad administrada depende principalmente de entradas continuas de divisas y capacidad institucional de intervención monetaria. La economía dominicana parece desplazarse crecientemente hacia el segundo modelo.
Quizá la mayor debilidad del informe sea su insuficiente integración entre política monetaria y política fiscal.
El presupuesto vigente fue elaborado bajo un escenario de relativa normalidad económica y no para enfrentar un contexto internacional caracterizado por choque petrolero, tensión geopolítica y mayores presiones inflacionarias externas. Sin embargo, pese al evidente cambio del escenario macroeconómico, el Gobierno todavía no ha presentado una reformulación integral ni una reestimación oficial del marco fiscal correspondiente al presente año. Ese vacío adquiere una relevancia particularmente delicada.
Al 15 de mayo de 2026, el Gobierno Central había devengado más de RD$115 mil millones en intereses de deuda pública, equivalentes al 35.5 % del presupuesto anual destinado al servicio de intereses.
La combinación entre subsidios crecientes, expansión monetaria, desaceleración del crédito, elevado pago de intereses, y ausencia de reestimación fiscal, revela una economía cuya estabilidad depende cada vez más de administración macroeconómica y financiamiento continuo.
La economía dominicana no enfrenta una crisis inmediata, pero tampoco exhibe una fortaleza estructural tan sólida como la que intenta proyectar el discurso oficial.
El verdadero desafío nacional no consiste únicamente en administrar un choque petrolero temporal, sino en transformar un modelo económico altamente dependiente de importaciones energéticas, financiamiento, subsidios y flujos externos de divisas.
Mientras esa transformación estructural permanezca pendiente, la estabilidad seguirá dependiendo menos de la fortaleza productiva de la economía y más de la capacidad del ámbito fiscal y del Banco Central para administrar desequilibrios cada vez más complejos.
