Por Gregorio Montero
El Estado no puede cejar en la búsqueda de formas que le permitan ser eficaz en la solución de los problemas que la sociedad le coloca de frente, los cuales, dependiendo del éxito que tenga, son los que van a determinar su reconocimiento y legitimidad ante la ciudadanía, incluso, aunque suene exagerado, su posibilidad de sobrevivencia. En este sentido, estamos viendo que, desgraciadamente, en muchos países activistas anti-Estado, no políticos, logran posicionar su discurso y se alzan con el poder, ahora apoyados por medios masivos de comunicación, especialmente las redes sociales, que les facilitan hacer un uso inmoral de ellos bombardeando con fake news, con los que confunden y manipulan a los incautos receptores de mensajes engañosos.
Los fenómenos que amenazan seriamente la existencia del Estado se manifiestan de múltiples maneras, pero todos tienen un efecto común: minan su autoridad frente a la gente y les dan argumentos a algunos para arremeter contra su integridad y razón de ser, y promover formas de gobierno bajo premisas de tal pragmatismo que desdicen y pretenden pulverizar todos los postulados científicos y técnicos que durante tantos años de evolución política, estudios, investigaciones y esfuerzos se han consolidado científicamente. Lo peor es que esos que no creen en el Estado, que se asumen como mesías salvadores por su estridencia e influencia en las redes, no por sus conocimientos, experiencia y capacidad, se han ido posicionando en muchos países.
Pero algo es cierto, por los recurrentes y graves errores de los gobernantes, el Estado está en entredicho, lo que alimenta y da fuerza a quienes piensan de la manera descrita. Muchos gobernantes no han hecho bien su tarea, lo contrario, la han desnaturalizado con el personalismo, el autoritarismo y la corrupción. Pero esto no puede poner en juego el rol que le corresponde jugar a un Estado fuerte, debidamente institucionalizado, no personalizado, en la conducción equilibrada de la sociedad, que se hace cada vez más compleja; nada justifica dinamitar la figura estatal. Es a través del Estado que real y efectivamente se pueden resolver los problemas públicos, en consecuencia, lo que corresponde es luchar por su mejora y por elevar su capacidad de acción.
Es así que los institucionalistas siguen investigando y proponiendo nuevas formas científicas de gestión con el propósito de reforzar la capacidad estatal, donde aparece con fuerza la teoría del gobierno inteligente, basada en estudios modernos y en la observación cuidadosa del comportamiento de las instituciones públicas y de la ciudadanía, así como en el análisis del tipo de relacionamiento que entre ellos se va demandando mutuamente.
Para articular la tesis del gobierno inteligente, o como se ha difundido en inglés, del smart government, se reconoce el rol central que juegan en el diseño del Estado la planificación administrativa y el uso racional de las tecnologías que están disponibles, sabiéndolas como un medio, no como un fin, ni la razón de ser.
El gobierno inteligente se asume conceptual y técnicamente como un modelo de gestión pública dirigido a incorporar el uso intensivo de la tecnología de la información en los procesos administrativos, para identificar, analizar, planificar, abordar y resolver los problemas públicos. El gobierno inteligente trata la gestión estatal partiendo del ciclo de las políticas públicas y la mejora en la prestación de los servicios públicos, no coloca la tecnología como el centro de atención, sino al ciudadano, va más allá del software y el hardware, procura agregar valor público. El gobierno inteligente se plantea superar al gobierno digital, el que a su vez superó al gobierno electrónico, trata de imponer un enfoque de Administración Pública que privilegia los requerimientos de las personas.
El gobierno inteligente constituye una etapa evolutiva, que deja atrás la simple digitalización de los trámites administrativos para, además de ello, transformar la manera en que se gobierna, teniendo como soporte no solo la tecnología tradicional, incluyendo todas sus etapas, como la de la inteligencia artificial, sino también apoyado en todos los pilares del gobierno abierto: ética, transparencia, acceso a la información, datos abiertos, participación ciudadana. La tesis del gobierno inteligente es categórica al afirmar que la solución de los problemas públicos y la mejora de la vida de los ciudadanos está atada, necesariamente, a que las autoridades públicas tomen sus decisiones con base en datos e informaciones precisos y confiables.
Se plantea que bajo los influjos del gobierno inteligente la capacidad de respuesta del Estado puede ser aumentada y optimizados sus recursos, siempre que se articule una política tecnológica con una mirada estratégica; se entiende claramente que el análisis de grandes volúmenes de datos, junto a la automatización de los procesos, contribuyen, no solo a resolver problemas actuales de la ciudadanía, sino que permiten identificar potenciales situaciones futuras de conflictos. El gobierno inteligente plantea además la necesidad y posibilidad de convertir a los ciudadanos en co-creadores para la identificación y solución efectiva de dichos problemas y para la mejora de la prestación de los servicios públicos; los ciudadanos también poseen una inteligencia que pueden aportar.
El gobierno inteligente apuesta a que el desarrollo tecnológico del Estado se produzca en un contexto que garantice la interconexión de los sistemas de las instituciones y los distintos niveles del gobierno, para que haya un adecuado intercambio de las informaciones que todos manejan y que todos necesitan para el funcionamiento coherente y predecible de todo el sector público. Sin interoperabilidad en la Administración Pública los sistemas informáticos, así está demostrado, contribuyen muy poco, por no decir que nada, al despliegue eficiente de las políticas públicas y al desarrollo nacional; claro está que esto demanda a su vez exigentes niveles de seguridad cibernética en el Estado, que imponen criterios que requieren estricta observación.
Es muy probable que uno de los puntos de encuentros más relevantes y difíciles de la teoría del gobierno inteligente con la teoría del gobierno abierto es la colaboración entre el Estado, academia, sociedad civil y empresa privada; decimos difícil porque cada sector se empecina en mantener sus prejuicios y conservar sus egos, nada más dañino que esto para avanzar en la mejora del sector público y de la sociedad. De lo que se trata es de que todos estos actores desarrollen un trabajo conjunto, cada uno haciendo su necesario aporte desde sus conocimientos, capacidades y experiencias, es decir, desde su propia inteligencia, inspirados en el principio de la innovación abierta, y contribuyendo en la búsqueda de las soluciones a las grandes dificultades que se presentan a nivel nacional.
La Comunidad Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó en el año 2022 el documento titulado “Desde el Gobierno Digital hacia un Gobierno Inteligente”, en el que avala la definición sobre gobierno inteligente aportada por el investigador Carlos Jiménez (2015), que plantea que el mismo “es aquel cuyo modelo de gobernanza se caracteriza por el uso inteligente de las TIC, por la maximización de los resultados positivos asociados al gobierno abierto y donde, además, se incorporan otros elementos de forma generalizada, como la interoperabilidad o la innovación abierta.”
Todos los enfoques sobre el gobierno inteligente coinciden en que este constituye una etapa evolutiva y superior del gobierno digital y en que existen tres cuestiones centrales que inciden en su configuración: el contexto social, el modelo de gobernanza y el valor público que se debe agregar. Estas cuestiones aseguran tiempos óptimos de respuesta estatal, atención proactiva a la ciudadanía, cercanía con la ciudadanía y transparencia, pero hay que entender que todo esto amerita de un compromiso político y social, como de un sistema normativo que sirva de sustento a las complejas decisiones que deben tomarse para garantizar su entorno, especialmente lo relacionado con la privacidad y la seguridad.
Otra condicionante está asociada a lo que muchos denominan la conciencia digital, con lo que se alude a la capacidad que deben desarrollar los funcionarios públicos para interpretar correctamente los complicados y extremos fenómenos tecnológicos que se están produciendo y que inciden en el gobierno digital; lo mismo debe ocurrir con la ciudadanía.
El gobierno digital es una estrategia de gestión pública que puede transformar la forma en que actúa el Estado, y con ello impactar y aportar el valor público que tanto exige y merece la gente.
