Por Héctor Linares
La crisis coyuntural que causó el conflicto en Medio Oriente le proporcionó al Gobierno dominicano el medio que necesitaba para buscar una solución parcial a un problema estructural de la economía en el área fiscal.
A cuatro meses de iniciada, ya la escalada de los precios del petróleo ha comenzado a ceder y ahora la cotización del crudo busca los niveles prevalecientes antes de la última semana de febrero, alrededor de US$74.00 el barril. El descenso es fruto de las negociaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con Irán. El martes 23 de junio el crudo rondaba los US$84.00 el barril.
La escalada alcista llevó el barril del llamado oro negro a cotizarse por encima de US$100.00 durante varias semanas, generando una crisis mundial que, en el caso dominicano, con una economía que importa el 100 % de sus necesidades petroleras, estaba afectando las cifras fiscales, y presionando los precios internos, poniendo la inflación anualizada fuera del nivel superior (5 %) proyectado. La situación comenzó a afectar negativamente a la economía dominicana, en cuyas finanzas publicas se comenzaron a registrar niveles elevados de subsidios sociales y en los precios de los combustibles.
El Gobierno se vio compelido a presentar un paquete de medidas anticrisis, que incluyen creación de impuestos y aumento de tasas en tributos existentes. El Gobierno no llamó reforma fiscal ni tributaria la iniciativa, pero los componentes de esta la ubican en esa definición.
Mientras tanto, la desescalada iniciada visiblemente la semana pasada devuelve los precios del crudo a los niveles previos al comienzo de la crisis y halla al Gobierno como dueño de un anhelado escenario de reforma fiscal que no pudo conquistar en dos intentos anteriores en poco más de cinco años de gestión.
Un posible balance de la situación generada por la crisis pone al Gobierno en ventaja relativa. Aunque tuvo que aumentar los subsidios, incrementando el gasto presupuestario, que en el caso los combustibles son recuperable con solo “manejar” la proporción de las bajas de los precios internos de los derivados de petróleo en las semanas de caída del costo del crudo. En esta semana la cotización de los combustibles quedó invariable y el mercado petrolero se movía en baja, proyectando el fin de la crisis en el suministro de petróleo y con ella, de los precios altos.
Mientras tanto, el Gobierno quedó con el escenario favorable para “pasar” como medidas anticrisis lo que en realidad es una reforma fiscal menor que la presentada y retirada en noviembre del 2024. La propuesta de ahora, que técnicamente es una modificación al sistema impositivo, toca el Impuesto sobre la Renta, el ITBIS a las importaciones informales, los selectivos al consumo aplicado a alcoholes, tabaco, seguros, modifica la escala de la tributación de las bancas de loterías y apuestas deportivas y sube los impuestos a los cheques y transferencias bancarias.
Asimismo, grava con un 15 % los servicios digitales y sube US$10.00 (el doble) el impuesto de salida.
Según el ministro de Hacienda, Magin Díaz, más del 90 % de la recaudación proyectada en la propuesta provendría del 1 % de la población más rica. Algunas de las dos posiciones, como el aumento de la tasa máxima a 27 % del ISR a las personas físicas y 30 % a las empresas, son de duración corta, tres años. Pero la experiencia dominicana enseña que los impuestos transitorios tienen una alta vocación de eternidad, porque las recaudaciones crean costumbres presupuestarias de difícil eliminación.
La tasa del 18 % del ITBIS, debió retornar al 16 % en el 2016, pero no ha sucedido ese desmonte de 2 puntos porcentuales, que estaba condicionado a que la presión tributaria llegara en el 2016 aun 16 %.
Según la propuesta, el monto proyectado a recaudar es de unos RD$50,000 millones, aproximadamente 0.5 % del producto interno bruto (PIB). Seria un valor para disminuir el déficit fiscal estructural, porque los gastos adicionales de la crisis se compensarían, los vinculados al subsidio de los combustibles, con la ralentización de las rebajas de precios que indiquen los iniciados descensos de las cotizaciones del crudo.
No la creó, pero la aprovechó
La crisis incubada por el conflicto en Medio Oriente, agravada por el cierre del estrecho de Ormuz, el tránsito del 20 % del petróleo mundial, no la creó el Gobierno dominicano. Pero terminará beneficiándolo porque le posibilitó presentar una reforma fiscal que en otras dos ocasiones no pudo, incluyendo una propuesta en el 2020 durante la crisis sanitaria del COVID-19.
La propuesta de ahora replica escenarios de disfrazar propuestas impositivas, cuando han sufrido anteriores rechazos. La primera ocurrió en el año 1982, cuando el Gobierno de entonces presidido por Salvador Jorge Blamco presentó el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBI). Dos años antes, en 1980, al gobierno encabezado por Antonio Guzman, se le rechazó el IVA (Impuesto al Valor Agregado). En 1982 fue presentado con diferente nombre, pero con igual concepto tributario. Inició sin tocar los servicios y con una tasa del 6 %. Ya toca muchos servicios y tiene una tasa general de 18 % y una de 16 % para unos ocho productos de la canasta alimenticia.
Historia tributaria turbulenta
Aunque hay corrientes de pensamiento que dicen que en tiempo de crisis es contraproducente poner impuestos, porque pueden provocar ralentización económica, la historia refleja que los grandes cambios y reformas tributarias de las últimas cuatro décadas han sido hechas en situaciones de dificultades económicas.
En la crisis de los 90, cuando el suministro de combustibles escaseaba y hasta desaparecía por días, el gobierno de entonces encabezado por Joaquin Balaguer, aprovechó la situación de desesperación en la población para subir los precios de las gasolinas y conjurar el déficit financiero que estaba causando problemas en la refinería de petróleo, entonces el único importador y procesador de combustibles. Se creó un llamado “diferencial” de petróleo, una especie de impuesto administrativo, aplicado discrecionalmente por el Gobierno.
Esa crisis creó las bases para la temporada de reformas estructurales de esa década, que se realizaron en el 1992, con el Código Tributario aprobado por la ley 11-92, para muchos la única y verdadera reforma hecha en el país.
La otra gran reforma, casi similar a la del Código Tributario, fue la de la ley 253-12, y fue presentada tras la crisis fiscal del 2012, cuando hubo un déficit en las finanzas publicas de aproximadamente un 8% del PIB.
En el 2005 hubo otra reforma fiscal importante, la que no necesariamente fue motivada en una crisis, sí fue para compensar el faltante en las recaudaciones aduaneras provocado por el acuerdo de libre comercio firmado en 2004 por el país con Estados Unidos y Centroamérica, el llamado DR CAFTA.
En el año 2009, cuando se sentía la crisis financiera internacional, la iniciada por las hipotecadas “subprime” en Estados Unidos, en República Dominicana se hicieron ajustes tributarios, como gravar las bancas de loterías y deportivas, las cuales ahora también están en la mira fiscal del Gobierno.
Una revisión de las más importantes iniciativas fiscales adoptadas en RD refleja que han sido concebidas en momentos de turbulencias o dificultades económicas. Algunas bajo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En momentos de bonanzas no se ha impuesto carga ni sacrificio, además de que no se justifican.
