La Dirección General de Contrataciones Públicas informó que ha concluido el proceso de investigación de dos denuncias presentadas contra la licitación para la "contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo".
En relación a esto, hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa y movimientos sospechosos de accionistas, entre otros. Estos hallazgos nos motivan a presentar ante el Ministerio Público los resultados de la investigación con el propósito de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, para identificar al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.
Por lo tanto, anunciamos que las dos resoluciones que se están emitiendo y notificando en el día de hoy, junto con los hallazgos del informe de cumplimiento, serán remitidos a la Procuraduría General de la República y, de manera específica, a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción, para verificar las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que podrían constituir indicios razonables de conductas de índole penal.
A raíz de los hallazgos detectados en las investigaciones realizadas, hasta este momento, en colaboración con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, el órgano rector llevará a cabo el procedimiento administrativo sancionador en relación a Transcore Latam, SRL, para determinar las consecuencias jurídicas acordes con la naturaleza de las irregularidades y hechos mencionados en estas resoluciones.
Es importante destacar que, debido a violaciones graves al debido proceso, esta Dirección General declara la nulidad de pleno derecho del primer "Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas" y el "Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas". Esto implica la nulidad del contrato mencionado, ya que se comprobó que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, basados en los informes señalados, carecen de validez. Por lo tanto, ningún acto relacionado con la evaluación y adjudicación de la empresa Transcore Latam, S.R.L., emitido por el INTRANT, puede tener los efectos jurídicos deseados.
Relato de los hechos
En respuesta a las alegaciones sobre la supuesta negativa del órgano rector a acompañar a la entidad contratante como veedor, quiero señalar que, debido al criterio de descentralización operativa del sistema de compras establecido en el artículo 34 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, cada entidad es responsable de la gestión de sus procesos, desde la elaboración hasta la ejecución del contrato.
No obstante, me gustaría presentar una especie de cronología de los hechos que permita entender los antecedentes y desarrollo del procedimiento mencionado, incluyendo nuestras actuaciones en el marco de nuestras competencias.
El 20 de febrero de 2023, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre publicó un procedimiento de Licitación Pública Nacional por un monto estimado de RD$1,200,000,000.00.
El 14 de marzo de este año, enviamos nuestras observaciones al procedimiento a la Unidad de compras del INTRANT a través de nuestro Sistema de Monitoreo Preventivo. Como resultado, el 28 de marzo, la entidad contratante publicó una enmienda que modificaba el Pliego de Condiciones Específicas, tanto en el cronograma de actividades como en otros aspectos técnicos del procedimiento de contratación.
El 11 de abril, los oferentes Transcore Latam, SRL y el Consorcio de Seguridad Sostenible presentaron sus ofertas, y el oferente Transcore Latam, SRL resultó adjudicatario por un monto de RD$1,317,350,997.00. La entidad contratante adjudicó por un monto mayor al inicialmente previsto para esta licitación, comprometiendo al Estado por encima de su disponibilidad, lo que podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes.
El 19 de junio se firmó el contrato entre el INTRANT y TRANSCORE LATAM, SRL, y el 6 de julio de 2023, esta Dirección General notificó al INTRANT las denuncias presentadas por Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A. (SICTRANSCORE LATINOAMÉRICA). Estas denuncias alegaban que la razón social Transcore Latam, S.R.L. había utilizado informaciones falsas o fraudulentas, o adulteradas de otras fuentes públicas disponibles, con el propósito de participar como oferente en el procedimiento.
En dicha comunicación, orientamos al INTRANT sobre el debido proceso para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., en el entendido de que los hechos denunciados podrían constituir una infracción administrativa dentro del marco del procedimiento de contratación, que podría resultar en la aplicación de la sanción de inhabilitación permanente contra el proveedor en caso de determinarse la presentación de informaciones o documentos falsos o adulterados en el proceso de contratación. A pesar de esto, no hemos recibido ninguna respuesta del INTRANT sobre este asunto hasta el día de hoy.
El 25 de octubre de 2023, la Dirección General de Contrataciones Públicas envió otra comunicación al INTRANT indicando que, dado que no habían presentado ningún informe en relación a las denuncias comunicadas el 6 de julio de 2023, se llevaría a cabo una investigación con todos los trámites que requiere el debido proceso para verificar el cumplimiento o incumplimiento de causales de nulidad o anulabilidad.
