Por Santo Salvador Cuevas
En un régimen de derecho debe prevalecer siempre el respeto a las decisiones que emanan los tribunales competentes.
A menos que no vivamos en un país en donde se pretende dar a la justicia ribetes de independiente, solo hasta el momento que el juez actúe con total independencia.
El plan contra la justicia inició al momento en que el presidente de la República, en conciereto con sus aliados de la Fuerza del Pueblo, estructuran un aparato persecutor con integrantes comprometidos con la retaliación, como la magistrada Doña Mirian Germán y una ex Fiscal del Distrito en los gobiernos de Leonel Fernández.
El plan perfecto
Con esa estructura, a la que se ha pretendido siempre presentar como "justicia independiente", le fue suficiente al gobierno y sus aliados desatar la más ruin de sus cacerías contra los ex funcionarios del pasado Gobierno de Danilo Medina, a quienes se les violó el debido proceso, se aplicó toda clase de abusos y atropellos, como el de usar la madrugada para humillar y sacar en calzoncillos; colocar casco de hierro y pasearlos por la ciudad, tal si estuviéramos en la antigua Roma con Barrabás en el pelotón de acusado.
Así también usaron el poder mediático para presentar como delincuentes a sus acusados, sin que medie siquiera la acción de los jueces.
Pero el Gobierno, por si acaso falla la acción de la justicia independiente, se empeñó también en la creación por decreto de los llamados fiscales del Estado, tal "perros sedientos al servicio de lo que diga el partido y el jefe de Estado”.
Es así como el PRM, la Fuerza del Pueblo y Luis Abinader, proceden rechazando la decisión de los tribunales, que no encontraron pruebas en las acusaciones contra Gonzalo Castillo y Ramón Peralta, procedieron favoreciéndolos con un no ha lugar zafándolos del odio y el miedo palaciego.
Si el gobierno respetara las reglas de juego que en materia de justicia establece la Constitución, entonces la decisión de la jueza Altagracia Ramírez fuera sagrada y asumida con respeto.
Pero lo que acontece en el mundo político genera miedos, tanto en el PRM, la Fuerza del Pueblo y los funcionarios más cercanos al Palacio Nacional.
Es por el miedo al crecimiento político de Gonzalo Castillo, que el gobierno ha ordenado a los abogados contratados por decreto, para que se opongan a la decisión de la jueza Ramírez, quien declaró el no ha lugar contra el mamotreto acusatorio.
El miedo a Gonzalo Castillo viene desde las filas del PRM y la FP, quienes van en picada ante el crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la acogida social y política de Gonzalo Castillo.
El gobierno debe pensarlo muy bien, pues el 2028 podría traer la sorpresa de que la torta en el Palacio Nacional cambió de dueños, y lo que quede sean los papeles, las decisiones, los abusos, el plan ilegal y la acción criminal de unos funcionarios y políticos que en sus actuaciones piensan que al poder se llega para siempre.
Cuidadito, la advertencia está sobre el tapete.
