Por Máximo Calzado Reyes
Los ciudadanos no acuden a las urnas a ejercer su derecho constitucional y legal por diferentes razones, entre las cuales están: decepcionados de los políticos, promesas incumplidas, observado escándalos de corrupción sin consecuencias. Estas situaciones, entre otras, contribuyen de manera significativa a provocar altos niveles de abstención tanto en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.
Para ejemplificar todo esto, hay que hacer referencia a las elecciones presidenciales de mayo de 2024, cuando la abstención electoral en la República Dominicana alcanzó el 45.63 %. De los 8,145,548 electores inscritos, aproximadamente 3.7 millones no votaron. El resultado fue jurídicamente válido, pero reveló una realidad difícil de ignorar: casi la mitad del electorado permaneció fuera de la decisión que determinaría quién gobernaría el país durante cuatro años.
La abstención no invalida automáticamente una elección, un gobierno escogido mediante comicios libres, competitivos y organizados conforme a la Constitución conserva plena legalidad. Sin embargo, legalidad y legitimidad política no son conceptos idénticos.
Cuando la participación disminuye, el gobierno puede ser elegido por una mayoría de los votos válidos, pero representa directamente a una proporción mucho menor del padrón electoral. Esto estrecha la base social del mandato y debilita la capacidad gubernamental para tomar determinadas decisiones como expresión amplia de la voluntad popular.
El problema se hace más evidente cuando deben aprobarse reformas fiscales, modificar derechos, imponer sacrificios económicos o transformar servicios esenciales. En esos momentos, una parte de la sociedad puede preguntarse: ¿con qué respaldo se toman estas decisiones?
Un mandato político debilitado no significa necesariamente un gobierno incapaz de actuar. Significa que deberá construir mediante transparencia, resultados y diálogo, la legitimidad que no recibió completamente en las urnas. Si responde con arrogancia, exclusión o propaganda, la distancia entre gobernantes y gobernados puede profundizarse.
La abstención también altera el equilibrio de la representación, no todos los ciudadanos dejan de votar en la misma proporción. Las estructuras partidarias disciplinadas, los grupos con recursos y las redes clientelares conservan mayor capacidad de movilización. Mientras menos personas participen, mayor es el peso relativo de esas minorías organizadas.
Entonces aparece una contradicción inquietante: quienes se retiran para castigar al sistema pueden terminar fortaleciendo precisamente las prácticas que rechazan. Sin embargo, responsabilizar exclusivamente al ciudadano sería injusto. La abstención también constituye un mensaje dirigido a los partidos. Puede expresar desconfianza, falta de opciones, cansancio frente a candidaturas repetidas o rechazo hacia organizaciones que recuerdan al elector solamente durante las campañas.
La participación no se recupera culpando a quien no vota, se recupera ofreciendo propuestas creíbles, democratizando los partidos, sancionando la corrupción y demostrando que la política puede producir cambios reales.
Cuando un ciudadano no vota, la elección continúa, los cargos se distribuyen, las autoridades reciben facultades, el presupuesto se administra y las decisiones se toman. El espacio abandonado no queda vacío: es ocupado por quienes sí participan.
Votar no significa renunciar al pensamiento crítico ni respaldar ciegamente el sistema. Significa intervenir en la selección de quienes ejercerán el poder y conservar autoridad moral para exigirles cuentas.
La democracia no se debilita únicamente cuando alguien altera una urna, también se deteriora cuando millones concluyen que depositar su voto carece de sentido. Un gobierno con escaso respaldo electoral puede ser legal. Pero difícilmente podrá considerarse políticamente fuerte si una parte significativa de la sociedad no se reconoce en su origen ni confía en su dirección.
En resumen, la abstención es silencio, pero no neutralidad, mientras la mayoría permanece en casa, una minoría decide quién gobierna, con qué prioridades y para beneficio de quién. Y cuando la ciudadanía entrega su lugar en las urnas, el poder no desaparece.
Por tales razones, lo ideal es que todos los ciudadanos cada cuatro años ejerzan el poder que tienen como soberano de decidir quienes nos gobiernan. Por consiguiente, tu voto convierte tu opinión en decisión ¡No dejes vacío tu lugar, vota con conciencia! Decide con libertad.
