Por Federico Pinales
Un hombre, hermano de ocho mujeres, padre de dos hijas y abuelo de otras dos criaturas femeninas jamás podría prestarse a defender a un “violador” de niñas; pero la conciencia y los sentimientos humanos de un periodista objetivo, amante de la justicia, tampoco sería capaz de auto silenciarse frente a un acto criminal, como lo es “una acusación falsa” contra un ser humano “inocente”.
De ser ciertos los alegatos de personas íntimamente ligadas al acusado y a familiares de la supuesta víctima, en el caso hay envuelto “un arroz con mango” muy delicado que mezcla intereses personales, políticos y económicos, que comprometen seriamente la versión de la niña supuestamente “violada”, la de familiares de la misma y a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
1- A la niña, porque supuestamente se “inventó una historia”, ayudada por alguien para hacerle daño al regidor, “apresado irregularmente, más de una semana antes de haberse presentado la querella formal”.
2- Al Partido de gobierno porque supuestamente “gestionó” y logró la imposición de la medida de coerción para justificar medidas disciplinarias contra el acusado y limpiar la imagen del partido, con lo cual lo condenaban públicamente, antes de concluir el proceso de investigación y deliberación judicial del caso.
Por tratarse de un tema tan delicado, obviamos la publicación de los nombres de la niña y del regidor, hasta que la justicia determine y dé a conocer la verdad de los hechos, con la esperanza de que si real y objetivamente se comprueban los hechos, el culpable pague ejemplarmente, y de lo contrario, que se haga justicia contra quienes idearon, planearon y ejecutaron esa “vil mentira”, para sepultar moral y políticamente a un joven político.
Se cuestiona la ausencia de los nombres del padrastro y el de la abuela de la “víctima”, ya que supuestamente fueron los primeros informados, no las autoridades de la escuela.
Se asegura también que hubo envuelta una operación de 500,000.00 pesos para cambiar la versión original y lograr así una posible condena al regidor y su posterior expulsión del Ayuntamiento y del partido que le sirvió de plataforma para llegar al cargo (el PRM).
