Por Máximo Calzado Díaz
La corrupción administrativa no solamente desvía dinero público. También puede desviar oportunidades, deteriorar instituciones y comprometer el futuro de generaciones enteras. Cuando ocurre en el sistema educativo, sus efectos adquieren una dimensión particularmente grave: los recursos que debían convertirse en aulas, libros, tecnología, alimentación escolar, capacitación docente o infraestructura terminan sin producir plenamente el beneficio social para el cual fueron destinados.
La corrupción puede manifestarse mediante sobrevaluación de obras, contrataciones direccionadas, pagos por bienes o servicios que no se entregan adecuadamente, conflictos de interés, nóminas irregulares, favoritismo en la contratación de personal, manipulación de procesos de compras o utilización política de recursos educativos.
El daño económico es apenas la primera consecuencia, supongamos que una escuela presupuestada en RD$100 millones termina costando RD$140 millones como consecuencia de prácticas ilícitas. Los RD$40 millones adicionales no representan únicamente una diferencia contable. Constituyen recursos que pudieron financiar otras necesidades educativas.
En este contexto, la pregunta obligada es ¿Por qué aparece la corrupción?, no existe una única causa. La corrupción administrativa suele desarrollarse donde coinciden debilidad institucional, discrecionalidad excesiva y controles insuficientes.
Una primera causa es la falta de transparencia. Cuando resulta difícil conocer quién contrató, cuánto se pagó, qué debía entregarse y qué efectivamente recibió el Estado, aumentan las posibilidades de irregularidades.
Una segunda causa es la debilidad de los controles internos y externos. No basta con tener procedimientos escritos. Es necesario verificar su cumplimiento y establecer consecuencias cuando son vulnerados.
También influye la politización de determinadas decisiones administrativas. Cuando el mérito, la competencia técnica y las necesidades educativas son desplazados por relaciones personales, intereses particulares o clientelares, la calidad institucional se deteriora.
A ello se suma la impunidad. Si una irregularidad detectada no es investigada oportunamente o, cuando corresponde, sancionada, se genera un incentivo peligroso: la percepción de que incumplir puede resultar rentable.
Las consecuencias pueden observarse en múltiples niveles, una infraestructura sobrevaluada o deficientemente construida puede significar aulas deterioradas. Una compra irregular puede traducirse en equipos tecnológicos inservibles. Una contratación basada en favoritismo puede colocar personas sin las competencias necesarias en funciones esenciales.
Pero existe una consecuencia todavía más profunda, la desigualdad, las familias con mayores recursos pueden compensar parcialmente las deficiencias del sistema mediante colegios privados, tutorías, dispositivos tecnológicos o formación complementaria. Las familias vulnerables dependen mucho más intensamente de la calidad de los servicios públicos.
Por eso la corrupción educativa puede terminar castigando con mayor severidad precisamente a quienes tienen menos posibilidades de escapar de sus consecuencias. Partiendo de las consecuencias negativas de la corrupción, surge la pregunta ¿Cómo enfrentarla?, la respuesta requiere algo más que aumentar las penas. La prevención debe comenzar desde el diseño mismo de la administración educativa.
Los procesos de compras y contrataciones necesitan trazabilidad completa, desde la identificación de la necesidad hasta la recepción y evaluación final del bien, obra o servicio. Los ciudadanos deberían poder conocer de manera accesible qué se compró, cuánto costó, quién resultó contratado y si cumplió.
Además, hay que fortalecer las auditorías basadas en riesgos, los controles internos, la profesionalización del personal, las declaraciones y gestión de conflictos de interés, los canales protegidos de denuncia y los mecanismos efectivos de responsabilidad administrativa, civil y penal cuando corresponda.
La tecnología puede ayudar, sistemas interoperables de contratación, presupuesto, inventario y ejecución permiten detectar precios atípicos, proveedores recurrentes, modificaciones contractuales sospechosas y diferencias entre lo contratado y lo recibido.
Pero, por suerte, existe un mecanismo todavía más poderoso: convertir la transparencia en control social, donde padres, docentes, estudiantes, periodistas, organizaciones sociales y órganos fiscalizadores deberían disponer de información suficiente para seguir el recorrido del dinero destinado a la educación.
En conclusión, convertir la corrupción educativa no consiste solamente en recuperar lo robado. Implica, impedir que vuelva a ocurrir. Es ahí, donde está la clave cuando los ciudadanos entendamos la importancia de participar en la fiscalización y control de los fondos públicos, como lo ordena y manda la Constitución en los artículos 22.4, 22.5, 75.12 y 256, la idea es que a través de la participación dejemos de ser habitantes y nos convirtamos en ciudadanos.
