Por Máximo Calzado Reyes
La integridad electoral no se destruye únicamente mediante el fraude cometido durante la votación. También puede quebrarse mucho antes, cuando el dinero ilícito, oculto o desproporcionado determina quién puede competir, quién domina el debate público y quién queda prácticamente excluido de la contienda. Por eso, la sanción aplicable a las infracciones del financiamiento político constituye el cuarto pilar del Índice de Convergencia del Financiamiento de los Partidos Políticos (ICFP).
Cuando los partidos incumplen las reglas establecidas por el ordenamiento electoral, corresponde a la Junta Central Electoral ejercer sus atribuciones de supervisión y control. La Cámara de Cuentas, por su parte, fiscaliza el uso de los recursos públicos entregados a las organizaciones políticas. Sin embargo, la existencia de controles institucionales no garantiza, por sí sola, la integridad del sistema. Si las irregularidades detectadas no producen consecuencias, la fiscalización se convierte en una ceremonia burocrática.
La sanción es el momento en que el sistema revela su verdadera seriedad. Sin consecuencias efectivas, las reglas dejan de ser mandatos y pasan a funcionar como simples recomendaciones. Cuando las sanciones son tardías, insignificantes o difíciles de ejecutar, la infracción puede transformarse en una estrategia racional: el partido calcula que los beneficios electorales obtenidos mediante el incumplimiento serán superiores al costo eventual de la penalidad.
La jurisprudencia estadounidense permite observar esta tensión. En Buckley v. Valeo (1976), la Corte Suprema admitió determinadas limitaciones a las contribuciones y obligaciones de transparencia para prevenir la corrupción o su apariencia. En Citizens United v. Federal Election Commission (2010), en cambio, amplió la protección de los gastos políticos independientes realizados por corporaciones y sindicatos. Esta última decisión no eliminó los límites a las contribuciones directas, pero incrementó el peso del dinero privado en la competencia electoral y, con ello, la necesidad de controles más rigurosos.
La explicación formulada por Susan Rose-Ackerman resulta especialmente útil: la corrupción y otras conductas ilícitas responden a una estructura de incentivos. Si el beneficio esperado del incumplimiento supera la probabilidad y el costo de la sanción, la conducta persistirá. No basta, por tanto, con aumentar las multas. La respuesta debe reunir certeza, proporcionalidad y oportunidad.
Una sanción cierta reduce la expectativa de impunidad; una sanción proporcional evita tanto la indulgencia como el castigo arbitrario; una sanción oportuna impide que el infractor disfrute durante años de las ventajas obtenidas. Todo ello debe articularse con el principio de legalidad, el derecho de defensa y el debido proceso. La eficacia sancionadora no autoriza decisiones improvisadas ni políticamente selectivas.
La Corte Interamericana ha insistido en que los derechos políticos requieren garantías efectivas y condiciones reales de igualdad. Desde esa perspectiva, tolerar el financiamiento irregular significa permitir que el poder económico distorsione la voluntad popular.
En conclusión, en la República Dominicana no enfrenta simplemente un déficit normativo. Afronta un déficit de trazabilidad, oportunidad, interoperabilidad y consecuencias. La fiscalización actual sigue dependiendo en exceso de lo que los propios sujetos obligados deciden declarar y, en ocasiones, produce resultados cuando la ventaja electoral ya fue consumada.
El objetivo no debe ser acumular informes, sino reconstruir el recorrido completo del dinero: quién aportó, por qué medio, a quién benefició, en qué se gastó y qué relación posterior mantuvo el aportante con el Estado. Sin esa trazabilidad, el financiamiento público puede convertirse en subsidio sin rendición, mientras el financiamiento privado permanece como una zona de influencia difícilmente visible.
La transparencia partidaria exigida por el artículo 216 de la Constitución no se satisface con publicar balances tardíos. Requiere control permanente, auditorías oportunas, coordinación institucional y sanciones ejecutables. De lo contrario, las elecciones continuarán siendo formalmente libres, pero materialmente condicionadas por recursos cuyo origen, magnitud e influencia la ciudadanía nunca llega a conocer.
