Santiago Torrijos Pulido
Legal Expertise Liaison en Fridman, Fels & Soto (USA)
LL.M. de Georgetown Law
Después de décadas de debates, proyectos fallidos y promesas aplazadas, el país deja atrás una legislación concebida en el siglo XIX. El momento merece reconocimiento, pero también prudencia: cambiar el texto del código penal dominicano no equivale, automáticamente, a cambiar la realidad de la justicia.
El nuevo código incorpora figuras que responden a problemas contemporáneos, reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y actualiza el tratamiento de conductas relacionadas con la corrupción, el acoso, la violencia sexual, la discriminación y el uso excesivo de la fuerza. Son avances relevantes. Sin embargo, la verdadera prueba comenzará ahora, cuando fiscales, jueces, policías, defensores y ciudadanos tengan que interpretar y aplicar sus disposiciones.
Una ley penal puede ser moderna sobre el papel y fracasar en los tribunales. Para evitarlo, se necesita capacitación continua, criterios jurisprudenciales coherentes, recursos tecnológicos y coordinación institucional. También hace falta información pública sencilla. El ciudadano no debería necesitar un abogado para comprender qué conductas están prohibidas, cómo denunciar un delito o qué garantías lo protegen cuando enfrenta una investigación.
Existe, además, un riesgo conocido: creer que aumentar penas resuelve por sí solo la criminalidad. La severidad puede transmitir firmeza, pero la sanción pierde efecto cuando la probabilidad de investigación y condena sigue siendo baja. La impunidad no se combate únicamente escribiendo castigos más largos. Se combate fortaleciendo la investigación, preservando pruebas, protegiendo testigos y reduciendo la duración de los procesos.
La entrada en vigor también exige vigilancia democrática. El derecho penal es la herramienta más poderosa y peligrosa del Estado, porque puede privar de libertad, patrimonio y derechos. Por eso, cada nueva facultad debe aplicarse respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y la proporcionalidad. Una justicia eficiente no es una justicia apresurada, y una autoridad fuerte no es aquella que actúa sin controles.
Las modificaciones aprobadas pocos días antes de la entrada en vigor demuestran que el código seguirá siendo objeto de debate. Eso no debe verse necesariamente como una debilidad. Las leyes complejas requieren correcciones. Pero toda reforma futura debe ser transparente, técnicamente sustentada y suficientemente discutida. La urgencia legislativa nunca debe reemplazar la deliberación.
También será indispensable evaluar la aplicación con datos verificables. ¿Cuántas denuncias llegan a juicio? ¿Cuánto tardan las decisiones? ¿Qué delitos concentran los archivos y absoluciones? ¿Cómo impactan las nuevas normas a mujeres, empresas y comunidades vulnerables? Sin estadísticas abiertas, el país discutirá a partir de impresiones. Una reforma penal debe poder corregirse con evidencia, no con presión mediática o conveniencia política.
A partir de hoy, el éxito del nuevo Código Penal no se medirá por ceremonias, discursos ni por el número de delitos incorporados. Se medirá por la experiencia de quien denuncia y recibe respuesta; de la víctima que obtiene reparación; del acusado que enfrenta un proceso justo; y de la sociedad que comprueba que la ley se aplica por igual, sin importar apellido, fortuna o influencia.
