La ofensiva no persigue únicamente cuestionar la respuesta gubernamental ante los terremotos, sino convertir cada edificio derrumbado, cada demora en los rescates y cada víctima en símbolos del supuesto colapso del proyecto bolivariano.
POR RAFAEL MÉNDEZ
Los terremotos que estremecieron a Venezuela no solo dejaron cadáveres, familias desgarradas, viviendas destruidas y una reconstrucción que podría prolongarse durante años, sino que ofrecieron a la derecha local y global un escenario inesperado para intensificar su vieja confrontación contra el chavismo, de ahí que su propósito ya no consista únicamente en denunciar errores o limitaciones del Gobierno, sino en lograr que el proyecto bolivariano quede políticamente sepultado bajo los escombros de la tragedia.
Esa orientación permite comprender por qué versiones aparentemente dispersas terminan apuntando hacia una misma conclusión: presentar a Venezuela como un Estado fallido, incapaz de rescatar a sus víctimas, proteger a la población y responder ante una emergencia nacional, de manera que cada edificio colapsado pretende convertirse en metáfora del derrumbe institucional, cada dificultad, en prueba de incompetencia, cada demora, en abandono deliberado y cada cadáver, en expediente acusatorio contra el chavismo.
La tragedia queda así transformada en un campo de batalla política donde la destrucción material se utiliza para fabricar la imagen del colapso gubernamental, pues a la operación no le basta con mostrar las limitaciones propias de una catástrofe de semejante magnitud, sino que persigue algo más ambicioso: instalar en la conciencia colectiva que, así como cayeron las edificaciones, también habría colapsado el proyecto político iniciado por Hugo Chávez y sostenido durante décadas frente a sanciones, bloqueo y asedio.
Convertir la tragedia en derrota política
Entre las matrices difundidas aparece la acusación de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana habría actuado como una institución “inútil y cómplice”, pese a que sus efectivos acudieron desde las primeras horas a La Guaira y otros lugares devastados, un señalamiento que no resulta casual porque procura erosionar uno de los soportes fundamentales del chavismo: la unión cívico-militar construida como componente estratégico de la Revolución Bolivariana y convertida ahora en blanco de la ofensiva comunicacional.
A esa versión se agregan relatos sobre un supuesto tsunami que entorpeció inicialmente los rescates, la negativa deliberada a facilitar retroexcavadoras y perros entrenados, el ocultamiento de víctimas y la presunta selección política de las personas rescatadas, todas acusaciones diferentes, pero articuladas alrededor de una misma narrativa: el Estado no solo habría perdido capacidad operativa, sino también sensibilidad humana, hasta el extremo de preguntar por militancias antes de decidir quién merece ser salvado.
Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha respondido frontalmente a esas campañas perversas, acusando a sus promotores de intentar obtener beneficios políticos de la mayor tragedia natural registrada en la historia del país, mientras su expresión —“atáquenme a mí lo que les dé la gana, pero dejen a ese pueblo tranquilo”— revela que la disputa sobrepasa la defensa de funcionarios y alcanza la protección moral de las víctimas.
La crítica a la actuación gubernamental no pierde legitimidad por producirse durante una tragedia, pues corresponde reclamar eficiencia, transparencia, coordinación y respuestas oportunas, especialmente cuando existen vidas en peligro, pero esa fiscalización queda pervertida cuando las dificultades objetivas son convertidas en decisiones criminales, las limitaciones materiales en indiferencia calculada y los cadáveres todavía bajo los escombros en instrumentos para alcanzar el entierro político que la derecha no ha conseguido mediante elecciones, sanciones o confrontaciones anteriores.
La solidaridad desmiente el relato
Mientras la guerra mediática intenta convertir la catástrofe natural en certificado de defunción del chavismo, gobiernos de diferentes tendencias ideológicas, organismos multilaterales, brigadas especializadas, pueblos y personalidades responden desde una perspectiva radicalmente distinta, como demuestra la presencia de rescatistas procedentes de más de setenta países y el gesto altruista de la cantante española Rosalía, quien donó dos millones de dólares, a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, destinados a los menores afectados por el doble sismo.
Con la contribución de Rosalía se facilitará el suministro de agua potable a más de treinta mil niños y niñas, además de cubrir medicamentos y atención traumatológica e instalar espacios de resguardo y apoyo psicológico para las familias que perdieron sus viviendas, una respuesta concreta que demuestra cómo es posible mantener diferencias con el Gobierno venezolano y, al mismo tiempo, reconocer que ninguna discrepancia política justifica abandonar a una población golpeada por la muerte y la destrucción.
La solidaridad internacional no absuelve al Gobierno de posibles errores ni resuelve por sí sola las inmensas necesidades de reconstrucción, pero desmiente moralmente la pretensión de convertir la ayuda en instrumento de subordinación política, porque mientras los sectores extremistas buscan que cada auxilio llegue acompañado de una condena al chavismo, rescatistas, organismos y donantes colocan en primer plano la vida de las víctimas, demostrando que cooperar con Venezuela no significa adherirse a su modelo político.
La embestida mediática procura, en definitiva, que el polvo levantado por los derrumbes impida distinguir entre una tragedia natural y el supuesto fracaso absoluto del Estado; que los escombros de las edificaciones sean presentados como restos del proyecto bolivariano y que el dolor de las familias funcione como sentencia política, pero frente a esa estrategia, la solidaridad del mundo levanta otra verdad: Venezuela necesita reconstrucción y escrutinio responsable, pero ningún pueblo merece que sus muertos sean utilizados para organizar el entierro político de quienes gobiernan.
