Por Gregorio Montero
En torno a la Administración Pública dominicana se ha creado históricamente una imagen negativa que obstaculiza en ocasiones los procesos de cambios y la posibilidad de entender en su justa dimensión los avances, aunque limitados, que se han logrado con mucho sacrificio; a veces la percepción se impone de manera tal que impide palpar realidades. Esta imagen negativa, sin desconocer serias falencias institucionales que en verdad la provocan, se ha visto alimentada por leyendas que se han venido tejiendo con el tiempo, y que hoy hacen parte lamentable de la narrativa popular de los dominicanos, independientemente de que en la práctica no tengan ninguna posibilidad de comprobación; sin duda, con ellas se daña la dignidad de las instituciones estatales.
El origen de la palabra leyenda se ubica en el vocablo latino legende, que significaba, entre otras cosas, lo que debe ser leído, es un derivado del verbo también latino legere; en la era medieval el concepto era utilizado para referirse a eventos que narraban hechos de la realidad combinados con pasajes ficticios. Hoy día, la palabra leyenda se utiliza para referirse, generalmente, a cualquier hecho histórico que, basado en ciertas situaciones verídicas, es magnificado. Lo más curioso es que esta narración se va transmitiendo de forma oral de generación en generación, hasta convertirse en parte de la tradición, sin que a nadie se le ocurra tomarse el tiempo para hacer las verificaciones correspondientes.
De manera concreta, en la Administración Pública de nuestro país se han arraigado situaciones legendarias en torno a ciertos tópicos que nos permitiremos destacar en lo adelante, con el propósito de llamar la atención y de que hagamos conciencia respecto del daño que ocasionan ante las trasformaciones institucionales que se deben impulsar.
Los empleados públicos no trabajan. Se afirma frecuentemente que los empleados públicos no cumplen con su labor, que cobran sin trabajar, que son “botellas”, como se estila identificar popular y peyorativamente esta situación; si bien es cierto, hay que admitirlo, que históricamente han existido y existen empleados estatales que no honran su trabajo, que no ponen realmente en práctica su condición de servidores públicos, también es cierto que la gran mayoría lo hace con mucha entrega y dedicación. De hecho, por efecto de esta leyenda, algunos los ciudadanos que aspiran a ocupar un cargo público se llenan de frustración cuando lo consiguen, pues se encuentran con la realidad, amarga para ellos, de que en el sector público hay que trabajar más de lo que parece.
Muchos de los servidores públicos lectores de este articulo podrán corroborar que con frecuencia se escuchan preguntas y frases que denotan arrepentimiento como: “¿y tengo que venir todos los días?” ¿y mi salario es tan bajito?” “¿Para esto fue que me maté haciendo campaña?” “No sabía que aquí había tanto trabajo”. “A mí búsquenme otra cosa”. Hay que entender que existen en las instituciones públicas funciones, normas y sistemas que rigen la actuación de las personas que en ellas trabajan y que responden a la lógica de su funcionamiento; también existen mecanismos de control que cada vez se implementan con mayor rigor, los que contribuyen a corregir el ausentismo laboral.
Lo que debemos poner en cuestionamiento es la efectividad de los aportes y el valor agregado de la labor de los servidores, que no terminan por impactar en la satisfacción de la ciudadanía, que es lo más importante; probablemente por ello se mantiene la leyenda. Pesa en consecuencia la obligación de seguir revisando los métodos de trabajo y los mecanismos de supervisión, mismos que hasta ahora no permiten entregar los resultados suficientes; hay que continuar reivindicando el carácter de ciencia de la administración aplicada al sector público, y entender que las mejores aliadas para esto siguen siendo las acciones de reforma, modernización e innovación en las instituciones del gobierno y la aplicación de la herramientas técnicas de gestión como garantía de la estabilización de las mejoras y de la institucionalidad.
A propósito de esta leyenda, imaginemos solo por un momento que la mayor parte de los empleados públicos, o una parte importante de ellos en verdad no trabajara. Que conste, que somos opuestos a que un solo servidor público deje de cumplir con su deber, pues ese solo justifica el rechazo y tomar las acciones pertinentes, para proteger la dignidad del resto que sí cumple.
Hay demasiado empleados públicos. Otra leyenda que aterra a muchos ciudadanos, pues da a entender que el dinero del pueblo se gasta en pagar salarios de cargos innecesarios, que no encajan en la estructura organizativa de los entes y órganos públicos; sin embargo, esto contrasta con la realidad que dice que la cantidad de empleados públicos en nuestro país es coherente con la media regional. Los estudios indican que en América Latina el promedio de empleados públicos frente a la Población Económicamente Activa (PEA) se ubica en un 12%, y que dicho promedio en República Dominica es de un 13%, lo que indica que, aunque deberíamos hacer ciertos ajustes, ese no constituye un problema central para nuestra Administración Pública.
El problema serio que debemos enfrentar en este orden es la distribución irracional de los recursos humanos en el sector público, porque en verdad ocurre que muchas instituciones tienen más personal del que necesitan para cumplir sus funciones, pero otras no cuentan con los empleados suficientes; también hay que revisar los perfiles y las capacidades de este personal en relación con los requerimientos de los cargos que ocupan. La aplicación efectiva de los manuales de cargos y de los mecanismos de reclutamiento y selección, acompañada de los estudios de procesos y los análisis de carga de trabajo, son las respuestas científicas y técnicas a esta problemática, pues en verdad la dificulta en este caso tiene que ver con el principio de eficiencia.
La eficiencia solo se garantiza con planificación y con la vinculación de la actuación de los servidores públicos a los planes y programas, con supervisión efectiva, con seguimiento y control y con racionalidad administrativa al dotar el personal y los recursos económicos. En definitiva, de lo que se trata es de asegurar la calidad del gasto público.
Los empleados públicos son corruptos. Esta es una de las aseveraciones más peligrosas y desconcertantes, porque lleva a entender que todo se ha perdido y que la gente honesta no tiene nada que buscar en la Administración Pública, pues es un escenario para corruptos; se trata de una leyenda que desmotiva en extremo y anula el mensaje de todos los esfuerzos serios que se hacen. Ciertamente, la corrupción administrativa constituye un problema preocupante, pero de ahí a admitir que todos los servidores públicos son corruptos es uno de los peores actos de injustica que se pueden cometer, sabiéndose a ciencia cierta que se trata de que determinados funcionarios se desvían de su noble misión y se corrompen, traicionando la confianza del pueblo y dañando la imagen de los demás.
Lo peor es que quienes más se empecinan en llevar esa sensación de derrota en relación con la lucha contra la corrupción son precisamente los corruptos, pues a ellos les conviene colocar a todos en su cajón de ignominia, con ello pretenden justificar y amortiguar frente a la sociedad los efectos dañosos de sus reprochables y punibles acciones.
Los funcionarios públicos honestos, que son con creces la mayoría, deben alinearse para hacer sucumbir las intenciones de los corruptos, hay que acorralarlos con convicción y firmeza; es preciso fortalecer los mecanismos de denuncias, control y castigo, así, al final de la jornada, la ciudadanía se convencerá de que los corruptos, pese a la estridencia del ruido que hacen, son menos.
Visto todo lo anterior, se hace necesario entender que la institucionalidad del Estado no se construye sobre la base de leyendas y mitos, se construye sobre realidades concretas, dentro de ellas hay cosas positivas, también falencias y áreas de mejora que hay que enfrentar, asociadas a la organización del trabajo, a la capacidad y la capacitación de los servidores, a la supervisión, a la eficiencia y entrega de resultados, a la satisfacción ciudadana, a la calidad del servicio y la atención ciudadana, al uso adecuado de la tecnología, al compromiso de los funcionarios, etc.
Pero nada de eso justifica sostener las leyendas, y no es sano hacerlo, pues estas matan la esperanza y los esfuerzos, hacen invisibles los avances y anulan el espíritu de lucha por una mejor Administración Pública.
