Por Osvaldo Santana
Hasta la oposición conservadora, incluida la nacionalista solo frente Haití, ha desaprobado el “entendimiento” para recibir ciudadanos de terceros países no deseados por Estados Unidos.
El “memorándum de entendimiento”, acuerdo, más no convenio, para evitar enviarlo al Congreso Nacional, por la prontitud o la emergencia impuesta, o simplemente, eludir la divulgación de las partes más sensibles, irritó incluso a quienes suelen aprobar las políticas imperiales sin considerar cuán dañinas pudieran ser para los pueblos.
Todo ocurre en un contexto singular, en el cual la región del Caribe es sometida a un asedio sin precedentes recientes, caracterizado por la incursión en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos en Nueva York; la intromisión flagrante en Centroamérica, como ocurrió en las pasadas elecciones de Honduras, donde el presidente Donald Trump llamó a votar por su candidato favorito Nasry "Tito" Asfura; las presiones sobre Panamá para asumir mayores controles sobre el canal, como garantía de “seguridad hemisférica” para los intereses de Estados Unidos, y ahora, el anuncio de que pronto podría empezar una invasión contra Cuba.
En ese contexto, justo al mismo tiempo, el gobierno dominicano de nuevo renueva el pacto mediante el cual entregó áreas del aeropuerto internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, y de instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) para operaciones de naves norteamericanas, supuestamente para operativos antidrogas, el mismo argumento utilizado como pretexto para la invasión de Venezuela y la captura de Maduro.
Más aún, en ese mismo contexto, el gobierno del presidente Luis Abinader “designa”, por cuenta propia, en su nombre, y sin que “nadie” lo pidiera, a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbolá como “organizaciones terroristas”, acción con la cual la República Dominicana entra de lleno en el conflicto en el Golfo Pérsico.
La Guardia Revolucionaria Islámica es un instrumento del estado de Irán en su defensa de la agresión de Estados Unidos e Israel contra su país, y obviamente, si República Dominicana hace una designación de ese tipo, abiertamente se involucra en ese conflicto, a favor de la parte agresora.
Es obvio que República Dominicana profundiza su subordinación a la política exterior de Estados Unidos y va más allá: se convierte en instrumento de ejecución de sus políticas, no ya como alfil en materia diplomática, como patrocinador de alianzas en el continente o de bloques con terceros países en interés de Estados Unidos, sino como parte actuante, sea mediante acuerdos como el de migración, el uso del territorio nacional y ahora de involucramiento en una guerra. Es inevitable recordar la decisión en la década de 2000 del presidente Hipólito Mejía, que se asoció a la administración de Georges Bush mediante el envío de soldados dominicanos a combatir en la guerra de Irak. La historia se repite en el mismo litoral político dominicano. Por cierto, Mejía ya declaró su apoyo a la decisión del gobierno de aceptar inmigrantes enviados por EE. UU.
Discriminatorio
El acuerdo para recibir ciudadanos no deseados por Estados Unidos no solo viola la soberanía dominicana. También es discriminatorio, toda vez que acuerda recibir personas de todas partes del mundo, menos haitianos, nuestros vecinos más cercanos.
Al margen de la ley
Otra cuestión a considerar, y esto ya lo han señalado algunos dirigentes políticos, los candidatos a ser recibidos pasan por un proceso judicial de deportación o por otros supuestos ilícitos en Estados Unidos, y surgen interrogantes: ¿en qué condición ingresarán a territorio dominicano?, donde no han infringido ninguna ley, lo que plantea otra pregunta: ¿en qué condición serán recibidos? ¿Presos? ¿Refugiados? ¿Ciudadanos libres? ¿Huéspedes distinguidos?
Como se ve, el gobierno se enfrenta a potenciales conflictos con esos ciudadanos, con la legislación nacional misma, o con los dominicanos, que no entienden, definitivamente, por qué tiene República Dominicana que cargar con un problema ajeno.
¿Reciprocidad? Es un acto de “reciprocidad” por apoyos recibidos, como fue el impulso a la aprobación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la resolución para la creación de una unidad de combate a las pandillas en Haití, ha dicho el gobierno.
Incomprensible
El acuerdo resulta incomprensible, no solo porque ha sido negociado sin la sanción congresual y la sanción del tribunal constitucional, como establece la Constitución. Tampoco se entiende cómo un país pobre como República Dominicana, con un territorio limitado, sin infraestructuras adecuadas y suficientes para albergar a nativos en conflicto con la ley, se asocia a otro Estado, con un territorio inmenso, para recibir a quienes define como “indeseables”.
Un país cuyo gobierno adopta cada día medidas que pesan sobre los bolsillos de los dominicanos, asume “generosamente” a ciudadanos de otros países a los que se les atribuyen hechos “delictivos”, bajo el supuesto de que sus costos serán cubiertos por el país emisor.
Precisamente, ya se ha informado que uno de los recintos carcelarios abiertos en el territorio continental de Estados Unidos, en La Florida, El Alcatraz, para inmigrantes ilegales, será cerrado, porque resulta incosteable para ese Estado, con todos los recursos que posee ese país.
Peor aún, la generosidad del gobierno dominicano hacia su par norteamericano ocurre justo en medio de la crisis económica acrecentada por la guerra contra Irán que ha elevado los precios de los combustibles y los alimentos, de forma tal que ya se refleja en estadísticas oficiales: el índice de precios al consumidor (IPC) en abril de 2026 registró una variación mensual de (0.49%) y una inflación interanual de 5.11%.
No hubo consultas
El gobierno dominicano se entendió con Estados Unidos para traer extranjeros indocumentados sin consultar a nadie, pese a que semanas antes sus funcionarios hicieron un periplo consultivo que incluyó parte del liderazgo político y social para analizar el panorama generado por la guerra contra Irán.
Hace poco, se había desentendido de ese proceso de consultas, porque entre las primeras medidas adoptadas para abordar los altos precios del petróleo, dispuso la reducción en un 50% de los recursos que la ley y el Presupuesto Nacional consignan a los partidos políticos.
El gobierno se entendió con los Estados Unidos en medio de un debate con los partidos por la reducción de la cuota económica que provee el Estado para su funcionamiento.
Un problema buscado
Un gobierno, ya metido en dificultades de diferentes tipos, se ha buscado un problema más, al que estaba imposibilitado de decir no, porque primero se ha aliado, luego postrado por conveniencia coyuntural, y ahora, probablemente por miedo, frente a autoridades norteamericanas irreverentes y arrogantes que imponen su voluntad, especialmente ante gobiernos débiles y gobernantes títeres.
