Por Alfonso Tejeda
En 78 segundos y 312 palabras, el presidente Luis Abinader provocó en la población un respingo que terminó en un suspiro de resignación complaciente al anunciar la suspensión inmediata de toda acción alrededor del proyecto exploratorio que en la zona de San Juan de la Maguana realizaba la minera canadiense GoldQuest, que en esta oportunidad cuenta con dominicanos que aportan el 40 por ciento de la inversión total, unos 400 millones de dólares en ocho años.
Con esa decisión firme y sorpresiva -hay que admitirlo-, más allá del momento ( la noche del lunes después de una huelga y una marcha en San Juan), Abinader retomó una de sus prácticas de gobierno: rectificar decisiones tomadas, las que por sus posibles consecuencias pudieran ser contraproducentes con los originales propósitos, tal como ha hecho en otras muchas situaciones que apuntaban a llegar a resultados muy diferentes a los esperados
al momento de diseñar esas políticas.
Después de saludar, Abinader justificó la decisión: “este Gobierno escucha, escucha con respeto, con atención y con responsabilidad, y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia” , introducción que le allanó el camino para cambiar el protagonismo en un escenario que parecía írsele de control, y con discreto regodeo, dio el mazazo, pues ya Romero se estaba convirtiendo en un amasijo que contraponía aliados, reburujaba a contrarios y desafiaba al Gobierno
Es que, desde los tiempos iniciáticos del hoy país, cuando la versión más ligth dice que los colonizadores lo cambiaban a los indígenas por “espejitos”, pero datos más fehacientes confirman que fue el principal motivo que llevó a acabar con la población de entonces, el oro ha sido controversial y tiene en República Dominicana una historia de abuso de poder, de crueldad humana, de negación de derechos y de calamidad pública.
Esos cuatro elementos son los que impulsan la discusión en torno a los propósitos de la minera canadiense GoldQuest para explotar una zona de San Juan de la Maguana en la que convergen el área de amortiguamiento de por lo menos tres parques nacionales (José del Carmen Ramírez, J. Armando Bermúdez y Nalga de Macos), donde nace el río Yaque del Sur y su principal afluente, el río San Juan, y a poca distancia de la presa de Sabaneta, fuente importante para la captación de agua en una subregión de escasa pluviometría.
Muy diferente a otras explotaciones mineras en el país, en esta oportunidad la situación ha sido diferente, incluyendo el manejo de la empresa, que desarrolla una campaña de relaciones públicas más abierta al discutir los argumentos con los que pretende avalar su propuesta, la que define como “amigable” con el medio ambiente, resultado de la técnica, recursos y componentes químicos que dice empleará en los trabajos que durarían hasta ocho años.
GoldQuest tiene de frente el pasivo ambiental de mineras que operan en el país, que es muy dramático y perjudicial para las comunidades donde operan, de manera más trágica en Cotuí, que para lograr algunas soluciones viables han tenido que batallar por muchos años, y eso hace que la deuda ecológica que promete asumirse en Romero, genere desconfianza y rechazo.
Carga muy pesado la empresa porque también los números que prometen palidecen ante la realidad: los aportes del sector minero al Producto Interno Bruto del país apenas llegan al dos por ciento, mientras que el de San Juan es del 3.5 por ciento, de modo que los tres mil o cuatro mil empleos directos e indirectos que promete serían insuficientes para provocar la derrama económica que necesita esa provincia para superar los niveles de pobreza, entre los tres más alto a nivel nacional.
Conocido una vez como “el granero del sur”, el valle de San Juan es el segundo más importante en el país, y responsable de la cosecha del 15 % de la producción de arroz, 60 % de habichuelas, 80 % de las semillas, 47 % del guandul, 50 % del maíz, entre otros productos agrícolas, y para extraer el oro, el cobre y la plata, la empresa tendría que hacer excavaciones tan profundas como un edificio de 100 plantas, remover más de 18 mil millones de toneladas de tierra para así sacar ocho millones de kilogramos de esos metales.
La pelea de la minera se da en un ambiente muy particular, en el que antiguos aliados que llegaron a aprobarle la explotación en 2018, hoy reclaman estudios ambiental y de factibilidad que sustenten su propuesta; se enfrenta a un movimiento de protesta que, aunque pudiera ser desbordado por momentos, tiene como principal tarea defender el agua y a un gobierno que pudiera recordar que una vez otro presidente proclamó “El oro es nuestro”, momento glorioso que le valió el título de “Mano de piedra”, y que tal vez ahora – ¿iluso yo?- pudo ser referente en la decisión tomada.
