Por Octavio Santos
Despenalizar el consumo de drogas no significa legalizar el narcotráfico, ni abrir la puerta a un “vale todo”, ni declarar inocuas sustancias que pueden destruir vidas. Significa otra cosa: decidir si el Estado seguirá tratando al consumidor como un delincuente o si empezará a tratarlo, al menos en ciertos casos, como una persona con un problema de salud, de dependencia, de exclusión o de vulnerabilidad.
Ese es el cambio que propone en República Dominicana el proyecto de ley que modifica el artículo 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas. El texto, sometido por el senador Eduardo Espiritusanto Castillo, plantea que cuando se trate de simple posesión para consumo personal, la respuesta no sea la cárcel, sino la remisión obligatoria a programas de evaluación, orientación, tratamiento, rehabilitación o reducción de daños bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Al mismo tiempo, mantiene e incluso endurece el castigo para distribuidores, traficantes y patrocinadores. Es decir: no desmonta la persecución del negocio de las drogas; la concentra en quienes se lucran con él.
Visto así, el proyecto no intenta “suavizar” la lucha contra las drogas. Intenta cambiar el objetivo. La lógica deja de ser castigar al usuario y pasa a distinguir entre quien consume y quien vende. Esa distinción, obvia en el papel, ha sido una de las grandes fallas de las políticas antidrogas en América Latina: durante años, buena parte del aparato penal terminó absorbiendo consumidores, usuarios problemáticos y pequeños eslabones, mientras los mercados ilegales siguieron intactos.
La reforma propuesta se apoya, además, en un argumento que ya no es marginal en el debate internacional. El proyecto recoge que la adicción debe ser abordada como una cuestión sanitaria y de salud mental, y que las políticas públicas sobre drogas deben apoyarse en evidencia, prevención, tratamiento y reducción de daños, no solo en represión. Esa idea no salió de la nada. Lleva décadas probándose, con resultados desiguales, en otros países.
Portugal es el caso más citado, a veces de forma simplista. Desde 2001, ese país convirtió la posesión para uso personal en una infracción administrativa, no penal. La medida no fue un gesto aislado: vino acompañada de mecanismos de disuasión, tratamiento, reducción de daños y una red pública que absorbió a quienes antes eran empujados al sistema penal. Dos décadas después, Portugal seguía registrando una tasa de muertes por sobredosis de 6 por millón entre personas de 15 a 64 años, frente a una media de 23.7 en la Unión Europea en 2019. También redujo de forma marcada el peso de los delitos de drogas en su población penitenciaria y logró una fuerte caída de los nuevos diagnósticos de VIH asociados al consumo inyectado.
Pero Portugal también sirve para desmontar una fantasía frecuente: despenalizar no es una varita mágica. Incluso defensores del modelo admiten que en años recientes hubo repuntes de consumo y de muertes, en parte asociados a nuevas dinámicas del mercado y a los efectos de la pandemia. La lección portuguesa no es que la despenalización “resuelve” el problema, sino que reduce ciertos daños cuando viene acompañada de servicios, seguimiento y capacidad estatal. Sin eso, la ley se quedaría corta.
Ahí es donde el proyecto dominicano empieza a chocar con la realidad. Porque una cosa es escribir que el consumidor será remitido a tratamiento, y otra muy distinta es tener centros, especialistas, protocolos, presupuesto y cobertura territorial para hacerlo. Si el sistema de salud mental y adicciones no tiene capacidad, la remisión corre el riesgo de convertirse en una ficción burocrática. Se deja de encarcelar, sí, pero no necesariamente se empieza a tratar.
La experiencia de Oregón, en Estados Unidos, es una advertencia bastante clara. La llamada Measure 110, aprobada en 2020, despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de drogas y desvió recursos hacia servicios de tratamiento. En teoría, el giro era histórico. En la práctica, la implementación fue caótica. Una auditoría oficial del estado concluyó en 2025 que el programa careció de estabilidad, coordinación y resultados claros, y que la visión de reemplazar la criminalización por un enfoque de salud pública seguía incumplida por debilidades estructurales y operativas del sistema conductual de salud.
Ese fracaso parcial tuvo costos políticos. En 2024, Oregón recriminalizó parte de la posesión de drogas. El péndulo se devolvió no porque hubiera quedado demostrado que despenalizar era una mala idea en sí misma, sino porque el Estado no logró construir a tiempo el andamiaje que debía sustituir al castigo. Es una diferencia crucial. Cuando la institucionalidad no llega, la frustración pública llena el vacío.
Canadá, específicamente Columbia Británica, ofrece otra lección incómoda. La provincia puso en marcha en 2023 una despenalización limitada para pequeñas cantidades de ciertas drogas, en plena crisis de toxicidad por fentanilo. Los informes oficiales más recientes muestran algunas señales positivas: las visitas a sitios de consumo supervisado siguieron creciendo y los eventos de sobredosis atendidos por paramédicos bajaron en 2025. Pero al mismo tiempo persistieron tasas altas de muertes por drogas no reguladas y hubo un aumento de muertes en menores de 19 años en los primeros meses de 2025. El gobierno terminó restringiendo en 2024 la posesión despenalizada a residencias privadas, refugios y lugares específicos, tras la presión social por el consumo en espacios públicos.
Eso revela otra verdad que suele omitirse en los discursos extremos: el éxito de una reforma también depende de cómo administra el Estado la convivencia. No basta con decir que el consumo es un problema de salud. También hay que responder ante el uso visible en calles, parques, escuelas o zonas residenciales; qué herramientas tendrá la autoridad; y cómo se protege a terceros sin volver a criminalizar a todo usuario.
Países Bajos lo sabe desde hace décadas. Su política de tolerancia al cannabis fue diseñada para separar el mercado de drogas blandas del de las drogas duras. Esa sigue siendo la razón oficial por la que el gobierno permite la venta de cannabis en coffee shops: evitar que quienes consumen cannabis entren en contacto con mercados más peligrosos. Sin embargo, el mismo gobierno neerlandés reconoce que en torno a esos locales puede haber más crimen y molestias que en otros lugares, y por eso ha impuesto reglas más estrictas y ha abierto experimentos para controlar también la cadena de suministro.
Es decir, incluso uno de los modelos más citados admite que la tolerancia parcial deja una grieta abierta: si se tolera la venta, pero la producción sigue en la ilegalidad, el mercado negro encuentra cómo sobrevivir.
México ofrece una advertencia distinta, y para República Dominicana quizá más cercana. La reforma sobre narcomenudeo despenalizó pequeñas cantidades de drogas, pero un estudio en Tijuana encontró que no hubo una asociación significativa entre la reforma y una reducción de arrestos por posesión. Peor aún: el trabajo describió vacíos de implementación, falta de coordinación y un uso policial que siguió haciendo de la criminalización una experiencia de facto para los usuarios. Durante ciclos electorales, los arrestos por posesión llegaron a dispararse 54 %, reflejando que el problema no era solo la ley, sino quién la aplica y con qué incentivos.
Ese punto toca uno de los flancos más débiles del proyecto dominicano. El texto propone despenalizar la simple posesión, pero no fija con claridad cantidades o criterios operativos para distinguir consumo personal de microtráfico. Si esa frontera queda borrosa, la discrecionalidad policial seguirá mandando. Y cuando la discrecionalidad manda, el riesgo de arbitrariedad se multiplica.
Suiza y República Checa muestran el otro lado del espejo. En Suiza, la crisis de heroína de los años noventa empujó al país a un enfoque de reducción de daños, acceso amplio a tratamientos como metadona y, en casos específicos, heroína asistida médicamente. Los resultados fueron contundentes: el número de muertes relacionadas con drogas cayó 64 % entre 1995 y 2016, y los contagios de VIH descendieron drásticamente. En la República Checa, estudios sobre reformas previas encontraron que castigar penalmente la posesión menor no redujo el uso ni la iniciación en el consumo, lo que reforzó la apuesta por una respuesta menos punitiva y más enfocada en salud.
Entonces, ¿para qué despenalizar?
Para reducir el daño penal cuando el castigo no resuelve el problema. Para sacar del circuito criminal a personas que no son grandes traficantes. Para evitar antecedentes, cárcel, estigmas y exclusión en casos donde lo que existe es consumo o dependencia. Para permitir que la policía concentre recursos en quienes distribuyen, financian y sostienen el mercado ilegal. Para abrir la puerta a un enfoque sanitario más racional.
Pero también hay otra respuesta, menos cómoda: se despenaliza para probar si el Estado es capaz de hacer algo más útil que arrestar. Y ahí está la verdadera prueba.
Si República Dominicana aprueba una reforma como la del artículo 75 sin red de atención, sin protocolos claros, sin formación policial, sin criterios precisos de posesión personal y sin un sistema serio de monitoreo, el cambio podría naufragar. No porque la idea sea absurda, sino porque la ejecución puede destruirla. Oregón y México ya mostraron ese camino. Si, en cambio, el país acompaña la ley con inversión, coordinación y transparencia, podría empezar a corregir una vieja distorsión: confundir al usuario con el negocio.
